-Exclusivo de internet

Mientras la Presidenta omitía cualquier referencia al espionaje político de la Gendarmería en la apertura de las sesiones legislativas, el gobernador santacruceño Daniel Peralta inauguraba el período legislativo de su provincia anunciando la disolución del Departamento de Investigaciones Policiales (DIP), un organismo constituido en 1972 (bajo la dictadura militar), el cual se mantuvo en pie durante todas las administraciones kirchneristas como un órgano de espionaje y una herramienta de judicialización de la protesta social.

El Departamento de Informaciones Policiales, que reportaba en forma directa al Estado provincial, se había fusionado con la Side provincial en los 90 y disponía de una “base de datos de los sindicatos, filmaciones de marchas, fotografías con sus respectivas identificaciones, documentos periodísticos y otros” (Clarín, 19/2). Para obtener estos datos, que en el caso de docentes y estatales se usaron para instrumentar denuncias judiciales, la DIP operaba por medio de la infiltración de las protestas populares, en flagrante violación de la ley 25.220, la cual prohíbe toda investigación sin autorización judicial o legal.

El propósito del DIP, utilizado profusamente por el kirchnerismo, no deja lugar a dudas. El reglamento de unidades operativas de la policía santacruceña establece dentro de las atribuciones del DIP la recolección de “archivos de información básica: gremial, política, religiosa, educacional, periodística, asociaciones intermedias, comercio, transporte, etc.” (ídem). Su función, explica un dirigente judicial, fue “poner bajo investigación a todo y a todos para detectar cualquier movimiento que se pudiera considerar ‘subversivo'” (Plazademayo.com, 5/3).

El DIP en los últimos años

Las resonantes luchas sociales de Santa Cruz de los últimos años reactualizaron la utilidad del DIP como un instrumento de espionaje y de criminalización de la protesta. El DIP aparece involucrado, por ejemplo, en las tareas de espionaje sobre las sucesivas huelgas de los docentes en los últimos años. Durante la huelga de 2007, “había personal de las diferentes fuerzas de seguridad, policía provincial y Gendarmería que, sin orden judicial, iba a los establecimientos educativos a buscar datos personales de delegados gremiales. Ese año, también de civil, estaban infiltrados en las movilizaciones, incluso en las asambleas donde se tomaban las decisiones” (ídem), indica Pedro Muñoz de Adosac. El procesamiento de cincuenta docentes y luchadores petroleros de Las Heras estuvo fundado en fotografías y datos obtenidos bajo estos procedimientos ilegales. Lo mismo ocurre con la causa derivada de la movilización de gremios contra la ley de emergencia económica y previsional, a fines del año pasado.

La reciente petición de explicaciones al Ejecutivo provincial por parte de los gremios de la mesa de unidad sindical terminó por sellar la suerte de la DIP.

Existen también en Santa Cruz otros mecanismos de vigilancia. La Asamblea Ambiental Ciudadana acaba de denunciar la existencia de un ‘mapa de conflictos mineros’ que “tiene bien identificados a todos los actores sociales que reclamamos por nuestro derecho a un medioambiente sano” (Infoglaciar, 5/3).

Conclusión

“Ordené la supresión de la DIP (Departamento de Informaciones Policiales), para que no haya dudas sobre la preservación de los derechos constitucionales de mi gobierno” (El Periódico, 1/3), declaró Peralta. Pero de lo que no quedan dudas es que los “nacionales y populares” se han valido de una creación de la dictadura para la vigilancia y criminalización de los movimientos populares y de la clase obrera que lucha, en función de una orientación social que defiende los monopolios mineros y petroleros de la región.