A partir del 19 de octubre se desarrolló un paro de los trabajadores del Ceamse que dejó a la ciudad sin recolección de residuos durante tres días.

El paro es la expresión de una crisis profunda. Los rellenos del Ceamse de Punta Lara, Catán y Norte III tienen como mucho, dos años más de vida útil proyectada. El sistema de almacenamiento de residuos de capital y el GBA está colapsado.

La Ciudad firmó con la provincia un convenio en el cual se compromete a reducir la cantidad de basura emitida en un 30%, pero no lo ha cumplido. El gobierno de la provincia, por otro lado, se comprometió a encontrar nuevos terrenos para armar rellenos de basura, pero fracasó por la resistencia vecinal a convivir con los basurales. Tanto Macri como Scioli se han mostrado incapaces de encarar siquiera el conflicto de la basura.

La burocracia moyanista del sindicato del Ceamse acusa al gobierno provincial de querer cerrar el centro de almacenado de José León Suárez, algo que, por otra parte, fue ordenado por la Corte Suprema por considerarlo “contaminante”. El intendente de La Plata, en tanto, defiende haber licitado la construcción de una nueva planta de tratamiento de residuos por fuera del control del Ceamse y denuncia que el paro es un “lock-out patronal”. La burocracia del sindicato del Ceamse reclama “que se les garanticen 2000 puestos de trabajo en el próximo sistema de recolección” (Clarín, 19/10).

La tercerización y el negocio de la basura

La recolección de basura se ha transformado en un enorme negociado. Basta decir que el gobierno de la ciudad viene de ampliar en 200 millones de dólares el presupuesto para las contratistas de basura para este año. En ese negociado, Moyano tiene un rol relevante. Cumple el mismo rol que se le denuncia a la UF de Pedraza: es la burocracia sindical de los camioneros y está denunciado por sus vínculos con Codelia, la empresa de basura que maneja la recolección en doce municipios del conurbano.

La acumulación de residuos sin inversiones de ningún tipo en reciclado es un negocio parasitario que está llevando a una crisis ambiental de proporciones. La propia crisis del sistema obliga a un reordenamiento, en el cual la burocracia quiere hacer valer su peso para conservar y ampliar sus negociados. Se vale de la extorsión del cierre de las plantas para “presionar” por la entrada en la negociación de licitaciones de nuevos rellenos y plantas de reciclado, y para defender su propio emporio de recolección, manteniendo todo el régimen que ha llevado al colapso actual. La actuación de la burocracia en el tema de la basura es una expresión descompuesta del sindicalismo empresario integrado al Estado -del cual surgen los contratos de recolección Moyano utiliza el poder que le da esta posición de fuerza para condicionar al aparato de intendentes del conurbano, pero esta capacidad es también un factor de crisis políticas dentro del PJ.

Un reordenamiento del problema de la basura para evitar la catástrofe ambiental a la que conduce el actual sistema hace necesario terminar con la tercerización y privatización de la recolección, un sistema único en capital y el conurbano bajo control de los trabajadores y basado en la instalación de plantas modernas de tratamiento de residuos.