Los relevamientos privados coinciden en señalar que la inflación de enero no bajará del 3,5%, motorizada por el alza en los alimentos. Como vemos, la nueva canasta de Precios Cuidados ya se consagra como un otro fracaso de la política de control de precios del gobierno, cuya gestión se dedica a recetar aspirinas contra la escalada inflacionaria mientras es incapaz de contener las presiones sobre el tipo de cambio que encarecen las góndolas locales.

La consultora Eco Go, por ejemplo, pronostica que el IPC de enero cerrará en un 3,8%, mientras que el rubro alimentos terminará en un 5,2%. Por su parte, C&T Asesores Económicos proyecta una inflación general para este mes directamente por encima del 4%. Mientras tanto, el Índice de Precios de Supermercados (IPS) del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CESO) registra un alza del 2,8% en las góndolas y del 3,5% en los alimentos frescos. Esto último importa porque es precisamente en las grandes cadenas de supermercados donde rigen las regulaciones estatales, sin embargo, no permanecieron ajenas a los aumentos de enero.

Un aliciente para que se produzca la suba de precios ha sido la disparada en los tipos de cambio paralelos de las últimas semanas. Sin duda, el ensanchamiento de la brecha cambiaria alimenta las expectativas devaluatorias, y, por lo tanto, los empresarios proceden a remarcar los precios para cubrirse ante la depreciación del peso. A su vez, la cotización récord del dólar contado con liqui impacta de lleno en el precio de los insumos importados, ya que muchos capitalistas lo utilizan para realizar operaciones comerciales ante la imposibilidad de adquirir suficientes dólares en el mercado oficial debido a las restricciones cambiarias.

No solamente el gobierno es incapaz de tomar una medida de fondo para detener la corrida en curso, sino que además la financia dilapidando las escasas reservas del Banco Central. Al margen, en línea con las exigencias del FMI, comenzó el año acelerando el ritmo devaluatorio del dólar oficial, cimentando así un duro golpe al bolsillo de los trabajadores. Finalmente, la política al servicio de la fuga de capitales y el rescate de la deuda está en la base de las sucesivas devaluaciones y sus efectos inflacionarios. El oficialismo vehiculiza este mecanismo de saqueo, a la vez que intenta desligarse de su propia responsabilidad en la suba de precios vociferando contra la intransigencia empresarial y estableciendo controles inocuos. Esto, sin mencionar los tarifazos previstos en el gas y en la luz, que cuentan con la venia gubernamental, los cuales terminarán de pulverizar los ya derruidos ingresos de la población. A todas luces, la agenda fondomonetarista encierra un potencial hiperinflacionario.

Caída del consumo

La inflación descontrolada hace estragos en un universo laboral signado por los topes paritarios y el trabajo en negro -donde la miseria salarial es moneda corriente-, una realidad tejida por el gobierno, en acuerdo con las patronales y la burocracia sindical. Así las cosas, el salario real hasta el mes de octubre 2021 había caído 0,9% interanual, retrocediendo un 10,3% en el empleo no registrado.

La pérdida en el poder adquisitivo de los trabajadores se tradujo en los niveles de consumo masivo, el cual retrocedió 2,1% en 2021 comparado con 2020, según los datos publicados por la consultora Scentia. A su turno, la consultora Analytica precisó que “en el tercer trimestre del 2021, mientras el PBI volvió a niveles del segundo del 2019, el consumo privado aún se ubicaba 4 puntos porcentuales por debajo” (El Cronista, 25/1). De esta forma, aparece con nitidez que el mentado “rebote económico” no forjó mejores condiciones de vida para el pueblo trabajador, sino que a lo sumo hubo un progreso en los balances contables de las empresas, respaldado en una mayor explotación obrera.

Por otra parte, un relevamiento realizado por el Banco Francés da cuenta que tras la pandemia las “transacciones crecieron a diciembre un 10% interanual en tanto el gasto total se redujo 4%” (Idem), lo cual indica dos cosas: en primer lugar, que los argentinos acuden más a la tarjeta de crédito que antes frente al encarecimiento de los bienes, y, por otro lado, que sus ingresos les alcanza para comprar artículos de menos valor.

Lo anterior explica que el gobierno y los comerciantes estén tan preocupados en renovar el acuerdo Ahora 12, que, en muchos casos, representa el 25% de la facturación de los locales adheridos. Como podemos observar, en lugar de recomponer los niveles salariales, se apela a un mayor endeudamiento de las familias trabajadoras como única vía para que no se derrumbe el consumo. No obstante, los bancos exigen aumentar los intereses como condición para extender el programa, en consonancia con la tendencia alcista en la tasa de referencia del Banco Central, que incrementó dos puntos la semana pasada, como parte de las demandas vertidas por el FMI. Estamos frente a una muestra de las implicancias recesivas de pactar con el Fondo, en este caso ligada a la retracción del consumo.

El descenso del consumo popular experimentado durante el 2021 puede ser uno de los motivos por los cuales se viene registrando una serie de dificultades en la cadena de pagos. Según un informe elaborado por la consultora Fidelitas, el año pasado aumentó un 125,76% la cantidad de cheques rechazados en relación al 2020 -en plena pandemia-, y, además, el 95% de los rechazos no fue levantado, lo cual ilustra la insolvencia creciente en el mundo comercial (La Nación, 19/1).

Enfrentemos el ajuste

Del cuadro descripto se desprende la necesidad de impulsar un plan de lucha desde la base para recomponer los ingresos de los trabajadores por medio de un salario mínimo de $130 mil, paritarias sin techo indexadas a la inflación, trabajo bajo convenio para todos, eliminación de impuestos al consumo como el IVA, prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario.

A su vez, es preciso combatir la inflación procediendo a la apertura de los libros de la cadena de valor para evaluar los costos reales, quebrando los tarifazos en puertas para avanzar en la nacionalización de la industria energética y su gestión obrera, y, finalmente, reorganizando la economía sobre nuevas bases sociales, poniendo fin al pago de la deuda, rompiendo con el FMI y frenando la fuga de capitales a través de la nacionalización de la banca y el comercio exterior, bajo control de los trabajadores.