Políticas

5/9/1995|463

La desregulación de las obras sociales está en marcha

Con el decreto  292, publicado el 17 de Agosto, el gobierno ha puesto en marcha la llamada desregulación de las obras sociales y por ende el proceso de privatización global de la salud. De su articulado, absolutamente reaccionario y antiobrero queremos destacar, en este primer análisis, los siguientes puntos.


Se establece la rebaja de los aportes patronales a la seguridad social, lo que en materia de salud provocará un desfinanciamiento gravísimo de las obras sociales y del PAMI. Se ha calculado en más de 600 millones de pesos la reducción de la recaudación anual del PAMI.


Otro artículo define que el Ministerio de Economía, el de Salud y el de Trabajo definirán el alcance del Programa Médico Obligatorio (PMO). El PMO es la mínima prestación básica de salud que darán obligatoriamente las obras sociales a cambio de una cuota promedio de aporte que el decreto fija en 30 pesos para el grupo familiar. Se puede anticipar qué clase y cantidad de prestación médica se percibirá por un aporte de 8 pesos por beneficiario a valores de mercado. Toda prestación por encima del PMO deberá ser cubierta por aportes “extra” del trabajador. Con esto queda desmentido también aquello de que el PMO iba a ser determinado por consultas con expertos y organizaciones médicas ¡decide Cavallo!


Pero no sólo esto. El ANSSAL maneja un fondo de redistribución para asistir a las obras sociales más pobres, compuesto por el 10% de la recaudación total. El decreto pasa el control de este fondo al Ministerio de Economía. Y establece que la asistencia consistirá en cubrir el básico de 30 pesos para los afiliados cuyo aporte no llegue a esa cifra. Como el aporte del sueldo promedio supera los 30 pesos, la ayuda necesaria será marginal y el gobierno se quedará con más de 200 millones del ANSSAL provenientes del salario (indirecto) de los trabajadores. El factor de ajuste de este saqueo es el deterioro de la calidad de atención en relación a la ya mediocre que se recibe actualmente.


En otro artículo se dispone que los que tengan más de un empleo o los matrimonios en que ambos trabajan, deberán elegir una sola obra social; con lo que se promueve la concentración de las obras sociales y por ende la monopolización del “mercado” por un grupo reducido de pulpos.


Chau PAMI


Para el PAMI el decreto establece gravísimas disposiciones. En primer lugar porque queda incluido en el régimen del PMO lo que anticipa la liquidación de la cobertura “universal” que se viene brindando a los jubilados (alta complejidad, tratamientos complejos, rehabilitación etc.). En segundo lugar porque establece la posibilidad de que los jubilados “elijan” otra obra social mediante un aporte de 35 pesos, preparando una próxima disolución de esta obra social. En tercer lugar elimina los servicios de turismo del PAMI transfiriéndolos a la Secretaría de Turismo sin definir ninguna partida presupuestaria para ese efecto. Lo que es igual a liquidar esa prestación (art. 16). Lo mismo con el subsidio a la pobreza, que Cavallo le había cargado al PAMI y ahora es transferido al Ansses.


Pero más siniestro aun. Por el art. 17 se transfiere a la Secretaría de Desarrollo Social a medio millón de afiliados al PAMI correspondientes a las llamadas “prestaciones no contributivas”, que son las pensiones a la vejez, los jubilados por discapacidad, los mayores de 70 años etc. Al no definirse con qué fondos serán cubiertos se puede prever que esta enorme población de discapacitados y carenciados será abandonada a su suerte. Obviamente una función de esta política es desagotar financieramente al PAMI de parte de sus gastos ya que se encuentra en cesación de pagos producto del saqueo sistemático de sus fondos. Pero la contrapartida es una  amenaza de genocidio sobre centenares de miles de carenciados de hoy y de los muchos más que producirá la catástrofe social en curso. Ya han comenzado las denuncias sobre suspensión de atención médica por PAMI sin ningún reemplazo prestacional.


Este decreto es la puesta en marcha de la política más criminal y reaccionaria de las que ha alumbrado el dúo Menem-Cavallo. Debe ser rechazada por las organizaciones obreras y de jubilados y ser motivo de una campaña contra la desregulación y privatización de las obras sociales, del PAMI y de la salud pública en general, exigiendo la derogación del decreto y de toda la legislación que se ha producido en el mismo sentido.


Muy mal la Coordinadora


Llama poderosamente la atención, en este cuadro, que la Coordinadora de Jubilados haya producido un comunicado planteando que estas medidas (transferencia de afiliados, de turismo, de subsidio a la pobreza), “son un éxito de la lucha de la Mesa Coordinadora y de otras organizaciones de jubilados”(22/8).Y a renglón seguido que “el revés de la medalla son las quitas en los aportes patronales”. ¡Falso! no hay revés de la medalla, la desfinanciación del PAMI y la transferencia de afiliados y prestaciones es la misma política, salvar a los banqueros  y montar un fantástico negocio capitalista al costo de la salud y de la vida de los trabajadores.