Durante la semana pasada, solo por los efectos de la devaluación post Paso, la sumatoria de la deuda de los estados provinciales se incrementó 340.000 millones de pesos. Para tener una referencia, ese monto es más que todo el presupuesto ejecutado durante el primer trimestre del año por todas las provincias para el rubro “servicios sociales”, en el cual se cuentan salud, educación, seguridad social, vivienda, servicios urbanos, entre otros ítems –según los números de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales.

Esto se debe a que el 73% de la deuda de las provincias está nominada en dólares u otras monedas extranjeras (Ámbito Financiero 16/8). Los índices más críticos de extranjerización los vemos en Santa Fe (99% de su deuda), Córdoba (95%), Chubut (87%), La Rioja (84%), Buenos Aires (82%) y Neuquén (82%). Este endeudamiento externo se vuelve una carga cada vez más pesada, que se indexa a la devaluación y obliga a subejecutar otras partidas presupuestarias para cumplir con los vencimientos. Vale incluso para los distritos patagónicos, que tienen parte de sus ingresos dolarizados por las regalías petroleras y que ofrecen esas regalías como garantía para endeudarse; lo demuestra Chubut, una provincia riquísima en recursos, que se encuentra quebrada y afronta una rebelión de los trabajadores estatales por el cobro de sus salarios.

Lo que complica a los estados provinciales, además, es el cierre de los mercados internacionales de crédito. Si hasta ahora varios gobiernos contraían nueva deuda para pagar los vencimientos -lo que lleva a capitalizar los intereses y engordar así la burbuja del endeudamiento-, con un riesgo país por encima de los 1.800 puntos todas las puertas parecen estar cerradas. Desde el Ministerio de Hacienda de la Nación aseguran que sin embargo algunas provincias siguieron pidiendo autorización para salir a los mercados internacionales, porque “hay expectativa para ver si se abre una ‘ventana’ que mejore las condiciones para salir rápidamente” (El Cronista, 7/8). Es un testimonio de la ansiedad de los gobernadores, que se va convirtiendo en desesperación.

El panorama se vuelve más sombrío si tenemos en cuenta que la recaudación impositiva de los distritos está cayendo en picada. En junio, la percepción de tributos arrojaba un incremento interanual del 38,5%, cuando la inflación durante esos doce meses sumaba 55,8% (Ámbito, 16/8). La tendencia es a que esto se agrave, porque el pacto fiscal que suscribieron Macri y los gobernadores establece un cronograma de eliminación de los impuestos que gravan la actividad económica. El rubro Ingresos Brutos –por lejos el mayor ítem de recaudación de las provincias-, que según el acuerdo fiscal debe irse reduciendo hasta desgravar casi todas las ramas importantes, registró durante el primer cuatrimestre una baja del 10,2% respecto del año anterior -según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Para darse una idea, el sector agropecuario bonaerense, que ya con el salto devaluatorio de 2018 había incrementado sus ingresos un 125%, afrontará el 2020 completamente exento de tributos a la actividad. Además, en una recesión como la actual, cae también directamente la recaudación.

Es por este cuadro desolador que los gobernadores pusieron el grito en el cielo ante los anuncios desesperados de Macri luego de la corrida que siguió a las Paso. Resulta que por ser impuestos coparticipables, tanto la suba del mínimo imponible para el caso de Ganancias como la eliminación del IVA sobre ciertos productos, entre otras disposiciones, achicaría nada menos que 60.000 millones de pesos los fondos que la Nación distribuye a las provincias. Los mandatarios se reunieron el miércoles con funcionarios nacionales, donde estas preocupaciones fueron el centro del debate.

El ex ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, fue promovido a la Nación para remontar la relación con el Fondo Monetario (que luego de la corrida suspendió sus misión al país en la que debe aprobar el último desembolso), porque es quien mejor puede mostrar cumplimiento en los deberes que se le asignaron. Se jactó durante la campaña de haber logrado imponer a los municipios un ajuste severo, para pasar del déficit en el 80% de los distritos al superávit en el 73% de ellos (El Cronista, ídem). Su gestión de la mano de Vidal, sin embargo, deja una bomba de tiempo. La Provincia de Buenos Aires es de las más comprometidas, cargando con una deuda monumental de 12.000 millones de dólares que en un 75% vence antes de 2023, es decir que deberá ser afrontada en enorme medida por el próximo gobierno (BAE Negocios, 28/5).

El rol central que Alberto Fernández asigna a los gobernadores en su futuro mandato debe alertar a los trabajadores sobre la continuidad del rumbo adoptado por las provincias durante estos años. Esos mandatarios pejotistas son los mismos que firmaron el pacto fiscal con Macri, que canjea ajuste por beneficios impositivos a las patronales. Son los portavoces de los grandes capitalistas de las provincias, sean los pulpos petroleros y mineros, los pooles agropecuarios o las automotrices. Los turnos electorales adelantados mostraron el intento de emblocar a los trabajadores detrás de la defensa de las “economías regionales” contra el macrismo, pero -como ejemplifica Chubut, con el gobernador fernandista Arcioni- esos intereses son los responsables del saqueo de las provincias. Fernández aspira a contar con los gobernadores como guardianes de los negocios del gran capital en sus jurisdicciones. Tan es así que rechazó el paquete de crisis de Macri no por limitado, sino por no haber sido consensuado con mandatarios y petroleras. “Sin consenso, el ajuste es inviable”, parece ser el lema de AF para aleccionar a los mercados “estafados”.

No es menor este aspecto, atendiendo que la crítica situación financiera de las provincias evidencia no solo el quebranto a que nos llevaron los gobernadores del ajuste, sino que a su vez es el punto de llegada de la descentralización de la educación, de la salud y de los servicios públicos, sostenido desde Menem hasta nuestros días. El estado calamitoso de las escuelas y hospitales muestra que son el nervio sensible de todo este andamiaje, al igual que la caída de los salarios y el vaciamiento de los sistemas jubilatorios provinciales (los cuales buscan “armonizar” con el Anses). Las necesidades sociales más elementales son incompatibles con el rescate a los acreedores de las provincias quebradas.

Los trabajadores debemos enfrentar esta ofensiva con un programa propio frente al saqueo. Al reclamo por la reapertura de paritarias y los aumentos de emergencia, contra los despidos y por el pase a planta permanente, en defensa de la salud y la educación; debemos complementarlo con la necesidad de rechazar las deudas fraudulentas e impagables, la ruptura con el pacto fiscal y un plan de impuestos progresivos al gran capital y las grandes fortunas, para proceder sobre esa base a una reorganización social. La quiebra del país reclama una intervención decidida de los trabajadores.