Políticas
9/6/2026
Criminalizar la protesta en Santa Cruz es una cuestión de Estado, gobierne quien gobierne
Amenaza de detención de Juan Valentín secretario general de Adosac Río Gallegos.
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Ex secretario general de Adosac Caleta Olivia y Supervisor docente Jubilado.
Criminalización protesta.
En Santa Cruz, tenemos una humillante historia de la criminalización de la protesta social, persiguiendo, reprimiendo, procesando y llevando a juicio a trabajadores ocupados, desocupados, jubilados, petroleros, docentes, médicos, enfermeros y vecinos que debieron salir a pelear por agua, educación o gas para sus pueblos.
Tal vergonzosa ha sido la actitud del poder político y la Justicia, armando causas penales, que hasta en algunos fallos se requiere cesar con este hostigamiento, y se den soluciones a las causas sociales que generan conflictos. Así, el 7 de mayo del 2019 en la Causa “Oñate, Justo Martín y otros S/ Inf. Art. 174 y 149 Bis del C.P.A.” – Expte. 4.146/16 (causa N° 12.527/14), originaria del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras) los jueces fundamentaron: “Cualquier medida de acción directa va a resentir el normal desenvolvimiento de la prestación de servicios y esto no constituye más que el riesgo del giro empresarial, careciendo el derecho penal de la función para reencausar conflictos laborales, ni tampoco para ser usado desviadamente como control social de las medidas de fuerza de gremios.”
Agregando el Dr. Olivera en sus fundamentos: “Creo que el Excmo Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, debe tomar conocimiento de los procesos en donde pudieran verificarse violaciones a derechos constitucionales de la libertad de trabajo y de ejercicio de derechos sindicales, para dictar la doctrina correcta evitando el uso abusivo y exorbitante del iuspuniendi, el que desde ya ostenta carácter de ultima ratio (principio de mínima intervención), en jurisdicciones como la de Las Heras donde la conflictividad laboral se presenta a diario, así como oportunamente lo hiciera el Alto Cuerpo en el ya antiguo precedente “Perancho”.
En el recordado caso “Perancho y otros; el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, ordenó la «inmediata libertad» de seis desocupados detenidos en septiembre de 2004 por reclamar trabajo genuino en una de las plantas petroleras de la ciudad santacruceña de Caleta Olivia. La medida fue dispuesta por el Máximo Tribunal de la provincia en respuesta a un recurso de casación interpuesto por los abogados defensores generando jurisprudencia al respecto, los problemas sociales deben ser resueltos por los canales sociales y políticos y no con el Código Penal en la mano".
Otra causa típica de la criminalización de la protesta es la que armó el fiscal de Estado, Fernando Tanarro, acusando a un grupo de jubilados de haber provocado daños a edificios públicos y porque entre los años 2016 y 2018 reclamaban el pago de sus haberes atrasados.
Los especialistas en la materia caracterizan esta causa como un típico caso de “excursión de pesca”, para tratar de encontrar una figura penal y pruebas que disciplinen la protesta.
La Cámara rechazó la apelación del gobierno, pues consideró insuficientes las pruebas aportadas por el fiscal Tanarro, hoy integrante del TSJ, “que tampoco individualizó a los autores ni situó temporalmente los hechos de «extrema violencia» que denunció".
En este fallo los camaristas, Enrique Arenillas y Diego Lerena, apuntaron a la ambigüedad de las pruebas, estimaron insuficientes la versión de los testigos y citaron al Observatorio de Derechos Humanos del Senado que en 2016 definió a la protesta social como "una de las formas más efectivas de expresión, y en muchas ocasiones, la única forma de expresión de grupos determinados". Los jueces también observaron la falta de precisión en los testimonios de los testigos. El caso de una testigo aportada por el fiscal Tanarro es notable porque según se lee en el fallo que "no coincide temporalmente su trayectoria en Casa de Gobierno con el momento en que señala se produjeron los hecho, en 2017 la testigo ya era personal de Distrigas en Las Heras?.
Queda claro entonces que es el propio Estado, representado por su fiscal,el que arma causas y aporta testigos falsos para intentar criminalizar la protesta social, en este último caso de un grupo de jubilados.
En el caso de Adosac tampoco es la primera vez que se quiere acallar su voz criminalizando los reclamos y persiguiendo a sus voceros.
En 2004, unos 24 docentes fueron procesados por entrar cantando el “chuchugua…chuchugua...", acusados de interrumpir una sesión del Concejo Deliberante en el marco de una huelga que duró todo el mes de marzo de ese año, contra el gobierno de Acevedo, hoy también vocal en el TSJ.
En 2007 la gran huelga docente con epicentro en Río Gallegos pero con desarrollo en toda la provincia llevó al gobierno a militarizar las escuelas. Los municipales y ATE se sumaron a los paros y al acampe frente a la Casa de Gobierno que duró meses. La capital provincial estaba llena de gendarmes. El 9 de mayo la policía reprimió salvajemente una marcha municipal y dejó varios heridos incluso un compañero con un balazo en el pie. La masividad del repudio a esta represión tumbó al gobernador Sancho.
El 17 de agosto, mientras bajo distintas formas el conflicto continuaba, Varizat le paso por encima con su camioneta a 23 manifestantes en el centro de Río Gallegos. Un tribunal a fines de ese año le dio apenas tres años para que no fuera preso.
En 2011, hubo una masiva "pueblada educativa" en Caleta Olivia, contra el gobierno de Daniel Peralta, con cortes de ruta. Otras de las protestas que realizaron los padres ese año, fue la toma de la Dirección Regional de Educación durante tres días. El fiscal y la Justicia federal debieron absolver a dos dirigentes docentes Daniel Gomez y Omar Latini y dos padres autoconvocados Alberto Frances y Marcelo Zabala en noviembre de 2015.
La justicia determinó que los reclamos por la escuela pública eran luchas genuinas. Durante el juicio la Dra. Claudia Ferrero señaló: “Los docentes y los padres vienen llevando adelante una larga lucha y hoy están los mismos reclamos del 2011 que siguen pendientes, y nos encontramos con una larga cola de padres reclamando por inscribir a sus hijos; los que no dieron respuestas en todo este tiempo, ellos tendrían que estar pasando un juicio.
En 2016/17 tuvo lugar la elevación a juicio solicitada por el fiscal de Estado contra la trabajadora estatal Gabriela Ance, los docentes Juan Valentin, Diego Barrionuevo y Claudio Wasquin, en la causa armada en el marco de una protesta por el pago atrasado de los salarios de activos y jubilados de la administración pública provincial, en una de las causas más escandalosas al pretender cambiar la caratula a “femicidio” para disciplinar la protesta social.
Queda claro este método de utilizar causas penales como medida punitiva contra reclamos sociales por parte de los distintos gobiernos que han hundido a Santa Cruz en la miseria y la pobreza. Los luchadores quedan en la memoria de los pueblos; los que los persiguen van al basurero de la historia.
