Políticas

19/4/2007|988

La estatización de Tandanor, una privatización

Negociado

Con bombos y platillos, el gobierno anunció la reestatización de Tandanor (Talleres Navales Dársena Norte). La propaganda oficial presenta esta medida como un acto de “reparación histórica” que pondría fin a una de las privatizaciones más escandalosas del menemismo.


Pero no todo lo que reluce es oro. La privatización menemista era un gran operación inmobiliaria en la que estaban involucrados poderosos intereses capitalistas.


¿Cuál es la finalidad del retorno de Tandanor al Estado?


El astillero en quiebra ha sido sacado a flote y reactivado por sus propios trabajadores. Bajo la administración de su personal, ha pasado a ser una empresa muy lucrativa, con facturación y márgenes de rentabilidad crecientes. Durante ese lapso, más que duplicó el número de trabajadores. Su desempeño fue tan alto que los trabajadores pagaron casi una tercera parte de los 25 millones de deuda que acumula el concurso de acreedores. Esto coincidió con una rápida expansión del conjunto de la industria naval. Los trabajadores se enteraron de la estatización por los diarios. La decisión fue expresamente tomada contra su voluntad. Los planes del gobierno apuntan a la creación de una “sociedad mixta” con participación mayoritaria del Estado, que dejaría reservado el 49% al capital privado. A los trabajadores se les reconocería apenas el 10 por ciento, en carácter de propiedad participada. El Estado oficiaría de puente para el desembarco del sector privado, incluidos inversores extranjeros.


El proyecto Tandanor se inscribe en una corporación que integraría a Astilleros Río Santiago y Astilleros Domeq. La ceremonia donde se acercó la flamante corporación, bautizada “Consorcio de Astilleros Argentinos”, contó con la presencia de altos ejecutivos de las empresas privadas navales, entre la que se destacaban Coserena SA, una de las líderes en el mercado, y el presidente de la Fina (Federación Industrial Naval Argentina), cámara que reúne a los empresarios. Las crónicas señalan que estos hombres no disimulaban su entusiasmo y satisfacción.


Detrás de este proyecto hay en juego más de 300 millones de dólares en la construcción de buques (esto sólo en el arranque), tanto para la Armada Argentina como para la navegación comercial que podría tener una proyección hacia América Latina; un anticipo es la construcción de buques petroleros que ha encargado Chávez. Tandanor es una pieza clave en esta operación si tenemos en consideración su infraestructura, en la que se destaca la plataforma-ascensor (que lleva los barcos de la tierra al agua), que es la más grande del Atlántico Sur.


Conclusión


La restatización de Tandanor es un capítulo de una nueva privatización. Su punto de partida es un despojo a los trabajadores de Tandanor, que son los que con su esfuerzo rehabilitaron a la empresa. Esta operación llega más lejos porque caen en la volteada el Astillero Domeq y, por sobre todo, el Astillero Río Santiago. La constitución de este consorcio es la cortina de humo para hacer pasar esta salida privatista.


La recuperación del control del Estado permitiría regularizar la situación legal de los predios pertenecientes al viejo complejo de Tandanor. Esto permitiría poner fin al litigio que tiene paralizada una de sus obras principales: la construcción de un centro financiero en pleno corazón de Puerto Madero, con un valor comercial de 500 millones de dólares. Esta regularización dominial sería el puntapié para despejar el terreno para otras operaciones inmobiliarias en esta zona estratégica.


En oposición a esta política de rescate y de negociados capitalistas, planteamos un plan de reactivación integral elaborado en común por los trabajadores de Tandanor, Río Santiago y Astilleros Domeq. Este plan debería privilegiar los intereses de los explotados y de un desarrollo económico nacional independiente. Llamamos a impulsar, sobre este fundamento, un consorcio de astilleros bajo gestión mayoritaria de sus trabajadores y con representantes elegidos por ellos en los directorios de la banca estatal para asegurar su financiamiento. Defensa integral del salario y las condiciones laborales: salario mínimo de 2.400 pesos y respeto a la jornada de 8 horas y el convenio. Declarar los predios de los astilleros áreas protegidas y determinar el destino que se les otorgará, abriendo una deliberación general, con la intervención activa de las organizaciones representativas de los trabajadores y los vecinos.