-Exclusivo de internet

Luego de ocho años de gobierno “nacional y popular”, al menos el 57% de la población económicamente activa sigue sin empleo pleno. Una recuperación económica basada en la precarización y superexplotación de los trabajadores.

Los datos, que se desprenden del último informe del Observatorio Social de la UCA, coordinado por el prestigioso sociólogo Agustín Salvia, que releva las condiciones laborales del pasado año, muestran una realidad muy diferente a la que intentan vender los propagandistas del oficialismo: el empleo con “plenos derechos” alcanza sólo al 43,1%, mientras que el empleo precario (“en negro”) alcanza al 35,5%, el subempleo inestable (changas y planes sociales) 9,6% y el desempleo un 11,8%. En síntesis, el 57% de la población económicamente activa sigue sin tener empleo pleno.

A pesar de lo categórico de los números de este estudio, estos todavía menosprecian la realidad de la precarización laboral.  Primero, la franja de la población sin empleo que no buscó trabajo en la semana previa a la encuesta (desmoralizados por la búsqueda infructuosa de trabajo o por las ofertas miserables en materia de condiciones laborales y de salario) no es considerada como desempleada sino como “inactiva”. Se trata de un desempleo oculto que podría estimarse, según otros estudios, en algo más del 10%. Segundo, se incluye dentro de los empleados con “plenos derechos” a los cuentapropistas que realizan aportes a la seguridad social, obviando que una forma muy común de “negreo” es obligar al trabajador asalariado a facturar como si fuese autónomo. Tercero, se toma en cuenta sólo parcialmente la expansión de la tercerización de la producción, donde las empresas subcontratan a otras empresas (o crean una ad hoc) para realizar diferentes tareas, permitiéndoles reducir costos empeorando las condiciones de estabilidad y los niveles salariales de los trabajadores que no dependen de la empresa principal, que son subcontratados con convenios laborales de otras ramas donde se cobra menos, pero que en estos casos no aparecen como empleos precarios. Cuarto, la investigación se limita a la población activa urbana mayor a los 18 años, de manera que excluye a los más jóvenes y al trabajo rural (donde se encuentran los índices más grandes de desempleo y precarización laboral).

Como se puede ver, la verdadera dimensión de la Argentina precaria todavía está por cuantificarse, pero es la realidad cotidiana de la gran mayoría de los trabajadores. Se precariza a partir de las agencias de empleo eventual que surgieron como hongos luego de las leyes de flexibilización laboral, se precariza también a través de los “becarios” o “pasantes” que realizan las mismas tareas que otros trabajadores, pero no son reconocidos como tales, so cuento de que están realizando un aprendizaje en un negocio en el que intervienen hasta las universidades públicas: se ha denunciado que algunas facultades de la UBA ofrecen pasantías y contratos en empresas estales o privadas, funcionando como una agencia de empleo que se queda con parte del salario de los estudiantes/trabajadores. Aunque el sector privado sea el que más negrea (45%, según los últimos datos), el Estado también precariza el empleo: son miles los casos de trabajadores sin estabilidad, con contratos que duran muchos años y son tratados como cuentapropistas. Cuatro de cada diez empleados que se sumaron a la administración pública nacional entre 2003 y 2010 fueron tomados por contrato y no a través de puestos efectivos. El plantel de contratados pasó de 17.242 a 43.973 empleados, quienes llegan a cobrar la mitad y en algunos casos un tercio de otros empleados permanentes que hacen igual tarea (Clarín, 6/6).

La recuperación de los niveles de empleo es el caballito de batalla de la propaganda oficialista, pero el trabajo en negro no es lo opuesto a la desocupación, sino que es sinónimo de una completa precariedad en el empleo. El trabajador que no está en blanco no tiene la menor garantía de estabilidad, puede ser despedido en cualquier momento sin indemnización. El estudio de la UCA refleja el hecho de que para los trabajadores de empleo precario el riesgo de quedar desempleado es dos veces y medio mayor que los que tienen un trabajo estable. Por eso, la precarización laboral permite una mayor explotación obrera. Si la media de ingresos monetarios laborales relevados era de 2.443 pesos mensuales (en diciembre de 2010, cuando el costo de la canasta familiar ya superaba los 5.000 pesos mensuales), los trabajadores con empleo pleno de derechos registraron un promedio de 3.121 pesos, mientras los que poseen empleo precario  cobraron 1.948 pesos, y los que sólo pudieron acceder a un subempleo inestable un promedio de 1.238. Menores salarios, pero también mayor intensidad del trabajo y falta de protección sindical, que hacen del trabajador contratado en negro, pasante o tercerizado, el obrero más productivo (más explotado) para sus empleadores. Con estos niveles salariales, la capacidad de consumo de los trabajadores en negro y los empleados públicos apenas si alcanzan los peores niveles de la década del ’90. Además, como consecuencia de la inflación, el salario real dejó de crecer a partir de 2007, tanto para obreros en blanco como en negro. El salario real, en consecuencia, es todavía peor que el de la época pre-crisis del menemismo.

La realidad es que, con la reactivación económica, las tasas de desempleo tuvieron una reducción, pero se mantienen aún en los niveles de la década menemista; lo mismo ocurre con el empleo en negro, apenas unos puntos porcentuales por debajo (1993: 39%); de conjunto, la precarización laboral continuó expandiéndose y profundizándose.

El avance de la precarización laboral es el resultado de la política de “reconstrucción de la burguesía nacional” que enarboló el kirchnerismo sobre la base de la superexplotación obrera: “promociones industriales”, que eximen de impuestos a los capitalistas a cambio de la creación de un trabajo basura con contratos miserables, tercerizaciones y fuera de convenio; la ley laboral K, que consagró la posibilidad de firmar convenios a la baja con desconocimiento de los derechos adquiridos y prolongó la vigencia de los convenios por empresa -al menos un tercio de todos los convenios que se firman- y los convenios “pymes” con cláusulas a la baja y aportes patronales jubilatorios reducidos en un 50%, además de que sigue vigente el nefasto “recurso de crisis” ideado en los noventa. En consecuencia, la vuelta de las paritarias – fuertemente regimentadas por medio de las leyes de arbitraje y conciliación obligatoria- vinieron acompañadas por un aumento de las cláusulas flexibilizadoras con relación a los noventa.

Uno de los ejes la campaña electoral de la presidenta fue destacar “la fuerza del trabajo”. Ahora entendemos más a qué se refería.