El 10 de septiembre se hará una audiencia pública promovida por la Corte Suprema para tratar los alcances del derecho de huelga, lo que podría conducir a su cercenamiento.

 

Concretamente, lo que se pondrá en discusión es si la legalidad de la convocatoria a una medida de fuerza corresponde sólo a los sindicatos con personería gremial o debe extenderse a todo grupo de trabajadores que defienda un interés colectivo. Se tomará en cuenta el caso de Francisco Orellano, despedido por el Correo por haber participado de una huelga que no fue resuelta por el sindicato. Un fallo de la Sala I de la Cámara del Trabajo dictaminó la legalidad de la medida aunque sus integrantes no hubiesen estado afiliados a un sindicato.

 

La burocracia sindical tiene posición tomada en cuanto que la huelga solo puede ser declarada por el sindicato con personería, es decir aquel que el Estado reconoce por ser el más representativo por rama de actividad. “El temor de los gremios tradicionales es que detrás de este debate se esconda otra sentencia contraria a su supervivencia y en este punto la preocupación es compartida por el gobierno (el actual y el que vendrá) y el empresariado” (Clarín, 27/7).

 

(Es del caso recordar que el compromiso de “ayudar a frenar a los troskos que le están complicando la vida en los sindicatos” fue tomado por Macri ante el estado mayor de la burocracia sindical, y que Massa no se quedó atrás en el ataque a la izquierda que lucha por une nueva dirección en los sindicatos. Fue Funes de Rioja, capo de la UIA, quien llamó a construir una Moncloa argentina, entre otras cosas para desterrar la “metodología” que hoy se extiende en los gremios, “con piquetes y ocupaciones”.)

 

No está claro el rumbo que tomará la Corte. Algunos hechos indicarían que estaría dejando el rumbo “progresista”. “En setiembre de 2013, una delegación de la CGT oficialista se llevó de un alto ministro de la Corte la promesa de que no habría nuevos fallos contrarios al modelo sindical” (Clarín, ídem).