Con bombos y platillos, Cristina Kirchner anunció una nueva reforma de la escuela secundaria, orientada a “recuperar el bachillerato”. La reforma forma parte de la aplicación de la Ley de Educación Nacional (LEN). La “prueba piloto” es la Provincia de Buenos Aires. Se anunció como un intento de “evitar la deserción” y para garantizar la universalidad del secundario.

Bluff

Sileoni presentó la reforma en febrero, en un seminario del Consudec (educación privada clerical) en la provincia de Salta, donde hace años rige la educación confesional obligatoria. Los contenidos de la nueva secundaria se adaptan a una educación provincializada y colocada bajo control confesional.

La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires viene de votar un proyecto de ley que ajusta el presupuesto de cada escuela al cumplimiento de una serie de parámetros que serán establecidos por un “observatorio de políticas educativas” establecido a tal efecto, con incidencia de la iglesia y las patronales. La reforma de Cristina se adapta a estas tendencias.

La “obligatoriedad” de la secundaria debería incluir un plan de desarrollo para albergar al conjunto de los estudiantes. Cristina anunció que destinará a infraestructura 2.700 millones de pesos. La cifra es la tercera parte del “Fondo del Bicentenario” y la mitad de lo que gasta anualmente sólo la Ciudad de Buenos Aires (donde las escuelas, literalmente, se vienen abajo) en Educación. O sea, una cifra totalmente irrelevante y miserable. Una reforma de la secundaria que permitiera albergar a los 900.000 adolescentes que no estudian ni trabajan (más los que sólo trabajan) exigiría la triplicación del presupuesto educativo y la reconstrucción de un sistema educativo único nacional en lugar tirarle el fardo a las provincias.

Flexibilización

La reforma apunta, con el cuento de la “inclusión”, a flexibilizar tanto los trayectos educativos de los estudiantes como las condiciones para aprobar. Los documentos del Consejo Federal de Educación cargan las culpas de la “exclusión educativa” a los mecanismos de evaluación de la escuela secundaria “elitista”; cuando no a la “cultura institucional no inclusiva” de los docentes.

Por el contrario, la crisis de la secundaria es el resultado, en primer lugar, de la miseria presupuestaria; como lo mostró el acuerdo de Ctera con el kirchnerismo, la educación es la primera variable de ajuste de los gobiernos provinciales frente a la crisis.

La reforma anunciada apunta a rebajar los contenidos (“para que la gente pueda”); en los hechos, los reduce al mínimo.

El anuncio de tutorías y “clases de apoyo”, así como el de talleres extra clase, no contempla contratar a un mayor número de docentes. Las horas para los mismos están (donde se aplican) por fuera del estatuto (muchas veces designadas por los directivos), están peor pagas, se cobran con meses de atraso y muchas veces funcionan por contrato. Se trata de un ataque en regla al estatuto del docente.