Los popes de la central sindical que fueron hasta la quinta de Olivos a reunirse con el presidente Alberto Fernández no lo hicieron para reclamar medidas de prevención para garantizar la protección de la salud de los trabajadores, ni para denunciar los despidos o el incumplimiento de la cuarentena de grandes empresas. El motivo de la reunión con el gobierno fue sumarse al amplio operativo patronal que, con la UIA a la cabeza, reclama el levantamiento de la cuarentena obligatoria.

Como expresión de ello, el único anuncio tras la reunión fue la conformación de una mesa donde estarán representados el gobierno, la CGT y los empresarios, con el objetivo de “analizar las condiciones de la vuelta al trabajo”.

La burocracia llega a esta instancia luego de haber aceptado en varios gremios reducciones salariales importantes. Es lo que sucede con los mineros, los metalmecánicos o los petroleros, por mencionar rubros estratégicos concentrados en grandes patronales, que difícilmente puedan argumentar –como lo hacen numerosas Pymes- que no le cierras las cuentas.

La cúpula cegetista actúa así como un agente de las cámaras empresarias en la crisis. Esto, en momentos en que la ofensiva capitalista contra la cuarentena tiene justamente como víctimas a los trabajadores. Es lo que ejemplificaron los 1450 despidos de Techint, con los que Paolo Rocca buscó aumentar la presión sobre el gobierno para flexibilizar el aislamiento social obligatorio.

A pocos días de haber prorrogado la disposición de aislamiento social hasta el 13 de abril, el gobierno nacional va cediendo a esta presión patronal. Es lo que muestra la incorporación de nuevos rubros de la economía a la lista de actividades esenciales. El hecho de que al mismo tiempo se anuncie que seguirá pagando los intereses de la deuda en moneda extranjera (que este mes suman más de 600 millones de dólares), revela que no se tomarán mayores recaudos ni se incrementará el presupuesto sanitario para prepararse para el pico de infecciones por el coronavirus.

El problema es crucial porque, tal como expresan las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, los países que han flexibilizado prematuramente las medidas de aislamiento han visto un crecimiento exponencial del número de contagiados por el coronavirus. El cuadro se agrava considerando que el gobierno viene de recular ante las clínicas privadas, en lugar de disponer un manejo centralizado de todo el sistema sanitario, por lo que se anuncia una situación potencialmente explosiva. En esto también tiene metidas las garras la burocracia sindical, vinculada al negocio de la medicina privada a través de un manejo empresarial de las obras sociales.

La política de la CGT de plegarse al lobby patronal es una amenaza contra la salud de los trabajadores. El caos que padecieron los jubilados y beneficiarios de planes sociales que se concentraron de a miles en las puertas de los bancos para poder cobrar testimonia que la “vuelta a la actividad”, en estas condiciones, es un ataque a la población trabajadora.