La provincia está convulsionada. El atraso en el pago de los salarios provinciales y municipales ha desatado la furia de los trabajadores.

Cuando estamos a mitad de mes, ningún judicial, empleado de la Cámara y muy pocos de las empresas de servicios públicos y Fomicruz han cobrado sus haberes. Tampoco los municipios del interior. Resta cobrar cerca de un tercio de los docentes.

En cada localidad se desarrollan procesos de organización y movilizaciones que tienen su eje en la Mesa de Unidad Sindical. Estas mesas locales suman creciente cantidad de organizaciones sindicales. En Caleta Olivia, a los cacerolazos convocados por la mesa se han sumado movilizaciones de miles de municipales. El cuerpo de delegados del Soemco obligó al dirigente Julián Carrizo a avanzar con los paros y a participar del cacerolazo de la Mesa de Unidad Sindical. Este hombre era hasta hace poco la pieza clave del gobernador para desactivar las luchas.

En Los Antiguos se hizo comparecer al intendente a una asamblea; interpelado duramente por los trabajadores, echó todas las culpas al gobernador y a las gestiones municipales anteriores de las que él mismo fue partícipe. El Concejo Deliberante de aquella localidad tratará una declaración de emergencia; hemos propuesto la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos.

En la cuenca carbonífera de Río Turbio se ha conformado una mesa de unidad que incluye al Partido Obrero.

En Truncado y Las Heras también se han desarrollado los cacerolazos con gran acatamiento a los paros.

En El Calafate hubo una gran marcha, unas 500 personas, en el marco de un paro docente y hospitalario total, al que se sumó vialidad.

En la capital, el cacerolazo del jueves fue muy superior al del lunes, a pesar del intenso frío, viento y lluvia. Además, Luz y Fuerza, bajo la presión de un activismo que va ganando en protagonismo, realizó asambleas y movilizaciones con sus camiones, mientras mantiene paralizada la empresa junto a la comisión provisoria del gremio de Obras Sanitarias (esta última sumada ahora a la Mesa de Unidad Sindical).

Las cooperativas, pequeñas empresas o contratados municipales que realizan la limpieza de las escuelas cobran un mes y medio mas tarde y van de paro en paro. Se han perdido muchos días de clases por este tipo de paros y por las condiciones edilicias (el Estado no paga el mantenimiento).

En los hospitales faltan insumos esenciales, médicos y especialistas.

El Estado no entrega un tercio de los aportes legales a la Obra Social. Esta caja lleva intervenida más de 21 años, porque sus ganancias financian el déficit corriente.

Los municipios dependen de los "aportes para déficit". La Cámara de Diputados votó una ley para asegurar ese flujo de fondos, que fue vetada parcialmente por Peralta.

La Cámara ha aprobado la gestión de créditos con el Banco de la Nación, pero las tratativas se demoran y el dinero no llega.

Repsol (Eskenazi) había realizado adelantos de regalías el año pasado, que ahora descuenta; la "nueva YPF" no ha cambiado esta situación.

Se ha anunciado la baja de los dos mil planes de 1.840 pesos (con una contraprestación de cuatro horas) en la zona norte de la provincia. El intendente de Caleta, José Córdoba, descalificó públicamente a la ministra de Gobierno y le dijo a los beneficiarios que los planes van a seguir.

El subjefe de policía de zona norte entregó las llaves del Sindicato Petrolero a la burocracia de Segovia, que había sido desautorizado por CFK, luego de que ocupara la sede; le han iniciado sumario al jefe policial.

Apareció una boleta de 60.000 pesos de una vinería de la capital, para "gastos de la residencia del gobernador". El ministro del área denuncia una maniobra contra Peralta.

El gobierno ordenó el pago segmentado de los salarios, pero el Tribunal Superior de Justicia desestimó esta orden y decidió no pagarle a nadie hasta recibir todos los fondos. Enseguida planteó una queja que puede ser causal de juicio político.

Las añoranzas de Cristina

Cristina ha responsabilizado a todos los gobernadores que siguieron a su marido, por haberse gastado los famosos fondos de Santa Cruz en "aumentos desmedidos". Peralta admitió que esa plata ya está gastada. No aludió al vaciamiento provocado por los contratos leoninos en beneficio de las constructoras y otras contratistas del Estado, encabezadas por Lázaro Báez y otros amigos del poder K. Tras cartón restituyó las áreas quitadas a YPF.

Cristina reivindicó los años '90, en los cuales "El" gobernó la provincia "con mano de hierro": tres cuartas partes de los sueldos en negro, presentismos extorsivos, miles de planes por servicios, durante 14 años, por 350 pesos. Sin paritarias, con la Caja de Servicios intervenida. Represión a organizaciones sindicales importantes como el sindicato Santa Cruz de Luz y Fuerza. Golpeando con patotas oficialistas a los manifestantes del cacerolazo de 2002. Recortando salarios y asignaciones familiares tantas veces como asomaba alguna crisis fiscal. Todo esto, mientras ignoraba por completo cualquier acción relacionada con los derechos humanos (no se pronunció contra los indultos). Privatizando el banco de la provincia (después de fundirlo). Impulsando la privatización del petróleo y el gas. Reformando dos veces la Constitución Provincial (1994 y 1998) para asegurarse la reelección indefinida y organizando un régimen político por pueblo, que le asegura mayorías absurdas en la Legislatura (Hoy es 22 a 2, con el 54% de los votos). Copando el Poder Judicial; rechazando la reincorporación del procurador, ordenada por la Corte. Organizando por fin todo tipo de negociados y amasando una fortuna familiar.

Esta reivindicación del régimen provincial K, en los '90, representa la salida que CFK está buscando armar ahora a nivel nacional.

¿Adónde va Santa Cruz?

Como ha ocurrido otras veces, Santa Cruz anticipa la crisis nacional.

Peralta desmiente cualquier posibilidad de renuncia, pero su gobierno está paralizado y la disputa por sus despojos arrecia.

Por abajo, en la semana que se inicia continuarán los paros. Todo indica que en los primeros días de junio, cuando se deben pagar sueldos y aguinaldos, puede haber un estallido general.

La Mesa de Unidad Sindical debe convocar a un congreso de delegados con mandato para ofrecer un programa de salida y una alternativa política de los trabajadores.