En la actualidad, según estimaciones oficiales, hay alrededor de 1.200 empresas vaciadas, ya sea porque han quebrado, están en convocatoria o fueron directamente abandonadas por sus dueños. Este dato es una medida de la caducidad del actual régimen social, incapaz de hacer uso de este enorme potencial productivo.

Frente a este cuadro de bancarrota, una franja creciente de trabajadores está defendiendo los puestos de trabajo a través de ocupaciones en los lugares de trabajo u otras medidas de lucha. “Ya hay casi 60 empresas en el país que funcionan a fuerza de trabajo de sus empleados. Así lograron conservar cerca de 4.000 puestos laborales” (Clarín, 17/3). Frente al abandono patronal, los trabajadores tomaron en sus manos la conducción de la planta, la pusieron a funcionar y garantizaron la continuidad de la producción.

Este hecho constituye un golpe al conjunto de la política capitalista porque demuestra que se puede prescindir de los patrones. Se rompe con el mito de que el capital y la propiedad privada son la forma excluyente y natural de la producción.

La iniciativa obrera contrasta con la ineptitud patronal, pone de relieve la superioridad de los métodos de organización de la clase obrera.

Dentro de estas experiencias, tenemos ejemplos más antiguos como Waserman, Impa, Yaguané y Máximo Paz, u otros casos más recientes, como Panificación 5, la Baskonia, Peñas Duras de la localidad de Olavarría, Zanón y Brukman. Con excepción de estas dos últimas, cuyos trabajadores reclaman la estatización de la planta bajo control obrero, en los otros se han creado cooperativas o avanzan en esa dirección.

Los trabajadores que quieren poner las fuentes de trabajo en funcionamiento, han sido llevados a asumir – en el marco de plantas diezmadas – una carga insostenible. El caso extremo es el frigorífico Yaguané, perteneciente al empresario Samid, cuyos trabajadores se hicieron cargo de una deuda de 80 millones y renunciaron al crédito que les correspondía por los salarios acumulados que adeudaba la patronal. Salta a la vista que esto es una salida para Samid, quien se desembaraza de una deuda multimillonaria, pero no para los trabajadores, quienes pasan a soportar una hipoteca ilevantable.

Pero, sin ir a este caso extremo, los trabajadores de las cooperativas tienen que cargar con un canon o alquiler por el uso del edificio, las instalaciones y las maquinarias. Este dinero va a parar al bolsillo del dueño o al juicio de quiebra. Pero en todos estos casos, la propiedad de la fábrica (maquinarias e instalaciones incluidas) sigue en manos de sus antiguos dueños o del síndico; los trabajadores sólo tienen el uso “precario” de la planta. En cualquier momento, los patrones pueden exigir la devolución de los bienes, la restitución de la fábrica y dejar en la calle a los trabajadores. Si, para evitar ese desenlace, los trabajadores decidieran comprar la fábrica, la carga pasaría a ser mayúscula.

Las iniciativas de expropiación que se acaban de aprobar en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires (Papelera San Jorge, Panificación 5, la Baskonia) pretenden presentarse como una “solución” a esta cuestión. Los proyectos aprobados o en vías de aprobación declaran “de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles, instalaciones y maquinarias” pertenecientes a las fábricas nombradas y los “donan” a la cooperativa que han formado los trabajadores. Esta “salida” indemniza a los propietarios con una recompensa impensada y por supuesto nada despreciable. La expropiación se convierte en una brillante operación para un empresario fundido o para sus acreedores.

La ley de expropiación, sin embargo, no pasa de una “declaración”, pues el acto efectivo de la expropiación queda en manos del Ejecutivo, quien para ello tiene dos años desde el momento de la sanción de la ley. Es lo que acaba de ocurrir con una de las experiencias consideradas “piloto”: una metalúrgica “expropiada”, en Avellaneda, la cooperativa “Unión y Fuerza”, enfrenta el vencimiento del plazo de los dos años sin que se hubiera consumado la expropiación, y tendrá que afrontar la compra de la planta. La ley que declara la expropiación pone a cualquier iniciativa cooperativa entre la espada y la pared, y crea las condiciones, al cabo de dos años, para que la empresa vaya a las manos de otra patronal.

Pero, aun cuando sean liberadas del pago del capital fijo (maquinarias, edificios), las cooperativas enfrentan el problema de contar con el capital necesario para el giro comercial normal de la empresa (materia prima, pago de servicios, salarios, etc.). “La materia prima la pone el que las contrata” (Clarín, 17/5), con la cual los trabajadores quedan atados a quien aparece, por partida doble, como proveedor y cliente. La cooperativa pasa a actuar como “façonier” del empresario de turno, quien pasa a ejercer, directa o indirectamente, el rol de explotador de la patronal. Bajo la fachada de la cooperativa se desarrolla una tercerización encubierta, con salarios inferiores y el desconocimiento del convenio.

La reducción y hasta el no cobro de los salarios, al que han apelado como recurso extremo los trabajadores para salir del atolladero, ha demostrado no representar una salida. El sacrificio resulta insuficiente para crear un capital de trabajo.

En este escenario, se plantea luchar contra todas estas trampas. El dinero público no debe estar destinado a alimentar los negociados y el parasitismo capitalista. Las deudas y pérdidas que acumulen las empresas deben ser asumidas por sus propios dueños, quienes deben responder por ellas con sus bienes y patrimonios personales. La expropiación debe realizarse a los 30 días de sancionada la ley respectiva y debe hacerse sin indemnización.

En lugar de rescatar a dueños quebrados, los fondos deben ir dirigidos a los trabajadores organizados que han tomado en sus manos el funcionamiento de la planta. El dinero que se ahorre de las indemnizaciones a los accionistas – y que deben ser suprimidas – debe ir en calidad de subsidios no reintegrables a los trabajadores. Ese subsidio permitirá crear el fondo necesario para el funcionamiento de la empresa, es decir, para la adquisición de materias primas, el pago de los servicios y el mantenimiento de la fábrica.

En este marco, se plantea elaborar un plan de producción que permita reorientar la actividad productiva de las plantas en función de las necesidades más apremiantes de la población y de los organismos y reparticiones públicas (escuelas, hospitales, viviendas, etc.), que pasarían a abastecerse con los productos suministrados por las empresas en manos de los trabajadores.

Esto constituye el punto de partida básico y elemental. Los salarios deben tener como piso un salario mínimo de 600 pesos actualizado y deben respetarse las normas de convenio.

Se trata de defender el derecho al trabajo, no salvar a un puñado de parásitos y chupasangre. No corresponde el rescate de una función social agotada. El vaciamiento de las empresas indica el abandono de los capitalistas de su función social y económica, es decir que el capitalista ha dejado de funcionar como tal.

Cualquier forma de organización solidaria o cooperativa que los trabajadores pongan en pie, sólo puede ser entendida como un mojón en la lucha por poner fin al actual régimen de explotación y abrir un nuevo rumbo para los explotados. Los comedores populares, los merenderos, las compras comunitarias, las huertas colectivas instaladas en diferentes barriadas, se han revelado como herramientas invalorables para responder a los problemas más elementales que enfrenta la clase obrera; en primerísimo lugar, el más elemental de todos, que es el hambre. Esto también vale para el caso de las cooperativas.

El Partido Obrero plantea como programa frente a la actual crisis: la ocupación de toda fábrica que cierre y despida, expropiar sin pago a los capitalistas y organizar una red única de fábricas que han pasado a manos de los trabajadores y su transformación en un ente de empresas del Estado bajo gestión autónoma y mayoritaria de los propios trabajadores. Este planteo está unido a la creación de una banca estatal única, capaz de darle el financiamiento necesario a estos emprendimientos y en cuyos directorios deben incorporarse representantes de las empresas autónomas estatizadas. Dicha representación debe ser elegible y revocable en cualquier momento.

Entendemos esta plataforma como la expresión más conciente en la lucha contra la descomposición capitalista.

Si los trabajadores optan por el camino de la cooperativa, el Partido Obrero apoyaría esta experiencia y apuntará a que los trabajadores que hacen la experiencia de las cooperativas saquen todas las conclusiones de ella y se sumen a la lucha política general por una salida de conjunto para los trabajadores.