A escasas semanas de resultar reelecto, el gobierno de Macri se prepara también para profundizar el modelo. Hablamos, claro está, del modelo de la especulación inmobiliaria y de la expulsión de la población trabajadora de la Ciudad.

Luego de vender los lotes del barrio vip de Catalinas para engordar el presupuesto local, el gobierno pretende llevar adelante una multitud de proyectos que alientan el encarecimiento del suelo y la privatización del espacio público.

Proyectos

Entre los proyectos más sobresalientes, se encuentra el traslado de la sede del gobierno porteño y cinco ministerios a Barracas, “un emprendimiento de 250 millones de pesos, para lo cual se pondrá a la venta el edificio del ex Mercado del Plata, unos 15 mil metros cuadrados a metros del Obelisco Porteño” (Ambito, 13/9). La formación de este distrito gubernamental apunta a la valorización de tierras en el sur, lo que ya ha puesto en la mira de los especuladores a los predios donde funcionan los hospitales Borda y Moyano -contra cuyo cierre luchan los trabajadores.

El distrito gubernamental es la punta del iceberg inmobiliario. Se pondrá en marcha también un megaemprendimiento -Solares de Santa María- de un millón de metros cuadrados sobre la ex ciudad deportiva de Boca Juniors. También se encuentra en marcha, en San Telmo, un “centro gastronómico, comercial y cultural que afectará a los terrenos bajo la Autopista AU1 y las áreas linderas, de la calle Bolívar, Balcarce y Paseo Colón” (ídem). A esto, se agregan el shopping de Caballito, las construcciones del grupo IRSA, los proyectos de estacionamientos abiertos y un interminable etcétera.

Recientemente, la Justicia porteña prohibió la construcción de trece megatorres sobre la avenida Salvador María del Carril, una zona de casas bajas, luego de una intensa movilización vecinal. Del mismo modo, en Caballito se ha extendido un movimiento contra megaemprendimientos inmobiliarios que afectan al barrio y contra la violación sistemática de la ley 2722, la cual prohíbe la construcción en altura en esa zona.

Mientras el presupuesto de vivienda se encuentra subejecutado, el gobierno está próximo a endeudarse a tasas usurarias de dos dígitos “por 500 millones de dólares, en parte para pagar las obras públicas en curso” (El Cronista, 13/9). Está más que claro que gobiernan para los especuladores.

Casas sin gente y gente sin casas

El metro cuadrado en Puerto Madero se cotiza a 4.200 dólares, superando el valor promedio del metro cuadrado en Miami. En algunas áreas del barrio, el metro cuadrado se llega a cotizarse a 7.000 dólares. “La profundización de la crisis económica mundial termina de convencer a muchos inversores”, explica a La Nación (19/9) el presidente de la desarrolladora Gnvgroup. “El que compró en 2008 a 2.300 dólares en proyectos como Zencity, hoy puede vender a 4.000 ó 4.500 dólares” -o sea que se trata de uno de los negocios más rentables del mercado. El carácter especulativo del proceso se confirma en que está “plagado de inversores que compran no para vivir, sino como un refugio para sus ahorros” (ídem).

Este fenómeno de casas deshabitadas tiene su correlato en la población que no tiene vivienda. La ex ministra de Desarrollo Social porteña -y vicejefa de gobierno electa- María Eugenia Vidal, admitió pocos días después del desalojo en Parque Indoamericano que: “Estimamos que hay 500 mil personas con déficit habitacional, lo que incluye a las que viven en villas y las que tienen dificultades para pagar el alquiler o que están en condiciones de hacinamiento” (Cadena 3.com, 14/12/10).

El ataque a la población trabajadora

El encarecimiento del suelo y de los alquileres, sumado a la política represiva del gobierno, empuja a los trabajadores a una situación desesperante. Los datos del último censo indican que la población porteña ha disminuido, lo que revela una política expulsiva del capital contra todo un sector de la población que trabaja en la Ciudad -o sea, la perspectiva de ‘ciudades dormitorio’ para los trabajadores contiguas a una Buenos Aires elitizada. En los organismos que motorizan esta política -Corporación Puerto Madero, Corporación del Sur, etc.- conviven macristas y kirchneristas.

Macri avanza ahora en un proyecto de escrituración de terrenos en villas de emergencia a favor de los ocupantes, el que obliga a las familias que se presenten para obtener la escritura de la propiedad a “aportar la documentación que acredite que son los poseedores” (Ambito, 16/9), como si tal cosa fuera simple de conseguir para una familia villera. Pero lo peor es que el proyecto -que apunta a “movilizar una suerte de mercado de viviendas sociales” (ídem), bajo control del IVC- exige a las familias regularizar impuestos y “estar conforme a derecho con sus obligaciones tributarias, con el fisco de la ciudad”. Este proyecto fue aprobado casi unánimemente en la Legislatura.

Por último, el proceso de especulación inmobiliaria incluye también la inseguridad obrera. Acaba de fallecer un operario de la construcción en una obra en Caballito y no se trata de un caso aislado. Los obreros no disponen de las condiciones más elementales de seguridad para desarrollar su labor.

ABL

El panorama se completa con la enorme suba del ABL que anticipa el gobierno porteño para 2012. Para que no queden dudas del carácter regresivo del impuesto, el gobierno de la Ciudad resolvió eximir del pago a empresas de la ‘industria audiovisual’ asentadas en Palermo Hollywood, como Pol-Ka e Ideas del Sur. A su vez, la productora ultra-K PPT está eximida del pago de ingresos brutos, lo que le reporta un ahorro anual de 165 mil pesos.

Contra la orientación privatista de Macri, apoyada en la Legislatura por los bloques patronales, levantemos un programa que defienda el desarrollo armónico de la Ciudad, la seguridad obrera y la vivienda popular.

No al aumento del ABL

Que el precio de los alquileres no supere el 15 por ciento de los ingresos del trabajador.

Por un plan de viviendas que cubra la demanda habitacional en la Ciudad, bajo control de las organizaciones sociales.

Respeto de las leyes que prohíben la construcción en altura.

Formación de comités electos por trabajadores y vecinos que monitoreen la seguridad en las obras en construcción.