07/08/2014 | 1326

La efedrina también es «destituyente»

EXCLUSIVO DE INTERNET

Después de dormir durante años, la causa de la efedrina desviada a carteles mexicanos de la droga despertó, súbitamente, para provocar un nuevo escándalo o, mejor dicho, para hacer que resurgiera con mucho ruido el escándalo antiguo. Y ocurre, justamente, en medio de la negociación fallida entre buitres y carroñeros, lo cual podría anunciar la reapertura de la ofensiva judicial contra el gobierno.



María Servini de Cubría procesó a José Granero, ex titular de la Secretaría de la Drogadicción (Sedronar) y director de Enarsa (Energía Argentina SA) hasta el miércoles 30, cuando renunció apenas se hizo pública la resolución de la jueza. Los otros dos procesados son Julio De Orúe, ex director del Registro de Precursores Químicos, y Gabriel Abboud, ex secretario de la Sedronar y actual funcionario del Ministerio de Seguridad, de donde se niega a renunciar.

En la causa judicial se comprobó que, entre 2004 y 2008, la Sedronar autorizó la importación de 40 mil kilos de efedrina, que terminaron en manos del cartel de Sinaloa. La efedrina se usa para elaborar metanfetaminas, una droga sintética de gran aceptación entre los consumidores norteamericanos.

Ese comercio ilegal provocó, en agosto de 2008, el llamado «triple crimen de General Rodríguez»: Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, tres empresarios dedicados al comercio de efedrina con los mexicanos de Sinaloa, fueron fusilados en un descampado de ese partido bonaerense, aparentemente por quedarse con un negocio que era de otros. El asunto tomó derivaciones decididamente políticas cuando se supo que Forza había aportado 200 mil pesos a la campaña de Cristina Kirchner en 2007. A partir de entonces, comenzó a develarse un entramado truculento sobre el financiamiento del narcotráfico a los partidos patronales.

Los «machos en off» declaran en Tribunales

El proceso contra esos ex funcionarios vuelve a mostrar que el kirchnerismo deja de ser el gobierno de una camarilla; ahora, en cambio, es una bolsa de gatos, de muchas camarillas abiertamente enfrentadas, como se vio con las acusaciones de Amado Boudou a los «machos en off», a los miembros del gobierno que le habrían pasado informes sobre sus actos delictivos a medios opositores y a fiscalías inconvenientes.

En el caso de la efedrina, Granero apuntó directamente a la cabeza de Aníbal Fernández, que en tiempos de la efedrina era ministro del Interior y estaba a cargo, por lo tanto, de las fuerzas federales. Según Granero, Fernández se negaba sistemáticamente a informar a la Sedronar sobre las políticas de represión al narcotráfico. Ya en aquellos momentos, Granero y Fernández tenían entre sí una pelea feroz. «Me hicieron una cama», dice ahora el procesado, en referencia, claro está, a otros funcionarios del gobierno.

Abboud fue más directo aún: le dijo a Servini que la actitud de Fernández «fue determinante» para que no se pudieran frenar las importaciones de efedrina. En las declaraciones de Abboud que se leen en el expediente judicial dice: «El entorpecimiento del entonces ministro del Interior impidió que se hubiera podido detener (…) el problema del desvío (de efedrina)».

No es el único ángulo del cual le caen a Fernández estas acusaciones. Ibar Esteban Pérez Corradi es un empresario con pedido de captura -prófugo desde marzo de 2013- por el triple crimen de General Rodríguez. Con él trabajaba el por ahora único condenado por aquel caso: Martín Lanatta, un gestor que conseguía permisos únicos en el país del Registro Nacional de Armas (Renar), un organismo controlado entonces por Aníbal Fernández.

Pero la cosa apunta más alto. Un procesado por el tráfico de efedrina para el cartel de Sinaloa es otro empresario: Alfredo Abraham, amigo íntimo de Néstor Kirchner. En el celular de Abraham quedaron registrados centenares de llamados a la Casa Rosada, a la Jefatura de Gabinete y a la Casa Militar de la Casa de Gobierno. Los llamados coinciden llamativamente, en todos los casos, con las fechas de movimientos importantes de efedrina. ¿Quién recibía esas comunicaciones? «No parece tratarse de un empleado cualquiera», dice el fallo de Servini.

Como se ve, la corrupción y la descomposición de las camarillas gubernamentales -de todas ellas- están fuera de control. Todo empeora porque continuamente se hacen maniobras entre sí para destruirse mutuamente. Nada de eso le importaría demasiado a la burguesía sin la crisis de la deuda, el conflicto con los buitres y la consiguiente conmoción política. De ahí que, por ahora preventivamente, avanzan las causas penales y se cierra el cerco judicial contra un gobierno tambaleante.

A. Guerrero

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