Políticas

5/1/2005|883

La demolición de la ex cárcel de Caseros, un negociado


“Los vecinos se opusieron a la voladura de la cárcel de Caseros”, tituló La Nación.


 


Es que más allá de algunos ñoquis aportados por algún puntero menemista reconvertido al kirchnerismo y de los empleados del CGP 4, fueron muy pocas las voces que apoyaron el proyecto del gobierno.


 


Del otro lado, el arco fue totalmente mayoritario: arquitectos, ingenieros, trabajadores de los hospitales de la zona, asambleistas, organizaciones vecinales, ecologistas, vecinos independientes, algunos con las firmas de todo su edificio de departamentos, los partidos de izquierda del barrio rechazaron el negociado de la demolición, armado por Ibarra con el Ejército, y con los pulpos inmobiliarios y empresas constructoras en torno al destino ulterior de los predios.


 


Los vecinos y trabajadores denunciaron la inexistencia de estudios serios sobre el impacto ambiental, la no convocatoria a organismos independientes, como la UBA, para determinar los riesgos existentes y el ocultamiento y manipulación de los datos… Se ocultó la información sobre el conducto de Aguas Argentinas que pasa por debajo de la cárcel y lleva el agua a buena parte del sur del Gran Buenos Aires, o la cercanía de la napa freática, que podría desbordar al recibir el peso de las miles de toneladas de hormigón armado de la mole de los edificios de la cárcel. También se denunció enfáticamente, sobre todo por parte de los compañeros de los hospitales, el riesgo de vida que esta explosión engendraría para los pacientes internados, o para las personas del barrio con cuadros asmáticos o de inmunodepresión, por la dispersión del hongo aspergylius. Esto, sobre todo en hospitales que, como el Garrahan, son inevacuables o, como el Udaondo y el Muñiz, presentan ya un importante grado de deterioro. Brillaron por su ausencia las autoridades de los hospitales. La demolición mecánica puede abrir cientos de puestos de trabajo para los desocupados del barrio.


 


Fue aplaudida la intervención del compañero Ramal, que denunció la tozudez del gobierno en persistir con este proyecto ampliamente repudiado, explicando que ello obedece a la necesidad de salvar el pacto entre Ibarra y el Ejército, cuantificado en millones de pesos ya percibidos por las FFAA para realizar la “implosión”. En nuestra intervención destacamos que este proceso privatiza la tierra pública, y fue iniciado por un gran coimero de la época del gobierno de De la Rúa, el ex secretario de Obras Públicas García Espil, y continuado por el ibarrismo.


 


Hagamos respetar la verdadera opinión de los vecinos convocando a un plebiscito sobre los dos temas: método de demolición y destino de los terrenos.