08/08/1995 | 459

´La “emergencia” de Mestre en crisis

A un mes del golpe de estado que lo colocó como agente de Cavallo y del Banco Mundial en Córdoba, Mestre “confesó que el ajuste instrumentado mediante la ley de emergencia económica resulta insuficiente” y “dejó entrever la necesidad de profundizar aún mas el recorte de la masa salarial” (La Nación, 2/8). Esto fue dicho en una provincia donde se han reducido en un 30% los salarios de todos los empleados estatales, se ha barrido con gran parte de los adicionales por antigüedad y se ha recortado  en un 40% la jornada laboral (con excepción de los docentes).


Se pretende condenar a los trabajadores de Córdoba a pagar una deuda que no han contraído, que nadie sabe a cuánto asciende ni como se compone, pero que crece día a día.


Entre los 600 millones de deuda denunciados por Angeloz, los 1.200 reconocidos por Mestre al momento de asumir y los 1.800 declarados “oficiosamente” al día de hoy, la deuda se ha convertido en un valor al cobro en beneficio de los capitalistas, funcionarios y punteros que vaciaron los bancos provinciales y las empresas públicas y que hoy “descargan” sus chanchullos sobre los trabajadores.


Crisis financiera


Aún con la enorme confiscación en marcha, las “cuentas de Mestre” no cierran. La recesión y la crisis industrial están hundiendo todos los cálculos de recaudación impositiva, en una provincia cuyos fondos coparticipables están comprometidos por lo menos hasta setiembre. A las suspensiones sistemáticas en las terminales de la industria automotriz, los más de 3.000 suspendidos de las plantas de autopartes, los casi 1.000 despidos entre AMC, Matricería Austral y Cervecería Córdoba, se le suman los centenares de contratados estatales que están quedando en la calle.


La crisis financiera ha paralizado la entrega de los bonos Cecor, el otro gran mecanismo de confiscación por el que la inmensa mayoría de la clase obrera cordobesa debe cobrar sus salarios en certificados cuyo poder adquisitivo no está asegurado. El Directorio del Banco Provincia se resiste a asistir al gobierno en el rescate de los bonos que se presenten a su cobro, lo que “generó alarma entre banqueros y comerciantes que habrían solicitado al gobierno una política de rescate semanal”. Esto ha llevado a “un nivel de ruptura extremo” y a que Mestre se plantee “la inminente remoción de las autoridades (angelocistas) de la entidad”. La razón del choque es que el Banco “entró varias veces en rojo con el Central” y si acepta los bonos, su precaria situación financiera lo desmoronaría. Pero a la vez, “en varios de los acuerdos sellados en el último período de la administración Angeloz entre el Banco Provincia y entidades financieras internacionales se habría incluido una cláusula que prohibe explícitamente la remoción de cargos” (Ambito Financiero, 4/8).


Esto ha agravado la crisis política general y es la razón de fondo de “las fuertes diferencias (en el) bloque de diputados provinciales del oficialismo” —entre “angelocistas” y “mestristas” (La Voz del Interior, 26/7).


Esta crisis coloca al gobierno como rehén absoluto de la gran banca y puede acelerar la ingerencia del Banco Mundial, interesándolo en la operación “rescate” de los bonos a cambio de que se privatice el patrimonio público de la provincia. El gobierno Mestre ya anunció la decisión de obtener créditos del Banco Mundial, no para “financiar sueldos” sino para financiar la privatización en masa de las empresas públicas, incluyendo los bancos provinciales. Dipas (Obras Sanitarias) será la primera de la lista porque “el conflictivo proceso de traspaso al sector privado del servicio de agua potable… tuvo ayer luz verde” cuando la justicia dejó de lado la acción penal contra los funcionarios responsables de la licitación (La Voz del Interior, 1/8).


La Comisión interna del Banco Provincia ha denunciado un verdadero plan de vaciamiento del banco ejecutado por “un directorio que vino a privatizar, con 170 asesores que cumplían una función privatista y (que) ahora con el gobernador Mestre está promoviendo (esta) tarea”. Esto explica la “diversificación de horario, la rebaja salarial y una falta de competitividad de hecho y casi terminal del banco con respecto a la banca privada”. Se quiere ocultar que “hay 400 millones de pesos de deudores, en su mayoría empresas cavallistas de la Fundación Mediterránea, que son las que pretenden quedarse con (la) institución” (La Voz del Interior, 3/8).


Abrir las cuentas


Porque es un rehén de Menem-Cavallo y del capital usurario internacional y por la descomposición del “plan” económico, Mestre está obligado a profundizar la entrega y el ataque contra las masas. La Legislatura provincial ha convertido en ley el decreto por el que se incrementa la edad jubilatoria en cuatro años; es inminente el aumento de luz, gas y teléfono para “descargar” el impuestazo a los ingresos brutos; la reducción de sueldos y el despido de contratados en las comunas continúa .


El “plan de guerra” está jaqueado por la resistencia de los trabajadores y por la crisis financiera y política en la que está envuelto. Existe una fractura general en la sociedad entre los que disfrutaron de la “fiesta” y los que “deben” hacerse cargo de sus “gastos” Porque existe una fractura general es necesaria una salida general: que la crisis la paguen los culpables. El débil gobierno mestrista tiene su “punto fuerte” en la política colaboracionista de las direcciones sindicales, que se limitan a marcar el paso y a preservar el “muro de silencio” sobre las cuentas del estado y los capitalistas. La huelga general hasta la derogación de la ley de emergencia y la reincorporación de los cesantes plantea, la apertura de las cuentas del estado y los capitalistas. No hay otro modo de impedir que se descargue la crisis sobre las espaldas del pueblo.

También te puede interesar:

El gobierno desembolsará U$S1.800 millones la semana que viene para el pago de la deuda.
El texto presentado anuncia la profundización del ajuste.
El Polo Obrero continúa el plan de lucha por los cupos de alimentos
Un avance en la precarización y explotación laboral que intenta obtener reformas patronales de fondo.