La CGT está dividida y paralizada desde tiempo inmemorial; hizo su último paro fracasado en 2001. Ahora se enfrenta a una crisis mayor, si cabe, dado que en julio debe elegir una nueva directiva y secretario general. Enfrentado a Moyano, el gobierno quiere poner una dirección que se adapte por completo a la política de ajuste. La pretensión del moyanismo de convertirse en la ‘columna vertebral' del kirchnerismo ha dado el resultado contrario: el ‘cristinismo' quiere imponer una tropa afín en la CGT. En la cancha de River, hace dos años, CFK le anticipó a Moyano que el lugar de ‘primera trabajadora' lo ocupaba solamente ella. El primer candidato para sustituir a Moyano fue Gerardo Martínez, el delator del Batallón 601.

El ajuste en marcha plantea un cambio sistémico en todas las relaciones económicas, laborales, contractuales, impositivas. No hay salida a la vista para la deuda de 12 mil millones de pesos que el gobierno tiene con las obras sociales. La supresión de subsidios implica una poda fenomenal al acaparamiento de fondos públicos para los empresarios y burócratas, en especial en el transporte. Los K acaban de estatizar la caja del Renatre, con la que ya están pagando deuda pública.

La crisis del sistema plantea una nueva relación entre el Estado, los sindicatos y las masas. Este replanteo se hizo presente en los fallos de la Corte en torno de la libertad sindical y los derechos de los delegados disidentes; la Justicia busca un sindicalismo ‘plural’, que neutralice y atomice políticamente a la burocracia frente al poder del Estado -no la democratización de los sindicatos.

En la base de los gremios hay una evolución significativa, que no se limita al surgimiento de delegados e internas antiburocráticas. Hay una enorme ampliación de las afinaciones en todo el movimiento obrero, así como una reactivación del protagonismo de los sindicatos. Esto explica el ‘discurso’ de los laderos de Moyano acerca de democratizar el sistema de sindicato único, en oposición al esquema ‘pluralista’: no se busca debilitar el monolitismo de la burocracia sino hacer participar en la CGT a un numeroso grupo de sindicatos chicos o nuevos -para frenar la ‘cristinización’ que busca el oficialismo. Otro aspecto de este reajuste de línea, es el llamado de J. C. Schmidt a "discutir un programa" -en alusión a los 26 puntos de Ubaldini bajo el gobierno de Alfonsín. No es cierto, sin embargo, que el moyanismo careciera de programa en los ’90: fue pionero de la ‘movida’ de Techint y compañía, a partir de la crisis de 1994, a favor de la devaluación del peso. En la Unión Ferroviaria, el moyanismo quiere aprovechar el encarcelamiento de Pedraza para cooptar a lo que queda del pedracismo, probablemente en un acuerdo con el burócrata de La Fraternidad, Maturano. Moyano ha formado lista opositora en Comercio y en Pintura, e hizo un intento penoso y fracasado en Gráficos, pero no ha dejado claro si pretende meter ‘listas opositoras' de su propio cuño en los sindicatos de sus rivales.

Los movimientos de Moyano no pueden aislarse de la tendencia más general de desintegración que afecta al frente oficialista. Lo que ocurre con YPF es muy significativo, porque pone en evidencia una fractura en el seno de la camarilla K -a la cual pertenecía hasta hace poco el empresario Eskenazi, que hoy ‘gestiona’ la petrolera bajo la supervisión de Repsol y los fondos de inversión anglo-yanquis. Esta fractura se expresa en el plano político en el choque entre Moreno y De Vido. El moyanismo opera en el terreno que van abonando las viudas del kirchnerismo.

Los límites insalvables de la oposición del moyanismo al gobierno están establecidos por su condición de burocracia con fuertes intereses económicos, ligada a una fracción de la burguesía y del oficialismo que disienten con la versión ‘cristinista' del ajuste. El voto en contra de los diputados moyanistas a la Ley agraria que sustrajo el Renatre a la burocracia de Venegas y a la Mesa de Enlace, no se repitió con la Ley antiterrorista, que fue votada a favor por parte de Plaini, en tanto Facundito y Recalde se ausentaban de la sesión. Micheli, de la CTA, se hace el distraído cuando se sorprende de que Moyano no lo acompañe contra esa ley.

La burocracia sindical, bajo la presión de la burguesía, del gobierno y del ‘ajuste’, marcha hacia una división formal de la CGT. Esto es lo que hay que denunciar. En oposición a esta división, en oposición a la parálisis de la CGT frente al ‘ajuste’, en oposición a la política del antimoyanismo de negociar la regimentación de la CGT a cambio de recuperar la deuda a la caja de las obras sociales, en oposición a una CGT digitada por el Estado y el gobierno, en oposición al palabrerío democratizante de los que reclaman un ‘sindicalismo plural' y de los que plantean un ‘retorno a Ubaldini; en definitiva, en oposición al callejón sin salida de la burocracia y del kirchnerismo, planteamos un Congreso de delegados de base, con mandato, de la CGT.

Es lo que, con ciertos límites, se ve empujada a hacer la Mesa de Unidad Sindical de Santa Cruz, cuyos delegados deliberarán el 25 de febrero, para enfrentar el ajuste de Peralta. Este planteo tiene una actualidad enorme ante la inminencia de las paritarias, donde el pliego de reclamos y la decisión final deben ser determinados por congresos de bases y asambleas, no por el capricho de la burocracia. Es en conexión con todo esto que debemos incrementar la movilización contra la represión que crece y contra la Ley antiterrorista, por el desprocesamiento a los luchadores y por la cárcel a Pedraza y a todos los responsables del crimen de Mariano.