La convocatoria de la CGT a marchar el 22 de agosto, lanzada al cabo de la jornada marcada por el desalojo de los trabajadores de PepsiCo, todavía deberá atravesar la aprobación formal de un plenario a realizarse a fin de mes, el cual también definirá el destino de la movilización –Plaza de Mayo es una posibilidad, pero no es excluyente. En el ínterin, emisarios de la burocracia y del gobierno buscarán un acuerdo “para evitar una escalada del conflicto y bajar la tensión” (La Nación, 14/7).

 

El objetivo de la convocatoria de la burocracia es “descomprimir presiones políticas” (Clarín, 14/7), lo mismo que hubo detrás de la concentración del 7 de marzo y del solitario paro del 6 de abril. Nada de combatir los despidos y repudiar la represión. Es obvio que una convocatoria tardía, a realizarse cuando se cumplan 40 días del desalojo de PepsiCo, es un saludo a la bandera desde el punto de vista de la defensa del trabajo y el salario.

 

Durante la ocupación de PepsiCo, ni la CGT ni el sindicato de la Alimentación que conduce Rodolfo Daer movieron un dedo por la victoria de los trabajadores. Por el contrario, Daer justificó la decisión de la empresa de cerrar la planta de Vicente López para mudar la producción a Mar del Plata y llamó a los obreros a resignarse hasta las elecciones de octubre. Cinismo por partida doble: la burocracia de la CGT fue un puntal clave para el Congreso aprobara la reforma criminal de la ley de riesgos de trabajo y de la perpetuación del impuesto al salario y para malversar la lucha contra los despidos a la encerrona parlamentaria –la ley de prohibición de despidos por seis meses fue vetada por Macri doce horas después de su aprobación sin que el triunvirato se mosqueara. El último año fue una verdadera masacre laboral.

 

La burocracia sindical, en todas sus variantes, viene batiendo récords en materia de entrega de paritarias y convenios colectivos. Incluso el camionero Pablo Moyano, que se queja del estado de postración de la cúpula cegetista, cerró un acuerdo salarial por el 23% de aumento en tres cuotas hasta marzo de 2018.

 

Nada supera, sin embargo, la impostura del ala kirchnerista, encabezada por Palazzo (bancarios), Correa (curtidores) y Amichetti (gráficos), quienes levantaron la movilización que habían convocado para el 7 de agosto a pedido de “la jefa”. Durante el desalojo de PepsiCo, los voceros K no asomaron sus narices por Vicente López. Se dedicaron a reconvenir a la izquierda a través de las redes sociales por haber votado en blanco en el último ballotage, como si las represiones en Lear, Kraft y Santa Cruz no hubiesen existido.

 

Cualquier expectativa en un giro combativo de la burocracia sindical sería criminal. Su complicidad con la “coalición del ajuste” es plena. En cambio, las ocupaciones de AGR y de Pepsico, el persistente crecimiento de la izquierda en comisiones internas y sindicatos –con el SUTNA recuperado, la AGD UBA y las seccionales Multicolor del Suteba a la cabeza–, marcan jalones en el desarrollo de la conciencia de clase en el movimiento obrero. Una nueva dirección se abre paso, entre marchas y contramarchas.

 

La agenda post electoral de la burguesía incluye una reforma laboral negrera, como la que acaba de aprobar el Brasil de Temer, y el aumento de la edad jubilatoria.

 

Más que nunca, por la ocupación de toda fábrica que cierre o despida y por el triunfo de todas las luchas.         

 

Por un paro nacional inmediato para derrotar al ajuste.