LA CGT EN AVENIDA 9 DE JULIO | Un acto de sobrevivencia política

¿Cuál es la caracterización del acto de la CGT?

Si se cree a los medios de prensa, al gobierno y a la propia burocracia, se trató de un acto macizo e imponente. Un reconocimiento a la política “productiva” del gobierno que significó, en una primera etapa, el primer empleo para miles de trabajadores o la recuperación del salario arrasado por la devaluación de 2002 y, en una segunda etapa, una contención efectiva de la crisis capitalista, que habría impedido que se disparara la tasa de desocupación. El escepticismo natural de los ‘progres’, por otro lado, los hace ver en el acto de Moyano el “poder de convocatoria” que conserva la burocracia.

Sin embargo, esa convocatoria fue un fracaso cuando se mira a las grandes plantas fabriles.
La burocracia sindical del Smata  colocó micros con la pretensión de llevar no menos de 2.000 trabajadores de Ford y Volkswagen, en Pacheco. Las internas y sus patotas pusieron todo su empeño para lograr este objetivo en los días previos, con asambleas de sector y “aprietes”. Fracasaron en toda la línea: no pudieron llevar a más de 200 trabajadores. La inmensa mayoría optó por irse a su casa. En otra importante concentración obrera, Ecotrans – antigua TDO- , sobre 900 chóferes, fueron no más de 10. Del subte, la patota de la UTA no consiguió arrastrar más que un puñado.

¿Cuál es, entonces, la verdadera caracterización?

Según el diario La Nación (corroborado por otros medios)  “llamó la atención la escasa organización de grandes gremios como Sanidad, la UOM, la Bancaria y la UF” o las “columnas escasas de manifestantes” de UPCN y de Luz y Fuerza. 

El grueso de la movilización del 30 fue aportado por los camioneros, los portuarios, los marítimos, los choferes de ómnibus, los municipales porteños, o sea mayormente por la federación del transporte. Se trata del sector de los trabajadores que obtuvo mejores resultados durante la ‘recuperación’ y el que no ha sido afectado aún por la crisis (si excluimos a los portuarios, en especial del Paraná).

Obligada

La burocracia aliada del gobierno “nacional y popular” convocó al acto del 30 de abril obligada por un conjunto de circunstancias. Aunque Moyano puso el acento en la necesidad de votar a los K, el acto tuvo el propósito de respaldar la política del gobierno frente a la crisis -en oposición a las patronales, por un lado, y al activismo y a una masa de trabajadores, por el otro. El Ministerio de Trabajo y la burocracia pretenden que las patronales conviertan sus planes de despidos en suspensiones, o incluso en suspensiones rotativas, y en algunos casos favorece la constitución de cooperativas para desarmar las ocupaciones de fábrica, sin dotarlas de ninguna capacidad financiera para producir. Por otro lado, combaten al activismo que denuncia a las suspensiones como antesala del despido y las rebajas de salarios que implican, y que también denuncia las decenas de miles de despidos de trabajadores en negro o en empresas medianas y pequeñas. La política oficial de ‘hacerle el aguante’ a la crisis se está quedando, sin embargo, sin aire – como lo demuestran los cierres de Mahle y Cive, la crisis en serie de las autopartistas y los despidos en petroleros. Moyano y sus colegas tuvieron que montar el acto para rescatar esta política agotada, por lo menos hasta las elecciones de junio. La crisis está golpeando fuerte y en forma creciente a los trabajadores. La cifra de 20.000 trabajadores despedidos durante marzo y abril no ha sido desmentida por nadie, y un estudio reciente proyecta estas cifras hasta casi 400.000 en lo que queda del año (Universidad Di Tella, Diario Popular, 14/4). Al mismo tiempo, casi 60.000 trabajadores reciben parte de sus salarios de fondos públicos. La propia burocracia de la CGT dejó correr y luego frenó un proyecto del diputado Recalde, que prevé un fondo anticrisis con ingresos provenientes de un impuesto a las empresas que obtuvieron en 2008 ganancias superiores al 20%. O instaló como versión la intención de estatizar las ART, siguiendo el modelo de las AFJP. Con el ojo puesto en el escenario de crisis política post-electoral, Moyano reclamó “que haya dirigentes sindicales en las listas” (Página/12, 5/5). Se da por cierta la inclusión del titular de la UOM (Caló) entre los primeros diez candidatos a diputados nacionales del PJ por la provincia de Buenos Aires. Según Rosendo Fraga, “es posible que el sindicalismo obtenga el control del Ministerio de Salud Pública en las próximas semanas”.

En todo el discurso de Moyano la palabra “suspensiones” no fue mencionada y frente a los despidos pidió “responsabilidad” a los empresarios. La política del gobierno y de la burocracia está agotada; no la podrá salvar tampoco la suba del precio de la soja, porque como contrapartida tiene que pagar la deuda externa y socorrer las finanzas de los estados provinciales.

Christian Rath