En Tierra del Fuego, la lucha contra el ajuste se ha convertido en una auténtica gesta obrera.

 

Los piquetes de estatales que el lunes por la tarde habían ocupado la planta de distribución de combustibles Orión fueron violentamente golpeados y sacados del lugar por las patotas organizadas por el Sindicato de Camioneros, con el saldo de ocho compañeros hospitalizados. Fue una operación armada en connivencia con el gobierno de Rossana Bertone (PJ/FpV): la zona fue liberada por las fuerzas de la policía de la provincia para posibilitar la acción de los agresores (cuestión confirmada por las familias de los propios policías).

 

La gobernadora ha planteado que “terminó el tiempo de la paciencia” y no se descarta que la policía -o fuerzas de gendarmería que deben ser desplazadas de Santa Cruz o enviadas desde Buenos Aires- procedan contra el centro de la movilización, el acampe frente de la Casa de Gobierno. 

 

Los estatales y docentes fueguinos llevan más de cuarenta y cuatro días de huelga con piquetes en Ushuaia y Río Grande (donde se tomó el Hospital Regional).

 

La acción de la burocracia camionera provocó un repudio generalizado y se produjeron asambleas y paros en lugares en los que el movimiento de lucha había refluido.

 

La feroz pelea que se está librando en Tierra del Fuego tiene un alcance nacional e involucra a toda la clase obrera. 

 

¿Por qué luchan los trabajadores fueguinos?

 

Hace tres meses, la Legislatura fueguina votó un ajuste concentrado en la reforma del sistema de jubilaciones. Un docente que se jubilaba con 25 años de servicio hoy sólo podría hacerlo a partir de los 50 años de edad. Los estatales varones que accedían a la jubilación con 30 años de servicio y 55 de edad, hoy deben hacerlo con 60. Considérese que el régimen de jubilaciones de Tierra del Fuego fue concebido para permitir la radicación de trabajadores en un ambiente lejano y hostil. A partir de la aplicación de la nueva ley, todos los trabajadores activos deben aportar un 1% más y a los docentes se les agrega un 3%. Hasta ahora el cálculo del haber se realizaba con el 82% del promedio de sueldo actualizado de los últimos 24 meses, ahora se toman los últimos 120 (10 años) lo que supone una pérdida del 25%, es la liquidación del 82%, que pasa al 61%. A la vez, el ahorro de los trabajadores en la Caja Previsional ha sido saqueado por los gobiernos de turno, lo cual explica en gran parte el “desfinanciamiento” que se invoca para la ofensiva actual.

 

¿La reforma jubilatoria que se quiere imponer en Tierra del Fuego no es el espejo de lo que pergeña el gobierno Cambiemos, que piensa en una reforma que combine el aumento de la edad de retiro o una jubilación “asistencial” para todos aquellos que han efectuado aportes inferiores a los requeridos?

 

La Legislatura y la Justicia

 

La Legislatura jugó un papel pérfido, habilitando primero una supuesta mesa de diálogo y declarando luego que la derogación o suspensión de las leyes de ajuste no estaba en consideración. Una política consciente de desgaste. La expectativa que algunos trabajadores habían puesto en los legisladores produjo un reflujo momentáneo a partir del 6 de abril, luego revertido.

 

Los trabajadores han juntado las miles de firmas necesarias para impulsar la derogación de las leyes de ajuste -cuya aprobación obligaría a la Legislatura a dar marcha atrás-, pero el trámite fue apelado por el gobierno y la Cámara tiene 15 días hábiles -más de un mes- para pronunciarse sobre el punto.

 

Existe un frente común que engloba al gobierno nacional, la oposición que “resiste”, los legisladores y la Justicia para imponer el ajuste en la provincia.

 

Este frente incluye ahora a la burocracia camionera. Es la medida de la lucha que la clase obrera debe librar contra el gobierno y la oposición cómplice “nacional y popular”, que ha pactado con los buitres y viene por más.

 

Los estatales de Tierra del Fuego defienden su huelga y levantan un programa: derogación de las leyes de ajuste, reincorporación de los despedidos, pase a planta de los Programas de Entrenamiento Laboral, paritarias libres y sin techo.

 

El ataque de la patota camionera a los estatales en lucha se produjo el mismo día en que se cumplía el 21˚ aniversario de la represión de Semana Santa de 1995, que ocasionó la muerte del obrero de la construcción Víctor Choque, el primer muerto durante una protesta obrera desde el retorno del ‘estado de derecho’. El oficial de la policía responsable del disparo recibió la más baja de todas las penas por homicidio y está en libertad.

 

Todo y todos por la victoria de la lucha fueguina: es el mejor homenaje a Víctor Choque.