Políticas

30/4/2015|1361

La Corte Suprema pone un límite a la tregua en la Justicia


Hace pocos días, la Cámara de Casación desestimó la denuncia del fiscal Nisman contra la presidenta por encubrimiento en el caso Amia, una decisión que el gobierno salió a festejar ruidosamente, como una victoria decisiva contra la “corporación” judicial.


 


La Corte Suprema interrumpió rápidamente la fiesta. Primero, invalidó el listado de conjueces que el kirchnerismo y sus aliados habían aprobado en el Congreso. Para ello, tomó la iniciativa recurriendo a dos causas judiciales de larga data y ratificó la necesidad del acuerdo de dos tercios del Senado para la designación de jueces.


 


La resolución llegó tras el naufragio de las chances de Roberto Carlés como reemplazo de Zaffaroni. Tras esto, la siguiente maniobra del gobierno consistía en ampliar la cantidad de miembros de la Corte -para lo cual le alcanzan los votos propios- y formar una nueva mayoría afín a través de los conjueces. Con su fallo, la Corte salió a cruzar esta operación de tintes menemistas.


 


Pero, casi en paralelo, los ministros de la Corte apuraron la re-reelección de Ricardo Lorenzetti como presidente del tribunal por otros tres años. La designación de la presidencia, ahora consumada en abril, venía realizándose entre agosto y noviembre. No puede interpretarse sino como un pronunciamiento.


 


Elena Highton de Nolasco, señalada como la cortesana más cercana al gobierno, participó de ambos acuerdos. Días antes, Aníbal Fernández había puesto a rodar su nombre para suceder a Lorenzetti.


 


Pero esto no fue todo. La Corte dictó recientemente otros fallos que afectan a los intereses del gobierno y sus aliados. Por un lado, avaló la inconstitucionalidad de la reforma constitucional de Tucumán del año 2006, especialmente por los cambios que introducía en la designación de jueces.


 


Lo más candente, sin embargo, fue el aval de la Corte a la declaración de “causa juzgada írrita” del sobreseimiento del ex juez Galeano en la causa que se le abrió por el encubrimiento de la masacre de la Amia. Esto podría habilitar la reapertura de causas por corrupción contra funcionarios del gobierno. Circula la versión de que Bonadío apelaría a esa misma figura para retomar las denuncias de enriquecimiento ilícito contra el matrimonio Kirchner en las cuales fueron sobreseídos.


 


Actualmente, la causa que más acucia al gobierno es, precisamente, la de Hotesur S.A., que está a cargo de Bonadío.La Cámara ha rechazado la pretensión del gobierno de sacar de la causa a Bonadío y ahora el gobierno impulsa una maniobra para que la investigación pase a un tribunal patagónico amigo. Todo indica que esta causa, que involucra al núcleo duro de la familia presidencial, tuvo su usina en la Side conducida por Stiuso. Incluso los fondos buitre pisan información relacionada para condicionar al gobierno.


 


El archivo de la denuncia de Nisman dio aire al gobierno. Sin embargo, como muchos subrayaron, su desestimación no equivale a la absolución y eventualmente podría ser reflotada. El cerco judicial se mantiene, pero el derrotero de las causas que involucran a los funcionarios K dependerá de la evolución de la actual transición política.


 


Las divisiones al interior del Poder Judicial son brutales. El gobierno nombró centenares de jueces y funcionarios en distintas instancias. Ahora apura el paso para la aplicación de la reforma del Código Procesal Penal, que refuerza la influencia de Gils Carbó y habilita la designación de 1.600 cargos nuevos.


 


En las últimas semanas surgió un nuevo actor, hasta ahora ninguneado por los medios: la rebelión de los empleados judiciales del fuero penal. Sus principales consignas enfrentan las designaciones a dedo de los nuevos cargos en desmedro de los actuales trabajadores -que se verían relegados en la carrera judicial- y la generalizada precarización laboral.


 


Este movimiento, plasmado en grandes asambleas y paros, fue precedido por una amplia renovación de los delegados de los edificios de Tribunales. 


Sus reivindicaciones enfrentan tanto al gobierno nacional como al tándem Lorenzetti-Piumato.


 


Impulsamos el desarrollo de un campo político independiente de los bloques capitalistas que se expresaron el 18F y el 1M.


 


La masividad de la movilización independiente del 24 de Marzo y el afianzamiento del Frente de Izquierda en todo el país, junto a las luchas de los trabajadores y la juventud, abonan esta perspectiva.