Las interrupciones en el servicio de electricidad y las bajas de tensión se repiten reiteradamente por todo el sur del gran Buenos Aires. El 10 de agosto el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) anunciaba que, en el distrito de Esteban Echeverría, uno de los más afectados, había unos 1.600 usuarios con problemas de tensión y sin suministro desde hacía 72 horas.

Los piquetes y el repudio popular a los constantes cortes de luz por responsabilidad de Edesur se han replicado por todo el municipio. Es sentido el malestar de los vecinos a los que no se les garantiza un servicio básico esencial.

En este marco, el intendente Fernando Gray ha planteado -junto a otros jefes comunales del Conurbano- que se le quite la concesión a Edesur. El municipio denuncia que la concesionaria incumplió la construcción de una subestación eléctrica y que se ha beneficiado con los tarifazos durante la era Macri. A su vez, la empresa responde que el municipio no realizó obras de tendido eléctrico en los barrios populares de la zona.

Las responsabilidades compartidas nos muestran ambas caras de una misma moneda. Se trata de una continuidad privatista desde el menemismo hasta la actualidad garantizada por los sucesivos gobiernos. Se trata de un saqueo fenomenal con ganancias millonarias para estos grupos capitalistas. Tan solo en 2019, Edesur reportó ganancias por $12.600 millones de pesos, un 168% más comparado con el 2018. Ahora con el congelamiento tarifario la empresa admite haber reducido las inversiones durante el primer semestre en un 52% producto de la caída de sus ingresos, lo cual constituye un elemento de extorsión para forzar el descongelamiento de las tarifas. Por su parte, el gobierno nacional se apresta a habilitar un aumento en los combustibles.

Los intendentes que acusan a la empresa de haberse beneficiado de los tarifazos de Macri encubren su propio tarifazo: se trata del cobro del alumbrado público dentro de las boletas de luz. Aprovechándose de la desinformación y la necesidad del usuario de pagar la factura para no quedarse sin servicio, los intendentes utilizan este mecanismo nefasto para hacerse de la recaudación del impuesto, a sabiendas de que dicho gravamen municipal es cobrado nuevamente en rentas.

En la agenda del gobierno no se encuentra la quita de la concesión y menos aún su estatización sin pago, toda esta asonada se limita a una actitud meramente declamatoria para descomprimir la bronca de la población. Por eso, impulsemos una gran campaña por la nacionalización de Edesur y toda la industria energética para acabar con este saqueo y hacer llegar el servicio a cada familia trabajadora y en forma eficiente. Que se abran los libros contables de la empresa y se aplique un impuesto extraordinario al capital para constituir un fondo especial para la inversión y mantenimiento del sistema eléctrico vaciado por las privatizadas.