Políticas

6/6/1996|497

La CGT y el MTA aceptan la ‘desregulación’ de la salud del Banco Mundial

¿Es verdad que la CGT “rechaza los cambios que el Banco Mundial impulsa en las obras sociales”, y que el gobierno está ejecutando al pie de la letra, como señalaron algunos diarios (Clarín, 27/5)?¿Es verdad que la CGT “no quiere el crédito del Banco Mundial”, que financiará la ejecución de esos cambios en las obras sociales?


Nada más alejado de la realidad. La burocracia cegetista está metida a fondo en la ‘reforma’ de las obras sociales, pregonada por el Banco Mundial.


Liquidación de la cobertura universal y solidaria


El corazón de esa ‘reforma’ es el reemplazo de la actual cobertura médica universal y solidaria que brindan las obras sociales (igualdad de posibilidades de atención médica, sin exclusiones ni períodos de carencia, para todos los trabajadores y sus familias, al margen del nivel del sueldo) por el llamado Plan Médico Obligatorio. Este PMO cubre una prestación básica mínima por el equivalente a 15 pesos por mes por beneficiario. La inmensa mayoría de los trabajadores no podrá recibir otra atención fuera del PMO, esto porque el aporte a las obras sociales es del 8% del sueldo (3% el trabajador y 5% la patronal), lo que para un sueldo de 750 pesos da un aporte de 60 pesos, o sea 4 PMO: el del trabajador, su esposa y 2 hijos. En consecuencia, los trabajadores que ganen menos de 750 pesos solamente podrán tener acceso al PMO, no más. Por lo tanto, quienes necesiten servicios médicos mayores a los cubiertos por el PMO, deberán realizar aportes extras o comprar planes privados de salud.  Esto, que ya está sucediendo, ya que las obras sociales cobran ‘plus’ o adicionales por cada visita al médico o realización de análisis o radiografías, y será establecido con planes diferenciados: PMO para todos, y quien quiera una cobertura mayor deberá pagar la diferencia.


“Dentro de 180 días habrá vencido el plazo para que todas las obras sociales implementen un Plan Médico Obligatorio. Las entidades que no cumplan con esas prestaciones, según la nueva disposición, deberán fusionarse con otras” (Clarín, 20/5).


Es por eso que resulta sintomático que la CGT impulse “una red integrada de servicios” que abarcará a “las 10 obras sociales más grandes” (Clarín, 29/4). Se trata de un paso hacia la ‘fusión’ que impulsa el Banco Mundial, con el fin de “salvar” a las obras sociales más grandes y dejar en la lona a las obras sociales más chicas o de aportes más bajos, como es el caso de los trabajadores rurales, que no recauda siquiera para cumplir con el PMO.


“Las grandes obras sociales (metalúrgicos, empleados de comercio, gastronómicos, mecánicos, textiles, construcción, de la sanidad) manifestaron su intención de agruparse en una Federación. Según sostienen allegados a las obras sociales medianas o chicas, la intención de esta Federación es no perder afiliados propios y debilitar a sus competidoras más pequeñas, para así quedarse con todo el mercado…” (El Cronista, 22/5).


El propósito del Banco Mundial es que de las actuales 350 obras sociales queden unas 100, con vistas a concentrar el negocio de la salud, favoreciendo los acuerdos de los grandes burócratas con clinicas, sanatorios y laboratorios privados.


Una parte del préstamo de 375 millones del Banco Mundial, nada menos que 25 millones, irá a manos de consultoras encargadas “de diagnosticar la situación de cada obra social” (Clarín, 20/5). Aunque Clarín dice que la CGT “cuestiona” la intervención de consultoras, lo cierto es que los burócratas se adelantaron al Banco Mundial. Juan José Zanola, de la Bancaria, firmó, a un valor de 200.000 dólares, con la consultora Coopers & Lybrand, un convenio de consultoría para “la nueva obra social bancaria” (La Nación, 30/4/96), lo que significa, además, que Zanola terminó por aceptar la disolución del Instituto de Servicios Sociales Bancarios y la pérdida del 1% que aportaban los bancos al Instituto.


“Este es el primer acuerdo que Coopers & Lybrand cierra en el mundo con una organización sindical”, dijo Zanola, para que no queden dudas de la decisión tomada. También, los sindicatos de televisión, farmacia y Agua y Energía Eléctrica “han contratado a la consultora Ortiz y Asociados” (El Cronista, 22/5).


Intereses en pugna


Lo que sí es cierto es que la CGT ‘cuestiona’ al Banco Mundial “los intereses que deberán pagar aquellas obras sociales que quieran tomar un crédito del Banco Mundial: pagaderos en 15 años, con tres años de gracia, los préstamos tendrían un interés del 7 u 8 por ciento anual” (Clarín, 20/5). La objeción cegetista es lógica, porque el llamado “fondo de reconversión de las obras sociales” se compondría, además del dinero del Banco Mundial, con 200 millones de la ANSSAL, que son fondos pertenecientes a las obras sociales. En consecuencia, el fondo les prestaría a las obras sociales un dinero propio, a una suculenta tasa de interés.


Pero esto mismo nos está diciendo que la CGT está discutiendo la letra chica de los créditos, algo que hacen solamente quienes ya están al borde de poner la firma.


La burocracia también está aceptando la transformación de los hospitales públicos en hospitales de autogestión, lo que es un paso decisivo hacia la arancelización y privatización, con lo que se completa todo el plan destructivo de la salud impulsado por el Banco Mundial.


Pero no sólo se trata de la burocracia oficialista. El MTA también quiere formar una federación de obras sociales afines para reconvertirse y entrar en la nueva estructura propugnada por el Banco Mundial.  El CTA, a pesar de tener una cierta presencia en los sindicatos vinculados a la salud, está sumido en la total parálisis, y no faltan sectores que ponderen el llamado hospital de autogestión. La UCR y el Frepaso silencian toda referencia en la campaña electoral de la Capital al tema de la salud, ya que también participan del programa del Banco Mundial.


Programa


Contra toda esta política de destrucción de la salud, el PO impulsa una campaña sobre los siguientes ejes:


• No a la privatización de la salud. Duplicación del presupuesto de salud. Derogación de los decretos 292/95 y 492/95, que rebajan los aportes patronales, implantan el PMO, desregulan las obras sociales y avanzan en la liquidación del PAMI. Defensa de la cobertura médica universal, integral y solidaria y la gratuidad de la atención en los hospitales.


• Por un plan de salud único, universal, estatal y gratuito, financiado con aportes exclusivos de las patronales y bajo control de los trabajadores.