La media sanción de la nueva Ley de Quiebras debería hacer reflexionar a quienes vienen planteando como panacea para las fábricas ocupadas, una reforma legislativa. Una salida que contaría con el necesario visto bueno de Kirchner, o sea de un gobierno que se ha trazado como objetivo explícito la reconstrucción del capitalismo (y de su Estado). El Estado ha intervenido como pocas veces en la historia para mantener un nivel extraordinario de confiscación al pueblo, a fin de pagar la deuda pública y promover los negociados de los empresarios locales.

El reclamo de una “ley nacional de expropiación definitiva” significa reclamar al capital que se expropie a sí mismo. Pero cualquier proceso de expropiación choca con las restricciones insalvables que impone el Estado burgues. En primer lugar, tropieza con el límite constitucional que establece el respeto al derecho de propiedad, de modo que el resarcimiento económico a los dueños opera como un intercambio de capital. En segundo lugar, cualquier expropiación requiere de una ley específica, lo cual limita cualquier ataque real al capital, lo que incluye la posibilidad de veto del Poder Ejecutivo. Por último, la expropiación misma, una vez sancionada, debe pasar por un intrincado proceso judicial, que constituye un campo fértil para todo tipo de maniobras e incluso la posibilidad de declarar inconstitucional una ley eventualmente aprobada.

No debería ser una sorpresa para nadie que las únicas leyes que prosperarían estarían en la misma sintonía de la Ley de Quiebras que estamos comentando, o en los términos de la Ley de expropiación porteña recientemente aprobada (ver Prensa Obrera N°880). Cuando no se trata de una legislación lesiva de los intereses de clase de los trabajadores, asistimos a maniobras de propaganda electoral para el oficialismo y sus laderos.

Frente a esta encerrona se plantea articular un plan de lucha por la expropiación sin pago de los vaciadores y la entrega gratuita de las fábricas a la gestión obrera; subsidios no reintegrables; que las empresas recuperadas sean proveedores privilegiados del Estado; salarios garantizados mediante un fondo compensador, equivalentes a la canasta familiar; nacionalización de la banca y directores obreros en la banca estatizada; elaboración de un plan independiente de la clase obrera dirigido a reconstruir el país privilegiando los intereses de los explotados.

Este programa desenvolvería la acción directa de los trabajadores, es decir, extendería el movimiento de lucha, impulsaría a ocupar las fábricas que cierren o despidan o se encuentren en proceso de vaciamiento, a actuar en común, a coordinarse con el resto de los sectores de la clase obrera e impulsar una movilización nacional.

Insertaremos esta lucha en una salida política de conjunto de la clase obrera.