No se habían terminado de secar los ríos de tinta “anticorrupción” sobre las bandas de comisarios organizadoras de secuestros, de redes de explotación de la prostitución y desarmaderos, que Solá le ha dado ahora a la Policía el poder de clausura sobre los comercios que no cumplan con las nuevas obligaciones sobre la vigencia de la “ley seca” en la provincia.

Los comercios deberán ahora pagar un “canon que variará según la zona”, a cambio de lo cual obtendrán una “licencia especial” para poder vender bebidas alcohólicas. A su vez, “los que (la) pidan no deberán tener antecedentes, ni como infractores ni como delincuentes” (Página/12, 20/8). Un decreto a la medida de los comisarios, los mayores delincuentes.

La norma que prohibía la venta de esas bebidas en quioscos, polirrubros y estaciones de servicio “no se cumple, según reconoció el subsecretario de Prevención de las Adicciones, Claudio Mate, (porque) ‘el control estaba ceñido a los cuatro inspectores en motoneta que pudiera disponer cada municipio’” (La Nación, 20/8). Pero, si el “objetivo” de la nueva medida “es la salud” de los jóvenes y de la población – como proclamó ese funcionario – , se puede estar seguro de que empeorará. El gobierno de Solá, como el de Kirchner, no ponen ni un mango más para el presupuesto de salud o educación provincial. La medida, además, promoverá el encarecimiento de las bebidas, su adulteración y la proliferación de bebidas “rebajadas”; es decir, agravará el cuadro de indefensión general de la población trabajadora. Al contrario de lo que señaló el gobernador (que se trata de “un intento por combatir el mercado negro de consumo” [ídem]), ese mercado se incrementará exponencialmente bajo la batuta de la “bonaerense”.

Somos partidarios de un combate radical al alcoholismo y la drogadicción, porque dañan la capacidad de lucha y combate de las nuevas generaciones. Esto no se alcanza con “prohibiciones” que son un pretexto para reprimir, sino con un cambio social sobre nuevas bases. Duhalde-Solá, en cambio, inauguraron hace poco las nuevas plantas “industriales” de los Bemberg y de Brahma, “un negocio que mueve 1.200 millones de dólares en la provincia” (ídem).