La exclusión de funcionarios del blanqueo impositivo ha sido presentada como una “garantía de transparencia” o de “rechazo a la corrupción”. En realidad, asistimos a un blanqueo del blanqueo, o sea, a la pretensión de imprimirle un barniz ‘ético’ a este rescate integral de la clase capitalista, protagonista orgánica de la evasión de impuestos y de la fuga de capitales del país. Para ella, el beneficio del blanqueo será sin excepciones e incluirá a la patria contratista, o sea, a quienes coimearon a los funcionarios supuestamente excluidos del blanqueo. Mauricio Macri, que está de los dos lados del mostrador, hizo punta, revelando la lógica de esta operación de rescate. El hombre traerá un millón y medio de dólares de las Bahamas para colocarlos en Letras de Tesoro, las cuales rinden tres veces más que cualquier colocación de una plaza financiera del ‘primer mundo’. El jefe de Estado, como muchos otros especuladores, va a lucrar con la quiebra del país, que es el resultado de una década de pago serial de la deuda externa. Una de las variantes del blanqueo, precisamente, incluye la posibilidad de que el evasor se “redima” comprando títulos de la deuda pública, o sea, pasando de evasor o acreedor del Estado argentino.

 

Aunque el blanqueo excluirá a los funcionarios de la camarilla kirchnerista desde 2011, sus principales personeros ya se encuentran bajo proceso judicial, con la cual difícilmente hubieran podido acogerse. En cambio, los gobernadores del Pejota y el FpV se llevarán una preciosa tajada de la ley “ómnibus” -la devolución progresiva de los fondos de coparticipación que venían siendo transferidos a la Anses. De este modo, el despojo impositivo de las provincias -que es el resultado del pago de la deuda pública y de los propios desfalcos de sus gobiernos- será resarcido con los fondos jubilatorios. Los Schiaretti-De la Sota, Alperovich-Manzur (¡y la familia Kirchner en Santa Cruz!) han recibido de este modo su propio “blanqueo”. La contrapartida de esa ‘devolución’ de fondos es el cumplimiento de los ajustes provinciales, algo que la kirchnerista fueguina Rosana Bertone está llevando adelante a sangre y fuego. La otra coartada del blanqueo es un “resarcimiento” a jubilados, que implica desconocer el 70% de la deuda que el Estado tiene con ellos. Para que ese default parcial sea aceptado, los jubilados serán extorsionados con el hambre y con su propio horizonte de vida, el mismo chantaje que aplicaban el kirchnerismo y la Justicia sobre ellos. Este pago retaceado servirá de caballo de Troya para una reforma previsional -el propio Macri acaba de anticipar el aumento de la edad jubilatoria para las mujeres.

 

Coalición bendita

 

Con esta operación política y financiera, Macri aspira a refrendar el apoyo de la clase capitalista a su gobierno, y ensayar un acuerdo político más estable con el pejota y las camarillas de gobernadores provinciales. Así, el mismo régimen que prometía transparencia avanza a un acuerdo político fundado en la amnistía de los evasores capitalistas. Del anuncio del mani pulite (manos limpias), pasamos a la ley del mani sporche (manos sucias). El pejotismo-kirchnerismo transita por este acuerdo del ajuste, el cual tuvo su primer puntapié en el voto favorable al pacto buitre por parte de sus senadores. Además del ataque a los derechos jubilatorios, esta coalición en grado de tentativa debería avanzar con una reforma laboral antiobrera, cuya coartada será el “primer empleo” y el “fomento a las pymes”. Para esta escalada, el gobierno tramita la bendición del Vaticano, a cuyo plan de catequización de las escuelas medias -“Scholas Ocurrentes”- acaba de destinar un subsidio millonario. El debate sobre la pobreza, que los voceros del Vaticano agitan en estos días, no apunta contra sus raíces: la desocupación creciente, la caída del salario, los tarifazos. La Iglesia, en cambio, quiere liderar un operativo asistencial dirigido a contener la rebelión de los más oprimidos al despojo en marcha. En esa coalición ‘bendita’, ya se ha anotado parte del kirchnerismo, como el movimiento Evita.

 

Fermento popular

 

Pero el esfuerzo desesperado del macrismo para recauchutar su régimen es tan intenso como el progreso de la impasse económica y el descontento popular. La “lluvia de dólares” se ha reducido a un operativo de reendeudamiento, que prepara a término una nueva cesación de pagos. La recesión económica -24% de caída en la construcción durante el mes pasado- es, a esta altura, una estrategia política para que la desocupación habilite un ataque a fondo sobre las conquistas laborales de la clase obrera. Entre los integrantes de la “coalición bendita”, la burocracia sindical ocupa un lugar central. Por eso, renunció a luchar contra los despidos, en nombre de una salida parlamentaria que ni siquiera defendió a la hora de su veto.

 

A contrapelo de este compromiso de fondo con el ajuste, el fermento de la intervención popular por abajo se multiplica. El desalojo brutal de los luchadores fueguinos ha reavivado la lucha de sus docentes y estatales. La huelga petrolera del sur delata la esterilidad de la “paz social” que los burócratas sindicales patagónicos firmaron con los pulpos subsidiados. En otro plano, el rechazo a los tarifazos ha devenido en una crisis política, donde la Justicia intenta terciar entre la confiscación oficial y la rebelión de ciudades enteras. Los ajustadores -y la coalición que intentan urdir- tendrán que vérselas con esta enorme conmoción social y el panorama de luchas que se incrementará como resultado de su política. Este proceso apasionante supera por completo al kirchnerismo, que se debate entre el pejotismo (y la convivencia con Macri) y los tribunales. Impulsemos en todos lados asambleas, autoconvocatorias y la coordinación de acciones de lucha por el programa planteado: ningún despido ni suspensión; salario igual a la canasta familiar, hoy en 20.500 pesos; 82% móvil y aumento de emergencia para los jubilados; anular el tarifazo. Contra la coalición de los evasores, desarrollemos, con la lucha y la delimitación de campos, la alternativa política de los trabajadores.