Resistencia atraviesa una enorme crisis en el transporte público. Un fallo del juez Flores volteó el tarifazo que a fines de 2012 había llevado a 3,25 pesos el precio del boleto y obligó a retrotraer la tarifa a 2,50 pesos. Aun así, está entre las más caras del país. Las empresas reciben 120 millones de pesos anuales de subsidios.

El gobierno provincial y la intendencia radical demoraron una semana en comunicar el fallo a las empresas. Ambos lo apelaron, mostrando que defienden a capa y espada el tarifazo. Sin embargo, el juez decretó que la apelación no puede suspender la aplicación del fallo. En respuesta a la obligación de retrotraer el precio del boleto, los empresarios armaron una provocación junto a la burocracia sindical de la UTA: anunciaron que rebajarían los salarios de los choferes y despedirían personal. La UTA, frente a esto, montó un enorme piquete con cientos de colectivos -concertado con las empresas- que dejó paralizada a Resistencia durante 24 horas.

En respuesta a la presión, los gobiernos tomaron dos orientaciones distintas: el Concejo, con mayoría radical, decretó la emergencia del transporte y se amparó en esa declaración para volver a subir la tarifa. El gobierno provincial, en cambio, anunció que conservaría en 2,50 pesos el boleto de las líneas interurbanas (sobre las que tiene jurisdicción) otorgando en forma de compensación 10 millones de pesos de subsidio extraordinario hasta las elecciones. Así, se ha llegado a la situación desquiciada de tener dos tarifas de colectivo en la misma ciudad y muchas veces para los mismos recorridos.

Con la medida de la UTA se pretendió colocar en veredas enfrentadas a usuarios y trabajadores del transporte. La Ucra denunció, sin embargo, que la plata para salarios está garantizada por los subsidios nacionales y que incluso las empresas cobraron los fondos para dos cuotas salariales de 1.000 pesos, que aún no fueron abonadas a los trabajadores.

El gobierno kirchnerista ahora pretende hacer gala de "progresista" por respetar la baja de la tarifa. Sin embargo, ha premiado a las empresas con un nuevo subsidio que irá a caer en saco roto. No se conoce el destino de estas cifras millonarias que manejan las empresas junto a la burocracia sindical. Y, para peor, las empresas reclaman una suba a 4 pesos, que ya fue respaldada públicamente por el secretario de Transporte Provincial. El gobierno quiere estabilizar la tarifa para evitar costos electorales, y luego convocar a una audiencia pública para "blanquear" el aumento.

Ha entrado en crisis en el Chaco el mismo trío de intereses que provocó las masacres de Once, Castelar y Flores y el asesinato de Mariano Ferreyra, como resultado de un brutal ajuste que se quiere imponer sobre la población trabajadora.

El Partido Obrero realizó una extensa campaña en los medios y la calle planteando: abajo el acuerdo entre las empresas, la burocracia y el gobierno. Que las empresas abran los libros de cuentas a comisiones obreras de control electas democráticamente. Abajo el ajuste contra los choferes. Fuera la burocracia sindical pro-patronal y empresaria. Con estos planteos, llamamos a reforzar el voto por el ingreso de Aurelio Díaz a la Legislatura para enfrentar a los dos bloques del ajuste.