“¡Asesinos! ¡Asesinos!”. El grito con que la población de Ramallo despidió a los policías que fusilaron a los rehenes del Banco de la Nación no sólo es una muestra del enorme repudio popular a la ‘maldita policía’ de Duhalde. “¡Qué Ruckauf venga a dar la cara!”, reclamaban también los vecinos. El odio popular golpea a todo un régimen político que apañó, protegió y se asoció a los criminales ‘negocios’ de ‘la bonaerense’.

Cuando los cadáveres de las víctimas todavía estaban tibios, Duhalde, Patti, De la Rúa y Corach salieron a adjudicar lo sucedido en Ramallo a la “impericia” y “falta de profesionalidad” de la policía. Lo mismo dijeron distintas fuentes policiales, argumentando que los (ahora disueltos) “grupos GEO” no serían, en verdad, fuerzas de élite.

¿Impericia? No. En Ramallo hubo ‘gatillo fácil’, el mismo que sufrieron Bru, los chicos de Dock Sud y de Budge y muchos otros. Como tantas otras veces, se intentó presentar como un “enfrentamiento” lo que fue un fusilamiento. Tanto la esposa del gerente asesinado como testigos presenciales coincidieron en señalar que “desde el auto no tiraron” (Clarín y Página 12, 18/9). En la TV se observa claramente cómo se le pega un ‘tiro de gracia’ a uno de los ocupantes del auto (¿un rehén, un ladrón?) cuando ya el vehículo estaba detenido. Como ya ha sucedido hasta el cansancio, se intentó presentar el asesinato a sangre fría de un detenido como un ‘suicidio’: el preso Saldaña estaba molido a golpes y, según versiones, ‘se habría quedado’ cuando era sometido a torturas.

El odio popular contra la policía de Duhalde se explica porque en Ramallo se repitieron los métodos con que, en forma diaria, cotidiana y sistemática, la ‘bonaerense’ reprime a millones de trabajadores y explotados en la provincia. Los “grupos GEO” y los “Halcones”, ahora sindicados como principales responsables de la masacre, son los que se utilizan habitualmente para reprimir manifestaciones populares y cortes de ruta, para hacer razzias en las villas y hasta para reprimir a las hinchadas en los partidos de fútbol.

Ha quedado al desnudo la famosa ‘mano dura’ que reclaman Ruckauf y Patti. Se ha demostrado que los ‘grupos especiales y profesionalizados’, como aquellos delante de los cuales desfila De la Rúa en su publicidad, son bandas asesinas.

¿Un nuevo golpe de Estado?

Hace poco más de un mes se montó un golpe de estado para echar a Arslanian del Ministerio de Justicia provincial, promovido por los intendentes del PJ, Ruckauf, el comisario Rodríguez y el ex juez Piotti. Impusieron el nombramiento de Osvaldo Lorenzo, un hombre con aceitados lazos con los comisarios de la ‘maldita policía’, los que fueron inmediatamente reincorporados.

En aquella oportunidad, en Prensa Obrera (N° 635) reprodujimos las declaraciones de un comisario en actividad, citado por Página 12 (6/8), que anticipaban la masacre de Ramallo: “Vamos a ver mano dura de apuro. Se pondrán varios buchones de la fuerza a armar algunas banditas, harán dos o tres robos y los cagarán a tiros (…) con dos o tres ejemplos resonantes, en plena campaña electoral, se va a causar buena impresión. Después tiene que venir la plata y más cuerda para movernos como antes”.

Numerosos indicios apuntan en esta dirección: que los ladrones serían ‘buches’ de la policía (La Nación, 19/9); que hubo ‘zona liberada’ (ídem, 20/9); que “alguien les habló de que allí iban a encontrar mucho dinero (…) los chicos fueron inducidos” (una fuente judicial no identificada en Página 12, 20/9); las evidencias de una “evidente connivencia entre policías y ladrones” (denuncias de varios diputados, no desmentidas por Duhalde); que después hubo “una encerrona” (ídem). Lo que vino después —el fusilamiento, el ‘suicidio’ de Saldaña y las amenazas de bombas al hospital donde estaba internado el otro ladrón apresado— habría sido la muestra de la famosa ‘mano dura’, pero por sobre todo de la necesidad de liquidar todas las pruebas de la participación policial en la ‘inducción’ del asalto. Había que liquidar todos los cabos sueltos: esto explica que la mujer del gerente esté más aterrorizada hoy que cuando estaba como rehén dentro del banco.

Miguel Bonasso, en Página 12 (19/9), presenta otra hipótesis. Lo ocurrido en Ramallo habría sido la consecuencia del “fin del presunto pacto secreto entre Eduardo Duhalde y algunos antiguos jefes desplazados de la Bonaerense”. Este pacto, que llevó a Lorenzo al Ministerio, habría comenzado a romperse cuando Duhalde se vio obligado a despedir de la Secretaría de Seguridad a Luis Lufrano, abogado de la banda del ‘Gordo’ Valor y un hombre con muy aceitadas relaciones con los comisarios. “A una semana de la forzada cesantía de Lufrano, se produjeron cuatro asaltos a bancos: Quilmes, Pacheco, Ramallo y Garín, estos dos últimos con toma de rehenes” (ídem). Otro hecho parece abonar la tesis de la ruptura del pacto entre Duhalde y la ‘bonaerense’: la profanación de las tumbas en el cementerio judío de La Tablada, una de las formas ‘clásicas’ de ‘protesta’ de los policías desplazados por Arslanian. No hay que olvidar que uno de sus jefes, el ex comisario Ribelli, está detenido por la voladura de la Amia. También en este caso, la masacre de los ocupantes del Gol y el asesinato de Saldaña obedecen a la necesidad de borrar las pruebas de la instigación policial.

Descomposición del Estado

La masacre de Ramallo ha derrumbado en forma definitiva la candidatura presidencial de Duhalde. Pero también pone en evidencia la completa descomposición de los aparatos represivos, es decir, del Estado capitalista. El grado que ha alcanzado esta descomposición lo revela una nota editorial de La Nación (19/9), que plantea “reconstruir nuestro sistema de seguridad, piedra sobre piedra, partiendo —casi— de cero”.

Las fuerzas represivas, sin embargo, no son más que una expresión del régimen político y social al que sirven y que las sostiene. En un régimen social en bancarrota, las fuerzas represivas están condenadas a repetir, una a una, todas las lacras del régimen al que responden. Para darle seguridad al pueblo trabajador, hay que disolver todos los cuerpos represivos y desmantelar el Estado capitalista.