El jueves 16 de octubre, el plenario del Consejo de la Magistratura tratará el expediente contra los jueces Emilio L. Fernández y Luis René Herrero, de la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social. Ambos son imputados en una causa armada sobre la base de denuncias insustanciales y falsas a instancias del gerente de asuntos penales de la Anses, Sergio Rodríguez -a quien la Presidenta propone actualmente como titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas- y de la jueza Nora Dorado.

Los dos jueces imputados produjeron numerosos fallos contra las apelaciones de la Anses a las sentencias de actualización de los haberes de los jubilados.

La causa contra los jueces Herrero y Fernández se inició hace dos años, a iniciativa de la Anses y el gobierno. El voto de solicitud del jury de enjuiciamiento fue votado por los representantes del Poder Ejecutivo y los consejeros que le responden. Todas las imputaciones a Herrero y Fernández son supuestos defectos de forma en sus procedimientos. Lo que se busca es amedrentar a los jueces previsionales y a quienes se hagan cargo de tal tarea. La Corte Suprema de Justicia produjo una acordada en defensa de Herrero a fines de 2012, pero no volvió a intervenir desde entonces.

El actual titular de la Anses llegó a plantear que los fallos de Herrero atentaban contra la “sustentabilidad del sistema previsional”, cuando éste se hunde por ser la caja que utiliza el gobierno para pagar deuda pública, financiar los déficits del tesoro y darle crédito a las empresas.

Antes de esto, la Corte Suprema dispuso la revocatoria de 34 cautelares que beneficiaban a los jubilados, en oposición a fallos de la Cámara de Seguridad Social.

La Corte defendió también la “sustentabilidad”, llamando a los jueces de la Seguridad Social a actuar “con la prudencia que demanda un conflicto entre el derecho de defensa del organismo (por la Anses) y la necesidad”. La Corte omite, naturalmente que la Anses está en manos de sus vaciadores.

Defendamos a los jueces de la Seguridad Social.