Políticas

16/9/2015|1381

La Corte se reserva una carta clave


En la audiencia pública convocada por la Corte para tratar el derecho de los trabajadores a concretar una huelga, estén afiliados o no a un sindicato, hubo dos hechos significativos.


 


Ninguna de las CGT, ni la oficialista ni la disidente, mostraron el menor interés en participar del debate. La convocatoria a la audiencia fue resuelta a raíz de una lucha que llevaron adelante un grupo de trabajadores del Correo sin el apoyo del sindicato, lo que derivó en el despido de 46 empleados, uno de los cuales llevó su caso a la Justicia.


 


Lo significativo, además, fue que la posición de ambas CGT fue defendida, en ausencia de la burocracia, por la UIA y el propio gobierno. El representante de los industriales defendió que el derecho de huelga le corresponde sólo a las organizaciones con personería gremial. El abogado del Correo -empresa estatal administrada por la burocracia sindical- fue aún más lejos: denunció a “un pequeño grupo de trabajadores, que por fuera de todo procedimiento orgánico, sin respetar los códigos del convenio colectivo de trabajo y a las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores del correo y llevaban un proceso de discusión paritaria” (www.diariojudicial.com).


 


¿Adónde apunta la Corte?


 


El caso del trabajador del Correo llegó a la Corte como un despido discriminatorio, pero la Corte convocó a la audiencia pública para debatir quién puede convocar una huelga -“quien es o quiénes son los sujetos habilitados constitucional y legalmente para disponer medidas de acción directa” fue la pregunta planteada. Podía haberse limitado a resolver un caso individual, pero optó por abrir un debate político sobre quien puede ejercer el derecho de huelga y reservarse la carta de una decisión (no tiene plazo para definirse).


 


La Corte puede estar adaptándose a la tendencia mundial al rechazo al derecho de huelga, lo que estaría en consonancia con el ajuste que se viene. La Corte, y en particular su presidente, defendieron el concepto de “locación de servicios” del viejo Código Civil, que permite legitimar cualquier variante de trabajo precario. Un fallo de febrero pasado consideró que no existía una relación laboral entre el Hospital Italiano y un médico anestesista que trabajó allí durante treinta años como profesional tercerizado. Otro fallo determinó que una obra social no es responsable de relación laboral alguna desde el momento que su función es sólo “administrar capitales”. Finalmente, esta Corte es autora del nuevo Código Civil, que establece, entre otras normas contra los trabajadores, la ruptura de la solidaridad empresarial entre el patrón contratante y el patrón contratado en relación con la demanda de los empleados de este último.


 


La amenaza de una regulación


 


Objetivamente, la Corte se reserva la posibilidad de determinar que el titular del derecho de huelga es el sindicato e incluso aquel con personería gremial y, en tal caso, una huelga como la del Correo sería ilegal y motivar el despido con causa.


Ni Scioli ni Macri, ni Massa ni Stolbizer han dicho una palabra sobre esta amenaza latente al derecho de huelga.