La renuncia de Horacio Tarcus como subdirector de la Biblioteca Nacional encolumnó detrás suyo a buena parte del mundillo intelectual, a la más encumbrada rosca académica y a los aspirantes a sucederlo. La receta de Tarcus —privatista y flexibilizadora, contra una biblioteca abierta, contra el salario, contra los trabajadores, contra las organizaciones sindicales y favor de que Google digitalice la Biblioteca— fue aplaudida por la mayoría de la intelligentsia local que posa de progresista.

 

En su largo diagnóstico de la institución (después trascendió que el “respetado archivista” se había copiado en parte de un diagnóstico viejo sobre la Biblioteca Nacional… de España), Tarcus acusó a su director, el peronista Horacio González, de convertir la biblioteca en un centro cultural y en una editorial, de obstruir la digitalización, de cogobernar con los sindicatos y de invertir el presupuesto para aumentar sueldos. Dijo que los trabajadores consideran que “el sueldo proveniente del empleo público es una suerte de seguro básico que no obliga a contraprestación laboral alguna”, que “el 75% no tiene calificaciones profesionales; el ausentismo araña el 30%” y que es “muy débil el control de permanencia del personal en el puesto de trabajo”.

 

La digitalización que dirigió Tarcus, en cambio, la hicieron (con el aval de González) pasantes universitarios con sueldos de 380 a 450 pesos. Los propios pasantes denunciaron que “se trata de un trabajo precario (…) que constituye un fraude laboral, pues ha funcionado como mecanismo de contratación encubierta” y supone “por un lado, el abaratamiento del costo laboral (salarial), y por otro, el debilitamiento de los cuerpos gremiales y sindicales” (ver carta de los pasantes de la Biblioteca Nacional, en PO N° 977).

 

En la Biblioteca, efectivamente, aumentaron las actividades culturales gratuitas, se está editando una excelente colección, Los Raros, de autores argentinos inencontrables, y se publicó, después de años, un número de la revista histórica de la institución. Este modelo “abierto” se contrapone al de biblioteca reservada a académicos e investigadores que, ya en 2000, Francisco Delich intentó imponer restringiendo el ingreso de estudiantes. Muchos de los que hoy apoyan a Tarcus apoyaron entonces a Delich. El enojo porque la Biblioteca edite fue explicado por Andrés Gorelik: “La Biblioteca, junto con la Secretaría de Cultura, podría entregar subsidios a las editoriales nacionales para que reeditaran a los clásicos, ¿por qué lo tiene que hacer la Biblioteca?” (Página/12, 17/1).

 

El retraso de la digitalización es histórico. La mayor parte del patrimonio (libros, folletos, documentos, revistas, manuscritos, partituras, mapas, fotografías, grabados, dibujos, obras antiguas resguardadas en el Tesoro) no está inventariado sino disperso en 77 bases de datos. Esto no sólo lo vuelve inhallable; es, además, una convocatoria al robo por encargo. Y las denuncias aparecen periódicamente.

 

González también tiene amigos, que en otra solicitada avalaron su gestión, quienes señalaron que el debate gira sobre un falso eje “tradición vs. modernización” y refutaron que “la Biblioteca esté atravesando un momento sombrío”.

 

Unos y otros se abstuvieron de incluir entre sus consideraciones un informe reciente —y lapidario— de la Sigen sobre la Biblioteca: “La carencia de un registro actualizado de los bienes culturales, los débiles controles en los procedimientos que aseguren su custodia y acrecentamiento, y las deficiencias en las condiciones físicas para la conservación alertan sobre riesgos de magnitud. No hay reclamos a las editoriales, que deberían entregar un ejemplar de cada obra publicada en el país. Los depósitos no cuentan con las condiciones ambientales requeridas. Faltan elementos y materiales de uso cotidiano esenciales para el resguardo del patrimonio cultural. Falta un registro confiable y seguro para el control interno sobre el material que ingresa y egresa en concepto de donaciones. Faltan adecuados sistemas computarizados para atender áreas críticas como son Patrimonio y movimiento de material bibliográfico” (Clarín, 11/1). Porque hay algo que une a tirios y troyanos, a Tarcus y a González: ninguno va a incomodar al gobierno pidiendo más presupuesto.

 

González se va en promesas, pero desliza una perlita: “El subdirector pensaba que era posible aceptar con liviandad el proyecto Google para hacerse cargo de toda la bibliografía latinoamericana”. Tarcus reconoce esa gestión. El control de Google sobre enormes bibliotecas a cambio de digitalizar su patrimonio ha sido denunciado como un intento de monopolizar la administración del conocimiento y un reforzamiento de “la hegemonía de EEUU y de la lengua inglesa” (La Nación, 17/1).

 

El kirchnerismo ha virado a González cada vez más hacia la derecha (se opuso a la elección directa del rector en Sociología, firmó la solicitada con los alterinistas contra la Fuba). Pero Tarcus es un canalla que fundó y regentea el Cedinci, el mayor archivo y biblioteca sobre socialismo, anarquismo y marxismo del país, nutrida por las donaciones de viejos militantes y activistas sindicales. Ya sabemos cómo los trataría el ahora ex subdirector de la Biblioteca Nacional.