La sensación generalizada es que en Tucumán no hay gobierno, y que la Operación Rescate llegó para llenar ese vacío político y arbitrar una salida en la crisis provincial, evitando que una rebelión popular pueda reeditar las jornadas del 19 y 20 de diciembre en Tucumán. Es claro que quienes vienen a arbitrar, están envueltos ellos mismos en una crisis terminal; de allí sus profundas limitaciones para poder lograr su cometido.

 

Rescate, las pelotas

La crisis social está brindando nuevas oportunidades para hacer negocios y atacar a los trabajadores. Por un lado, se anunció que el gobierno provincial va a contratar clínicas y sanatorios privados para atender el exceso de pacientes en hospitales públicos. Esto ha llenado de euforia a los capitalistas que lucran con la salud, porque ahora lo van a poder hacer incluso con los indigentes utilizando los dineros públicos. Por otro lado, Chiche llegó con una delegación de 120 médicos y personal que cobrará 250 pesos por día, cuando un médico tucumano cobra en un hospital público 450 pesos por mes y una enfermera no llega a 200 pesos, lo cual ha dado lugar a que se realizaran asambleas en todos los hospitales denunciando estos hechos. La asamblea de médicos del Hospital Padilla (el mayor de Tucumán) se pronunció reclamando “que se vayan todos”. Mientras la provincia es sacudida por una crisis sanitaria, en este momento sólo hay 200 agentes sanitarios, 100 de ellos son permanentes y los otros 100 contratados bajo un plan denominado “Arbol II”, a los que se les adeuda más de 5 meses de sueldos. Se señaló que se pretende incorporar 200 agentes provenientes de los beneficiarios del plan Jefes y Jefas y que recién se los está capacitando; incluso se ha planteado extender la jornada del personal hospitalario.

La intervención del Ejército en la administración de los recursos sociales ha desatado a su vez el pataleo de quienes reclaman que la administración de los fondos tiene que pasar a manos de Caritas o de algunas ONG. El diputado nacional de la UCR, Carlos Courel planteó sin tapujos la privatización de la ayuda social.

 

Derrumbe gubernamental

La crisis política ha llegado a un punto terminal. Miranda está procurando llegar a una salida negociada con el gobierno nacional. A cambio de mantener su alineamiento con el plan político del duhaldismo, procura que éste garantice que las causas judiciales que jaquean a su gobierno se paralicen y se desvíen detrás de algunos perejiles. En este marco, un sector del gabinete está planteando que se adelanten las elecciones de gobernador para el 27 de abril, y así camuflar una renuncia anticipada.

Frente a este planteo desde el Ari, un sector del Pj liderado por el diputado nacional Ricardo Falú, y el bussismo, han reflotado en el Congreso el pedido de intervención federal, o sea que se convoca a los corruptos y hambreadores de la Rosada a hacerse cargo de eliminar el hambre y la corrupción en Tucumán.

Un tercer planteo, fogoneado por un conjunto de organizaciones civiles (ONG, grupos cívicos, personalidades) reclama el juicio político a Miranda. Pero este planteo sólo cuenta con el apoyo de una minoría de la Legislatura (Pueblo Unido, Ucr, Socialistas, un sector del Pj) por lo cual no logró sortear la Comisión de Asuntos Constitucionales.

 

Hay que echarlos e imponer una Asamblea Constituyente con poder

Ante la catástrofe política y social, no hay otra salida que echarlos, como el 19 y 20 cuando el pueblo no esperó y echó a De la Rúa y Cavallo. Pero para evitar que esa lucha sea usurpada por un Duhalde tucumano, y todo siga igual o peor, es necesario imponer una Constituyente con poder, para fijar un impuesto de emergencia a las citrícolas e ingenios que se están llenando los bolsillos mientras los hijos de los limoneros y de los azucareros se mueren de hambre; para poner todo el sistema sanitario bajo control de los trabajadores y el personal médico; para realizar en forma inmediata las obras que están señalando los especialistas a fin de evitar las catástrofes que van a provocar las próximas lluvias. En definitiva, para poder garantizar el pan, el trabajo, la educación y la salud del pueblo, para que la crisis la paguen los chupasangre de toda la vida, los oligarcas, los banqueros, es necesario una Constituyente con poder.