La difusión de los datos del mercado de trabajo del segundo trimestre, en plena cuarentena, son muy instructivos. Por un lado, brindan elementos para cuantificar la profundidad de la crisis social y económica. Por el otro, ponen de manifiesto que esta profundización no es producto de la crisis en sí sino de su gestión capitalista, esto es, su descarga sobre los hombros de los trabajadores y jubilados. Por último, vuelven a mostrar el uso, por parte del Estado, de sus cuadros técnicos y estadísticas (producidas, en teoría, con arreglo a metodologías científicas) en favor de la manipulación y desinformación del público.

El informe del Indec muestra una contracción de la ocupación urbana del 20% (equivalente a 2,5 millones de personas) respecto de las que estaban ocupadas en los trimestres previos. Sin embargo, y pese a esta masiva destrucción de empleo, la cantidad de desocupados permaneció en torno al millón y medio de personas. Ocurre que, en las estadísticas laborales, las personas sin trabajo solo son consideradas desocupadas si lo “buscan activamente”; en caso contrario, son categorizadas como “inactivas”. Como resulta natural, los que fueron expulsados del trabajo en un contexto general de cierres de empresas, despidos, suspensiones, restricciones a la actividad económica y a la circulación de personas no salieron a buscar trabajo. Y con ello, según Indec, salieron voluntariamente de la población económicamente activa y, por lo tanto, del cálculo de desocupación abierta.

En suma, la agudización de la crisis tiene un doble efecto; por un lado, aumenta la cantidad de trabajadores que necesita empleo; por el otro, impide o desalienta la búsqueda laboral. Resulta evidente que la medición del Indec subestima, premeditadamente, la profundidad del desastre laboral.

Si, en cambio, se considera a estos 2,5 millones de personas sin trabajo como desocupados se llega a una cifra de 3,9 millones de desocupados y una tasa de desocupación abierta de 29%, más del doble que la tasa de 13% informada por Indec.

Por supuesto, el porcentaje de personas con dificultades de empleo es muy superior ya que hay ocupados en puestos precarios o de muy baja calificación que buscan mejores ocupaciones y otros que solo trabajan a tiempo parcial y buscan más horas. También en este segmento, los datos muestran una engañosa disminución, que encubre la imposibilidad práctica de salir a buscar trabajo.

Finalmente, el informe del Indec pone blanco sobre negro en el carácter de clase del Estado. Por un lado, aparece propiciando las condiciones de una catástrofe social avalando despidos, suspensiones, recortes salariales e incumplimientos de protocolos de salud e higiene en fábricas, comercios y dependencias estatales. Por el otro, no pone ningún freno a las maniobras de enriquecimiento capitalista; los aumentos de precios, la especulación con divisas (retención de exportaciones, abultamiento y adelantamiento de importaciones al tipo de cambio de $75 por dólar) y aporta recursos fiscales que permite a las empresas sostenerse sin hacer uso de sus capitales acumulados. Cuanto más evidente se vuelve el carácter de clase de la intervención del Estado, más desesperados son los arabescos retóricos diseñados para encubrirlo y más inconsistentes y absurdos los argumentos utilizados.

Es necesario sacar conclusiones. La organización social gira en torno al “capital privado”, pero este es ya incapaz de ocupar y explotar al conjunto de la fuerza de trabajo. La necesidad de poner en pie un gobierno de trabajadores se impone como una cuestión de supervivencia para la clase obrera.