Uno de los columnistas del gobierno, en Página/12, anuncia que, a pesar de las trabas legales hacia la Ley de Medios “es incuestionable que comienzan a verse los resultados de la norma” (Washington Uranga, 25/4). En todo el artículo no menciona un solo ejemplo de cómo puede verse ese resultado en la pantalla.

Resultaron proféticas las palabras de Jorge Capitanich, gobernador de Chaco y miembro del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), quien había dicho hace casi un año que “toda la ley es aplicable, excepto los artículos 42 y 161” (enciclomedios, 30/6/2010). Esos dos artículos son los que exigen el desprendimiento de licencias por parte de los multimedios.

Como se ha advertido oportunamente en estas páginas, el articulado de la ley que se presenta como “democratizador del espectro radioeléctrico” (la división de las frecuencias en tres partes, una para el Estado, una para el mercado y otra para las organizaciones sin fines de lucro) es un saludo a la bandera, pues en primer lugar necesita la aplicación del artículo 161 y, por otro, porque no asegura el sostenimiento financiero del tercio sin fines de lucro, y porque si dichas licencias se las dan a las burocracias de los gremios, por ejemplo, es la misma voz que la del Estado.

El principal impedimento para la aplicación del artículo 161 es el propio kirchnerismo, que en 2005, con el decreto 527, suspendió el vencimiento de las licencias de los monopolios por diez años -el principal argumento de la Justicia para no aplicar la des-monopolización. “¿Cómo vienen a sacarnos las licencias si hace seis años nos las dieron?”, se retoban las empresas de contenidos.

En definitiva, la aplicación de la Ley de Medios y con ella la democratización del mensaje, es la gran ausente en la política de medios oficial. El oficialismo ha desarrollado incluso, con capitales brasileños y japoneses, la propuesta de la TDT (televisión digital terrestre), otorgando licencias sin concurso, para compensar el poco futuro que le ve a la “ampliación de propuestas mediáticas” desde la ley.

Lo que está presente y no es ningún espectro es el actual conflicto con los trabajadores de Telefé (han sido despedidas 100 personas y al resto se les quitó el derecho a percibir horas extras), la adquisición de Crónica TV por parte del Grupo Olmos (vinculado con la burocracia de la UOM) y, sobre todo, la posición hegemónica de los grupos de telecomunicaciones. En palabras incluso de intelectuales que simpatizan con el gobierno y con la ley: “La Secretaría de Comunicaciones, la Secom y la CNC fueron, son y siguen siendo absolutamente cooptadas por los principales operadores, que son, hoy por hoy, Telefónica de España y Telmex, es decir, Claro y Telefónica-Telecom” (Martín Becerra, 21/3, plazademayo.com).