Casi todos los gobernadores han hecho llegar al gobierno nacional los listados de actividades que buscan rehabilitar en el marco de la llamada “cuarentena administrada”. Según anunció el jefe de Gabinete, Santiago Caffiero, ya a partir del lunes comenzarían a regir las flexibilizaciones al aislamiento obligatorio en el interior del país, permitiendo el comercio minorista en numerosos rubros y otras actividades.

Incluso en el interior de la provincia de Buenos Aires podría decretarse una apertura casi plena, en función de la “cuarentena focalizada” por la que presiona Axel Kicillof. En base a un esquema de “semáforos”, alrededor de un centenar de distritos bonaerenses tendrían luz verde o amarilla para reactivar el movimiento.

Estamos ante una cesión a la presión que ejercieron en conjunto las patronales y la burocracia sindical. Así es que ya en estos días fueron sumando avales numerosas empresas, mientras que muchas otras incumplieron los decretos de la cuarentena y citaron a los trabajadores para volver a producir. Esto vale inclusive para grandes plantas industriales del Gran Buenos Aires (el área crítica), donde por ejemplo la multinacional Mondelez siguió produciendo para exportar; pero también para el interior del país con el caso los pulpos mineros o grandes empresas como Aluar, que siguieron operando para sus negocios de exportación –mientras atacan el salario de los trabajadores.

Si bien desde el gobierno reconocen que el Conurbano presentaría un cuadro “mucho más complejo”, en palabras de Caffiero, la inclusión de varios rubros a la lista de esenciales cuestionará fuertemente las limitaciones a la circulación, como se evidenció en el amontonamiento de gente en el Ferrocarril Sarmiento de los últimos días. El Sutna ha puesto de manifiesto, en el caso de la industria del neumático, que no se trata de áreas en absoluto esenciales, y plantó bandera en defensa de la salud de los trabajadores. Lo único esencial para el gobierno es proteger las ganancias de los capitalistas, que a la postre se valen de la crisis para imponer despidos, suspensiones y reducciones salariales en ramas enteras de la industria.

Las consecuencias de esta apertura pueden echar por la borda rápidamente el carácter “administrado” de la salida de la cuarentena. Es lo que mostró el millón de jubilados que se agolpó frente a los bancos a principios de mes para cobrar sus haberes, revelando la ausencia total de planificación y la exposición de la salud de los trabajadores. Habrá que seguir de cerca lo que suceda en los locales de cobro de servicios, que volverán a abrir sus puertas desde el lunes, luego un lobby abierto de las privatizadas y la cámara de las empresas de cobranza.

Por otro lado, ante la inexistencia de controles que obliguen a las empresas a garantizar medidas preventivas de seguridad e higiene, la aparición de casos positivos de coronavirus en la industria puede hacer estragos rápidamente. Un anticipo preocupante de esto lo tenemos en el crecimiento de contagios entre los trabajadores de los supermercados y mayoristas, que tienen grandes concentraciones de empleados.

El grado de informalidad de la economía argentina, que sufre en carne propia más del 40% de los trabajadores del país, es otro elemento a tener en cuenta para ver la precariedad de todo “seguimiento estricto” en la reactivación.

La contracara de esta flexibilización es la “focalización”, es decir allí donde seguirá vigente la cuarentena obligatoria. Por un lado, habilitar nuevas ramas de la actividad económica se contrapone con mantener a determinados barrios y zonas en aislamiento total, porque los trabajadores deberán salir para ir a sus lugares de trabajo. Por otro lado, la formación de una suerte de ghettos en las barriadas de la Capital y el Conurbano agravará una situación social que se está volviendo insostenible. La escasa asistencia alimentara y sanitaria convierte al Área Metropolitana en una olla a presión.

El recule del gobierno hacia una salida temprana del aislamiento social cuando se está lejos de llegar al pico de infectados es el preludio de un desastre. Un equipo interdisciplinario de especialistas de Río Negro calculó recientemente que la diferencia entre el ritmo de contagios entre una cuarentena estricta y una “administrada” puede llegar a ser del 600%. Además, el hecho de que con una curva “controlada” de contagios haya hospitales y clínicas enteras en situaciones críticas por la falta de protección al personal que termina contrayendo el virus (se registran ya casi 400 trabajadores de la salud con coronavirus), es un lúgubre antecedente del colapso sanitario que se avecina.

Solo el control popular de la cuarentena puede garantizar que únicamente funcionen las actividades realmente esenciales; que se prohíban los despidos, suspensiones y rebajas salariales; y una asistencia efectiva a las barriadas de la mano con un seguro de 30.000 pesos a los parados. Ello, conjuntamente con la centralización del sistema de salud y un aumento presupuestario para hacer frente a la crisis sanitaria.

El obstáculo para enfrentar la pandemia no es otro que el dominio del capital sobre la vida social. El gobierno vuelve a capitular ante los “miserables”.