17/11/2016

La deuda comienza a preocupar


Por primera vez, desde la gestión del actual gobierno han surgido voces de alerta sobre el nivel de endeudamiento. Sucede que al gobierno y las provincias el costo de tomar crédito se les ha encarecido a partir del resultado de las elecciones norteamericanas –que supone más déficit fiscal, inflación y emisión de deuda en Estados Unidos. 


Para uno de los operadores más fuertes del mercado local, la situación es aún más preocupante si se toma en cuenta que “el nuevo contexto pone un límite al nivel de endeudamiento” justo cuando entramos de lleno en un año electoral (Clarín, 15/11)


En abril de este año, el gobierno de Macri realizó la mayor emisión de deuda en la historia argentina, colocando títulos por 16500 millones de dólares. En los primeros diez meses del año, esta emisión ascendió a 24700 millones, a lo que se debe sumar además los bonos y letras emitidos en moneda local, totalizando 45.800 millones de dólares en deuda soberana generados solo en lo que va de este año. Mientras tanto, los gobiernos provinciales emitieron deuda por 6000 millones de dólares y las empresas por 5000. La deuda pública argentina pasa así la barrera del 50% del PBI, y existe consenso entre los analistas que está lanzada a superar el  60% el año próximo.


Esta emisión de deuda fenomenal no hubiera sido posible sin la venia del imperialismo, que saludó este nuevo ciclo de endeudamiento y lo respaldó políticamente en el mini Davos. Los títulos argentinos llegan a pagar tasas usurarias del orden del 9% anual en dólares, un rendimiento fabuloso en una economía mundial donde un tercio de la deuda total emitida tiene rendimiento negativo. El capital financiero internacional obtiene así enormes ganancias mientras la economía argentina sigue hundida en una durísima recesión que golpea el bolsillo de los trabajadores.


El endeudamiento externo es la piedra fundacional sobre la que reposa todo el plan económico del macrismo. El déficit fiscal agobiante de casi 7% del PBI que dejaron los K no ha sido alivianado ni siquiera marginalmente; el presupuesto votado para 2017 no permite reducir este valor más que en uno o dos puntos porcentuales. En otras palabras, el macrismo es políticamente incapaz de aplicar el ajuste fiscal que reclama la burguesía argentina (cuyos ideólogos critican tenazmente la tibieza fiscal del gobierno) y solo encuentra como salida la genuflexión ante el capital financiero internacional. Diversas políticas específicas se inscriben en esta orientación general: el Banco Central ha relajado recientemente los requisitos aplicados a casas de cambio para apertura de nuevas empresas y de nuevas sucursales, buscando así ampliar el mercado financiero local, históricamente muy reducido en comparación con otros países de similar tamaño económico.


Continuidad de los K


La política de endeudamiento de Macri no es otra cosa que la continuación natural de la política de los Kirchner. En sus últimos años de gestión, el kirchnerismo intentó “volver a los mercados” y no escatimó en esfuerzos para lograr ese objetivo: el pago al tribunal imperialista del CIADI y el resarcimiento a Repsol son ejemplos claros de una estrategia de sumisión al capital financiero que, de todos modos, fracasó estrepitosamente debido al desastre de la política económica K. Esto no impidió que durante la “década ganada” la deuda pública creciera a un ritmo promedio de 10000 millones de dólares al año, arrasando con las reservas del BCRA y los fondos de la ANSES.


La acumulación de endeudamiento externo implica comprometer una fracción cada vez mayor del presupuesto público al pago de intereses, lo que dictamina que las reducciones en partidas de gasto social apenas alcancen a compensar este aumento. De este modo, el déficit persiste y el gobierno no tendrá más remedio que continuar con su política de endeudamiento. La fragilidad de esta estrategia es clara: cualquier turbulencia financiera internacional golpearía seriamente la economía local, en un claro eco de la experiencia vivida en 1994 a raíz de la crisis del Tequila.


Esta reorganización en las relaciones sociales “por arriba” abre nuevos desafíos para el movimiento obrero, cuyo programa de reorganización social incluye el no pago de la deuda externa usuraria.


 

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