09/04/1998 | 580

La caída de Libonati

El Concejo Deliberante de San Martín, con el voto de la totalidad de los concejales de la Alianza y de 11 de los 12 del PJ, resolvió “suspender” por 90 días al intendente Libonati y formar una “comisión investigadora” que determine las razo­nes de un faltante de 14 millones de dólares del presupuesto municipal.


La virtual unanimidad no puede esconder la descomposición del PJ y los intereses que se mue­ven por detrás de la caída del intendente. Los viejos aliados de Libonati acordaron con Brown, Barrionuevo y Duhalde el desplazamiento. Los intentos de Libonati por resistir fracasaron. Las fallidas movilizaciones del jueves 26 y viernes 27 dejaron en claro el veloz abandono de los punteros. De nada sirvió que invocara el apoyo de Menem y Corach.


Libonati había perdido capacidad para impo­ner las privatizaciones que favorecen a los intere­ses económicos que se mueven alrededor del mu­nicipio. En Agosto del 96 un paro de los colective­ros de la línea 670 (de propiedad del municipio) le impuso rápidamente una cláusula de resguardo de la totalidad del personal en el pliego de privatización. Hace un mes, los camioneros de la recolección de residuos le impusieron el respeto a la antigüedad y las condiciones laborales por la nueva empresa que ganó la licitación escozor que cundió entre los trabajadores de Plan Barrio ante la cancelación de contratos y falta de pago lo hizo desandar de esas medidas.


La Alianza apoyó la destitución, lo que le permitió poner en la presidencia del concejo a la frepasista Ana Pizurno. Este bloque jamás ha cuestionado el derrotero privatista y antipopular seguido por la intendencia justicialista.


El pueblo de San Martín, acosado por elevados impuestos, la miseria creciente de sus trabajadores, la ruina de los pequeños comerciantes, no tuvo cabida en esta crisis. Por eso, el déficit se resolverá a su costa y con mayor endeudamiento de la comuna, nunca tocando el interés del gran capital. No sólo está agotada la intendencia, sino el propio régimen de gobierno del municipio, que se encuentra en manos de carreristas al servicio de las empresas de servicios y sus propios negocia­dos (estacionamiento, etc.).


Es imperioso abrir un canal de intervención directa de los trabajadores. Que se den a publici­dad todos los contratos del municipio y el uso de sus fondos; que se anulen los contratos lesivos al interés popular; por cárcel y confiscación de los delincuentes; por la condonación de las deudas municipales de trabajadores y desocupados; por la efectivización de todos los compañeros de los ‘planes’ a la nómina municipal y un seguro al desocupado de 500 pesos.

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