Como un nuevo eslabón de una seguidilla de fallos antiobreros, la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia, conocida hace pocos días, en la cual ratifica que los juicios por accidentes de trabajo deben tramitarse de manera excluyente en el fuero civil o en el laboral, lo cual supone una importante limitación para el demandante, que anteriormente podía iniciar su reclamo  con fundamento en el derecho civil o en la ley especial pero en el fuero laboral.

 

El fallo refiere a un planteo de inconstitucionalidad de la ley 26.773, del año 2012, que estableció la prohibición de recurrir a la doble vía para los reclamos de indemnización por accidentes laborales.

 

La ley, aprobada en pleno gobierno de Cristina Kirchner, estableció que los casos de reclamos por accidentes de trabajo basados en el Código Civil deben ser resueltos por jueces civiles y no por los jueces laborales, lo cual acaba de ser apuntantalado por el tribunal.

 

La importancia del fallo es que se trata de la primera demanda sobre este tema que llega a la Corte, que rechazó analizar el carácter inconstitucional de la ley en ese aspecto.

 

Este fallo tiene el objetivo de reducir aún más los ya pequeños márgenes de reclamación de los trabajadores accidentados, en consonancia con la política oficial-patronal de terminar con la denominada  “industria del juicio”, en abierto beneficio de las aseguradoras de riesgos del trabajo y del conjunto de los capitalistas.

 

Es que si el trabajador inicia su reclamación en el fuero laboral, por la nueva ley de ART, votada por todos los partidos patronales en el Parlamento –Cambiemos, el masismo y el FpV–, el trabajador debe pasar, en primer lugar, por “comisiones médicas” –apéndices de las ART– asentadas en muy pocos lugares del país (por caso, once para toda la provincia de Buenos Aires, incluidas nueve en el conurbano que aún no funcionan en su totalidad). Es decir que los trabajadores accidentados deben viajar a esos puntos desde donde sea el lugar que viven y trabajan. Esas comisiones hoy están dando turno para las revisiones con un plazo no menor a seis meses. Más grave aún es la situación en distintas provincias donde ni siquiera han sido conformadas o sólo cuentan con una o dos comisiones.

 

En esas comisiones los trabajadores no pueden ejercer su derecho de defensa. Éstas, claramente excedidas en sus funciones, la nueva ley aprobada en febrero cuasi las equipara a cualquier tribunal de justicia. Los trabajadores que transitan por este procedimiento médico-administrativo en su gran mayoría se ven obligados a recurrir ante la Comisión Médica Central, y luego a la justicia del Trabajo, en un largo y tedioso camino de procedimientos que aletargan el acceso a una reparación justa.

 

Estas comisiones determinan –con total parcialidad– la pérdida de capacidad del trabajador con motivo del accidente y lo que corresponde como indemnización. Y los jueces laborales, la siguiente instancia, han sido conminados por la Corte para que no actualicen las indemnizaciones fijadas en “acuerdo con la ley” tal como se expresa en el fallo Espósito y que fuera confirmado ayer también por otro fallo de la Corte.

 

Si el trabajador opta por el fuero Civil, las condiciones de la demanda la colocan en un pie de igualdad con el patrón, lo cual supone la pérdida de derechos inherentes a la relación desigual con el empleador y que deba litigar con gastos y costas.

 

En definitiva, la Corte con una sumatoria de fallos antiobreros  en este tema, busca desalentar los reclamos de los trabajadores accidentados y que acepten las deficitarias indemnizaciones que establece la ley de ART, reformada en marzo pasado pero que mantiene los decretos reglamentarios por los que limita sustancialmente las indemnizaciones por accidentes, aun los más graves.

 

Definitivamente, la Corte se ha colocado como una correa de trasmisión de la política antiobrera del gobierno, que prepara una nueva ofensiva para después de las elecciones, con el objetivo de liquidar conquistas históricas de los trabajadores con la implementación de la reforma laboral y la previsional.

 

La burocracia sindical de todos los colores avala esta política oficial. Para que no queden dudas,  Antonio Caló reconoció, en el coloquio patronal de IDEA y sin pelos en la lengua, que “desde que asumió Macri, nosotros acompañamos”.

 

El clasismo y el Frente de Izquierda son los que han planteado la única oposición real a esta ofensiva.