28/04/2016 | 1408

La crisis es política, no judicial

Detener a CFK ¿y a cuántos más?


El juez Casanello ha ordenado allanar las propiedades de Lázaro Báez en Santa Cruz, para recuperar los activos que serían resultado de las operaciones de lavado de dinero. Si se avanza a la detención de alguno de los hijos de Báez, podría  quebrarse el pacto de silencio que se ha impuesto el empresario K hasta el momento. Las acusaciones podrían involucrar a CFK y a su hijo, pero también al conjunto de empresarios involucrados en los doce años de gobierno “nacional y popular”.


 


La decisión de Casanello fue literalmente exigida por las corpos mediáticas que hoy sostienen al gobierno. Cierto que el juez no avanzó en la detención de los hijos de Báez.


 


A partir de la súbita agilidad de los jueces federales -el mismo Casanello fue apodado “tortuga” por su renuencia a intervenir en casos que involucraban al clan gobernante, mientras CFK estaba en la Casa Rosada-, se ha difundido la creencia en una suerte de “cruzada anticorrupción” organizada desde el Estado. El espejo sería Brasil. Pero, como allí, los jueces y actuales oficialistas que reclaman “manos limpias” están completamente enlodados por el desfalco de las arcas públicas en beneficio de camarillas capitalistas. Lo que frena hoy la mano de Casanello u otros jueces en el avance hacia las causas que podrían significar el encarcelamiento de CFK y de su círculo de poder no es la deliberación en la Justicia, sino la crisis política. La ex presidente fue citada por la menor de las causas en las que está involucrada y no por las causas abiertas que podrían llevarla rápidamente a prisión. Es una muestra del desconcierto que impera en el gobierno sobre cómo actuar. “En este punto, De Vido ya avisó que el amigo del alma de Mauricio Macri tuvo más obras licitadas en su favor que Lázaro Báez y la lista de los que se beneficiaron con los contratos de dólar futuro compromete a medio gabinete del actual gobierno” (Perfil, 19/4).


 


¿Hasta dónde llegar? El propio Lorenzetti que hoy sería el adalid de la “independencia de la Justicia” fue denunciado por Carrió por el pacto con el gobierno CFK en torno de la ley de Medios a cambio de “la caja” para la Corte.


 


Por su parte, Cristina Kirchner ha respondido al cerco judicial convocando a una “unidad” del FpV que no saque los pies del plato. Quien ofició de vocera de la reunión de CFK con los senadores no dejó dudas: “no hubo cuestionamientos” hacia los senadores que no fueron a la reunión y votaron en masa el pacto buitre. “La unidad del bloque es intocable” porque éste “es un nuevo tiempo, no hay blanco o negro” (El Cronista, 22/4).


 


La “unidad” cauciona a los parlamentarios y gobernadores que apoyaron al gobierno de MM y a la lista de unidad que encabezaría al PJ, cuyas máximas cabezas -Gioja y Scioli- actuaron en apoyo al arreglo con los fondos buitre.


 


El operativo “moralizante” choca con el involucramiento de toda la clase capitalista en la quiebra nacional. Mientras tanto, sirve para extorsionar a los K para que aporten a la gobernabilidad de los buitres, los despidos y los tarifazos. 


 

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