Menem fue al Parlamento el 1º de mayo con un mensaje escrito por la Unión Industrial y la Sociedad Rural. El pretendido estadista internacional inauguró el período ordinario de sesiones como un “chiroli-ta” de los grupos económicos. Todas y cada una de las medidas anunciadas figuraban en el pliego de exigencias de las grandes patrona-les. Como esto es muy natural bajo el Estado capitalista, lo que hay que destacar es que los anuncios son una echada de lastre del “plan de convertibilidad”.

A pesar del diagnóstico del FMI y de la mayoría de los analistas de que la recaudación de impuestos resulta insuficiente para cumplir con el pago de la deuda, Menem anunció la eliminación del impuesto a los activos, que grava a las grandes empresas, y también la modificación de los impuestos internos y, lo más importante, que “nos disponemos a establecer una disminución de las contribuciones patronales sobre la nómina salarial…”, y modi-ficar nuevamente la ley de accidentes de trabajo. Por otro lado, anunció la liberación de las importaciones para los  bienes de capital y un reintegro de impuestos del 15% para quien compre máquinas fabricadas en el país.

Todas estas medidas deberán reducir aun más el llamado superávit fiscal “primario”, que se sostiene en realidad por los ingresos de privatizaciones. Urgido precisamente, por la disminución de las privatizaciones, Menem-Cavallo adelantaron la venta de YPF. Ahora esta chorreria de reintegros y eximiciones impositivas deberán comprimir aun más las arcas de la Tesorería.

“¿Por qué Cavallo se manda este “paquete” que conspira contra su “plan”económico?”

Es que detrás de la “euforia” de la convertibilidad aflora una quiebra industrial que Menem-Cavallo pretenden salvar colocando al Tesoro Nacional al servicio de los capitalistas.

A través de la eliminación de impuestos y de los aportes patronales pretende darle aire a las exportaciones, en un intento por rescatar a algunas industrias, como siderurgia, papel, petroquímica. Aun así, el defi-cit del comercio exterior deberá crecer este año aun más (de 3.000 milones de dólares en 1992 a unos 5.000 millones en 1993) porque las importaciones siguen desplazando a la producción nacional y porque los productos de exportación de Argentina son caros con relación a los internacionales.

No faltan quienes sostienen que estas medidas fortalecen la convertibilidad, porque alejarían la posibilidad de la devaluación de la moneda. Pero la reacción de la Bolsa a las medidas prueba lo contrario. Es que una reducción de los precios de las maquinarias no resuelve el problema de la necesidad de volcar las mercaderías ya existentes al mercado (en especial el internacional), ni asegura que será suficiente para garantizar las ventas a los precios futuros. Una devaluación, en cambio, reduce de inmediato todos los precios de producción, no condiciona la rentabilidad a una inversión previa y permite hacer frente a la competencia del exterior.

A la gran burguesía le interesa el desmantelamiento de los impuestos y cargas sociales que pesan sobre el capital, para en la etapa post-devaluatoria con costos menores, que serán cargados en las espaldas de los consumidores, o sea, los trabajadores. Alberto Ibañez de Techint y la UIA, un devaluacionista a ultranza, reconoció que antes de devalaur el equipo económico deberá reducir el “costo argentino”, eliminando aportes e impuestos.

Sin embargo, el verdadero problema es que Menem-Cavallo ya no podrán devaluar “en forma ordenada” algo que tampoco han podido hacer ni Italia, ni Inglaterra ni Suecia. Por de pronto las tendencias devaluacionistas en América Latina son muy profundas. El peso chileno  se ha comenzado a devaluar (a pesar de su gobierno), en un 8% en los últimos cuarenta días. Méjico incrementó el ritmo de sus minidevaluaciones, pero no faltan quienes apuesten a una devaluación no inferior al 30% antes de fin de año.

Los anuncios de Menem y Cavallo constituyen simplemente un ataque en regla al movimiento obrero y las masas.