Con la apertura de gran parte de la actividad del país, y de mil industrias en la provincia de Buenos Aires, aún en la deteriorada cuarentena del área metropolitana, la cuestión de los protocolos de protección, los testeos masivos y las medidas para garantizarlos están pasando al primer plano.

La reapertura de una planta es un tema enorme para sus trabajadores, porque en ella se juega no sólo el sustento (deteriorado), sino la propia salud del compañero y la de su familia. Lo mismo ocurre en las villas, donde es imposible subsistir sin salir a ganar un mango y donde la cuarentena es poco menos que incumplible por las condiciones de hacinamiento y falta de alimentos, agua potable, cloacas, etc.

En los lugares de trabajo, los protocolos y medidas sanitarias no pueden depender de la voluntad o arbitrio de la patronal porque, a menudo, se retacea la inversión en control de la temperatura, en los costos que trae cambiar los métodos de producción para garantizar el distanciamiento, la división en equipos pequeños para evitar el contacto estrecho masivo, el reordenamiento de comedores, vestuarios y baños, en el licenciamiento de las personas de riesgo por edad y por múltiples patologías, lo que obliga al reemplazo de esos trabajadores en una línea o equipo de producción, en la garantización del transporte de todo el personal, en el pago del combustible en caso de movilidad propia, entre otras cuestiones que van surgiendo.

Ni hablar sobre estos protocolos cuando los llevamos a los centros de salud, donde se plantean otras cuestiones complejas como la separación de áreas de tratamiento según las patologías, el equipamiento extremo del personal que atiende a los contagiados o sospechosos de contagio, y también la formación de equipos diferenciados de médicos, enfermeros y otras profesiones, de manera de reducir al mínimo el contacto estrecho en la actividad cotidiana que al momento de un contagio restrinja al mínimo posible la expansión. Obviamente, en la salud, cada vez que va a cuarentena una especialidad se produce un grave vacío de atención a esas patologías, que no dejan de existir aunque haya menos concurrencia a los centros de salud. O el caso de los geriátricos, que constituyen otra realidad diferenciada para el cuidado de la población de más riesgo, que ha ocupado mundialmente la mayor tasa de letalidad. También en los refugios para la gente en situación de calle.

Cuando decimos que no pueden depender del arbitrio patronal es porque en la conducta empresaria prima la maximización del beneficio, la relación entre costos y precios de venta. Una tendencia agravada por la epidemia del Covid 19 y no atenuada, porque ha caído la facturación de todas las actividades, salvo excepciones como algunos sectores de la alimentación. De hecho, la enorme ofensiva empresarial contra la cuarentena expresa que la acumulación capitalista está por encima de la cuestión de la salud o de la vida para la clase social que maneja los resortes de la organización económica, social y, por supuesto política, del país y del Estado.

La tensión sanitaria está atravesada por una tensión de clase entre el trabajador que necesita la integralidad de su salario y la protección de su salud, y las leyes de la acumulación capitalista que rigen la sociedad y la conducta de los dueños de los medios de producción. Esa tensión solo puede alterarse mediante la intervención organizada de los trabajadores, superando su atomización individual, mediante asambleas, mandatando definidamente a los cuerpos sindicales donde los hay, eligiéndolos donde no los hay mediante comisiones electas para abordar estos problemas.

Testeos masivos

En este cuadro es que ha ganado lugar en el debate un tema que nunca dejó de estar presente desde que la pandemia empezó, incluso en el terreno internacional: los testeos masivos.

El protocolo escrito hasta ahora indica testeo de aquellos casos que presentan síntomas, solo se han precisado o ampliado los posibles síntomas. Pero con el estallido de los contagios en villas de la Capital y el Gran Buenos Aires se ha pasado al rastrillaje casa por casa, siempre para detectar casos (plan Detectar). Ahora, en Villa Itatí se da un paso más en la dirección de testeos a los contactos estrechos de los casos detectados. Algo que sostuvimos desde estas páginas y que sigue la ruta del virus. Naturalmente, ya se han reclamado testeos a todo el personal en cada centro de salud y aún en los supermercados, que suelen tener índices de infectados tan grandes como los hospitales, cuando se ha testeado a todos.

La cuestión no se agota allí, sin embargo. Si se logra el testeo de los contactos estrechos del compañero o compañera contagiada, como se ha exigido en distintos conflictos obreros (Papelera del Plata, Ferrocarril Roca, etc.), no es para que los negativos vuelvan a trabajar y abandonen la cuarentena que deben seguir los 14 días indicados. Sino para detectar otros contagios y proteger a su vez los contactos estrechos de los nuevos contagiados detectados. Además, a los siete días hay repetir el testeo de los encuarentenados por el período de evolución del virus, siempre sin interrumpir la cuarentena, porque la única arma de lucha contra el virus es el aislamiento.

Otro tema que surge es quiénes son contactos estrechos. Pues bien, ya sabemos que aquellos que tuvieron a menos de un metro y medio y más de 10/15 minutos. Pero ¿cuántos días para atrás de contacto estrecho? Al menos 5/7 días, según indican los expertos. Todo esto debe formar parte del debate, fábrica por fábrica. Lo mismo vale en las villas y barrios donde aparecen los casos.

¿Por qué vamos hasta este nivel de detalle? Porque ocurre que la tendencia patronal es a aplicar en los hechos la reforma laboral de flexibilización y superexplotación por la que toda la clase capitalista y el FMI vienen abogando.

Y la cuestión de los costos y el beneficio capitalista, como la reforma laboral de las condiciones de trabajo, van de punta contra una política de protección de la salud. Los kits para el testeo y el trabajo de los laboratorios tienen un costo elevado por ahora (2.200 pesos por test en los laboratorios privados más baratos) y hasta la presunta llegada de otros de menor costo. Pero ahí surge que esos costos son motivo de disputa entre las patronales, las ART, las obras sociales y el Estado, con el trabajador como conejo de indias.

En resumen, a las falencias en las medidas de Estado para sostener una cuarentena bombardeada por el empresariado y la derecha, a las falencias en la inversión en camas y respiradores, de elementos de protección en la salud, a la necesidad cada hora más imperiosa de un seguro al parado de 30.000 pesos para las 12 millones de personas que lo reclaman, de garantía de la integralidad del salario por parte de las patronales (o revisando las cuentas, donde corresponda que el Estado asista), se suma la cuestión de la inversión necesaria, garantizada por el Estado en test masivos siguiendo la ruta del virus, lo cual no garantiza controlarlo, pero sí combatirlo mejor.

La intervención de los trabajadores

Como se aprecia, esto no vendrá de la mano de los shows de militarización de Berni ni de las conferencias profesorales del Presidente, ni de la agitación anticuarentena de la derecha, cuando unos y otros se unen para priorizar la deuda y que no le toquen el bolsillo a las grandes rentas y fortunas. 

Vendrá de una intervención de los trabajadores, organizados en cada lugar de trabajo y en cada barrio. Para ello defendemos el derecho de organización, de huelga y de manifestación, que ya están ejerciendo los propios trabajadores, cuidando las medidas de distanciamiento. Al servicio de ese objetivo está toda la elaboración y militancia del Partido Obrero, de nuestras agrupaciones sindicales, del Polo Obrero, de nuestra juventud y de la organización de las mujeres por sus derechos, que el 3J saldrán una vez más a la lucha, marcando la responsabilidad del Estado ante el crecimiento de la violencia contra ellas.