La medida inevitable de anular el fiasco que fue desde el principio la causa por el asesinato de Candela Rodríguez se tomó, como convenía, en el mejor de los momentos: cuando la atención pública está concentrada en la cuestión de YPF y el escándalo puede pasar más o menos inadvertido. Todos los pobres diablos que, desde hacía meses, estaban secuestrados judicialmente quedaron ahora en libertad. El juez y el fiscal que armaron la farsa junto con la policía fueron apartados. Quedó develado, en fin, que todo el proceso fue una enorme maniobra de encubrimiento.

Ahora, claro está, las peleas de perros entre las camarillas oficialistas van a redoblarse. El vicegobernador de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, organizó tiempo atrás una comisión investigadora en el Senado provincial. Caída la causa, prepara un nuevo rodar de cabezas en la Bonaerense y aspira a llevarse puesto al ministro de Seguridad, Ricardo Casal. Los senadores de Mariotto aguardarán, seguramente, a que se aplaque el ruido por YPF para darle a sus revelaciones un impacto mayor. Daniel Scioli no saldrá indemne de esto.

Apartados de la causa el juez de garantías Alfredo Meade y el fiscal Marcelo Tavolaro, el expediente cayó en manos del juez Gustavo Robles, aunque la agencia Noticias Argentinas asegura que se declarará incompetente. Nadie quiere, según se ve, agarrar la brasa ardiente.

Si la causa pasa a la Justicia federal, se hará cargo de la investigación alguna fuerza de seguridad nacional (Policía Federal, Gendarmería o Prefectura). Con ello, la Casa Rosada tendrá en sus manos un arma formidable para presionar a Scioli, porque podrán quedar otra vez sobre el tapete los vínculos de la Bonaerense con una extendida red de narcotraficantes en la zona oeste del Gran Buenos Aires -con la cual, a su vez, estaba vinculada la familia de Candela.

Carola Labrador, la madre de la nena asesinada, tiene como abogado a Fernando Burlando, un profesional carísimo de antiguos vínculos con la Bonaerense y con los distintos gobiernos que pasaron por La Plata. Todo el esfuerzo de Burlando, afín al de la policía, apuntó a mostrar el caso como si se hubiera tratado de un secuestro con fines de abuso sexual que terminó en homicidio. Esa es la tesis que termina de derrumbarse ahora. La pobre mujer, estafada doblemente, clama a gritos que Scioli la reciba, pero no hay caso. "El gobernador no me atiende, necesito hablar con él, le pedí una audiencia", dijo por radio. Pasaron aquellos días en que el gobernador salía todos los días con ella en todos los noticieros de la TV.

Mientras tanto, el martirio de esa niña tiene detrás una cuestión de fondo, más allá de los tironeos mafiosos entre bandas de gobierno. El caso Candela deja al descubierto una trama pestilente de corrupción policial, política y judicial vinculada con narcotraficantes, piratas del asfalto, secuestradores y otras yerbas. Es un asunto de salud pública.

Los "perros plantados"

Ahora se sabe que uno de los personajes que armaron la causa fue Marcelo "Chivo" Chebriau, jefe de la DDI de la Matanza. Ese hombre, experto pinchador de teléfonos, fue el encargado de "investigar" la desaparición de Luciano Arruga -secuestrado y presumiblemente asesinado por una banda policial, que le hizo pagar de ese modo su negativa a cometer robos a mano armada para la cana. En ese caso, Chebriau se ocupó de ocultar pruebas para proteger a sus compinches de la fuerza.

Otra perla en el legajo del "Chivo" es la búsqueda de la familia Pomar, desaparecida durante 24 días hasta que sus miembros aparecieron muertos al costado de una carretera, en un lugar por el cual Chebriau ya había pasado. El fue el principal artífice de las teorías disparatadas que intentaban explicar la desaparición de los Pomar, quienes se accidentaron con su Fiat Weekend en la ruta 31.

Este tipo, que cuando apareció el cadáver de Candela merodeaba por la zona vestido de civil, a pesar de todos esos antecedentes, o quizá precisamente por ellos, sigue al frente de Dirección de Investigaciones de La Matanza, una de las más importantes del conurbano.

En definitiva, si el juzgado, la fiscalía y la policía, con acuerdo del poder político, pusieron a ese hombre a investigar el caso Candela, es porque tenían mucha porquería que ocultar.

En cuanto al abogado Burlando, tampoco las tiene todas consigo. Desde que entró en el caso, se deshizo en elogios hacia los investigadores; es decir, hacia los encubridores -como para darle la razón a quienes sospechan que lo contrató la gobernación de Buenos Aires para que ayudara a sacarle las papas de fuego a la policía. Por eso, entre otras cosas, dijo que Candela había sido violada durante su cautiverio, cosa que la autopsia no pudo corroborar, mientras desde los mentideros de los servicios policiales se echaban a rodar versiones repugnantes sobre la niña de 11 años.

Ahora se sabe que todo fue un fraude. Por ejemplo, el ADN encontrado en la casa donde supuestamente estuvo secuestrada Candela es efectivamente de ella. Pero, extrañamente, sólo se encontraron muestras de la nena, pero no de las otras 16 personas que presuntamente pasaron por allí. La deducción es fácil: esa muestra la llevó la policía. Es -como se dice en la jerga lumpen-policial para referirse a las pruebas falsas- un "perro plantado".

Así las cosas, mientras la policía secuestra gente y recluta chicos para robar, los narcotraficantes amparados por ella siguen en sus andanzas con la complicidad de punteros políticos de todos los pelajes. He ahí la razón de fondo de la inseguridad. La policía, las intendencias y los tribunales están en manos de mafiosos. Por ellos, todo ciudadano tiene encima una condena a muerte en suspenso.