En menos de un mes, un reguero de renuncias y destituciones ha terminado con una parte importante del gabinete de Aníbal Ibarra. Primero fue el subsecretario de Vivienda, Jozami. Casi simultáneamente renunció el secretario de Justicia y Seguridad, el delarruista Suárez Lastra. De inmediato, Ibarra anunció que “la Secretaría que conducía (Suárez Lastra) dejará de existir” (Página/12, 21/3). Dos semanas después, ingresaba en la “picota”, en primer lugar, el propio subsecretario de Justicia Agustín Zbar, a raíz de “su relación con el estudio de abogados que defiende a McDonald’s en el caso de las hamburguesas en mal estado” (Noticias Urbanas, 8/3). Simultáneamente, un juez de instrucción dictaba el procesamiento del secretario de Obras Públicas, Abel Fatala, del “riñón” de Aníbal Ibarra, por “presuntas irregularidades en el uso de fondos para remodelar su despacho” (ídem). La causa de Fatala sería la “punta” de un amplio espectro de negociados con contratistas de la Ciudad. El más importante de ellos es el de la renovación directa (sin licitación) de los servicios de recolección de residuos, que implicarían un sobreprecio de 80 millones anuales a favor de las concesionarias. Aunque el PJ ha denunciado estas contrataciones directas, no dice que las mismas fueron legalizadas con la “emergencia económica” sancionada en diciembre pasado, que habilita a contratar sin licitar.

Default económico

El telón de fondo de este desbarranque político es la quiebra de la Ciudad, que se manifiesta, en primer lugar, en la caída de la recaudación impositiva (29% en el primer bimestre de 2002 respecto del 2001). El gobierno no pudo cumplir con el pago de intereses por 14 millones de dólares del bono Tango, emitido por De la Rúa en 1997 por un monto de 500 millones de dólares, más otra emisión de 100 millones en el 2000. Los Tango se emplearon “para cancelar deudas varias y para capitalizar el Banco Ciudad” (La Nación, 11/4). Fue con esta deuda que se construyó luego la imagen de “una ciudad y un banco financieramente sanos”, que ahora se viene abajo. Sólo en el curso del 2002, la Ciudad debe cancelar 45 millones de dólares del cupón de la renta de los Tango, lo que, al tipo de cambio actual, implica un 5% de la recaudación impositiva prevista para el 2002 en la Ciudad.

La renegociación de los títulos será, con seguridad, la antesala de otra crisis política, pues los colocadores de los títulos “piden que la Ciudad cuente con una ley que autorice la renegociación” (Ambito, 10/4). En definitiva, los banqueros exigen que la Legislatura le otorgue al Ejecutivo porteño un cheque en blanco.

Demolición

Asistimos a la demolición del régimen político en la Ciudad, o sea a la posibilidad de la caída de Ibarra. La “reestructuración” de Vivienda ha puesto fin a cualquier pretensión de urbanizar o realizar proyectos de viviendas populares, para suplantarlas por la “promoción social” de los desalojados. La liquidación del área de Justicia termina con los proyectos de autonomía policial o judicial. La Ciudad no tiene siquiera presupuesto legalmente sancionado: Ibarra maneja los recursos con los superpoderes otorgados en diciembre por la Legislatura. El gobierno “autónomo” de la Ciudad “autonóma” ha terminado como una agencia porteña del gobierno fondomonetarista de Duhalde y Remes. La Ciudad también necesita “que se vayan a todos”: que se disuelvan los poderes existentes y se convoque a una Asamblea Constituyente soberana, que reorganice a la ciudad de Buenos Aires desde el punto de vista de los intereses de sus trabajadores y vecinos.