La incapacidad de los últimos tres gobiernos surgidos de las urnas para satisfacer las demandas y necesidades más elementales de la mayoría de sus votantes, está llevando al cierre de una etapa que, según preveían muchos, iba a permitir una reproducción eficaz del capitalismo bajo la forma política de la democracia.

El agotamiento de la estrategia de recambio se evidenciaba plenamente en las vísperas de las últimas elecciones legislativas de octubre de 2001. De ahí que emergiera una vigorosa campaña por el voto en blanco o nulo, con el propósito de terminar de vaciar de poder al gobierno y al Parlamento, incapaces a esa altura de garantizar la reproducción ordenada del sistema, y preparar de este modo la emergencia de un nuevo régimen político, caracterizado por el drástico achicamiento de los elementos de representación electoral y por un fuerte incremento de la gravitación del aparato represivo. La prolífera difusión del estado de corrupción generalizada y la propaganda contra el gasto político, que acompañaron la campaña votoblaquista, adquieren su significado en este contexto. Así, se empezó a discutir la necesidad de una “reforma política” que, entre otras cosas, redujera a la mitad el número de legisladores. Si a esto le sumamos los reclamos de “mano dura” frente al delito *en particular, el de cortar rutas* queda bosquejado el modelo que se proponía implementar.

El punto de inflexión

La necesidad de esta renovación del régimen político surge de la profundización de la crisis capitalista *que alcanza niveles sin precedentes en el país* y de la fermentación de la lucha de clases, que se eleva a un punto sólo comparable al de la década del ’70. Sin embargo, las jornadas revolucionarias del 19 y 20 de diciembre dejaron pasmados a los principales analistas y comunicadores de la burguesía, y a buena parte de los intelectuales y dirigentes de la izquierda, que habían descartado la hipótesis de que a corto o mediano plazo pudiera producirse una acción política de masas de esa magnitud. El análisis de la noticia dejó planteado sin margen de error que la cuestión del poder estaba siendo considerada masivamente y que por lo tanto era necesario que dichos acontecimientos fueran reinterpretados desde otra óptica, si se pretendía preservar algún consenso en torno al orden social imperante.

La relectura de los acontecimientos se estructuró originalmente en torno a la noción de “espontaneidad”. Se trataba de transmitir la idea de que los hechos del 19 y 20 consistían en una reacción puntual frente a un presidente “autista”, desprovistos de cualquier contenido político conciente que les diera sustento. La rápida multiplicación de las Asambleas Populares, integradas por muchos de los protagonistas de las jornadas, y miles de vecinos que se sumaron especialmente en la Capital Federal y en varios sectores del Gran Buenos Aires, dejó maltrecha esa primera interpretación, ya que ahora se planificaban colectivamente las acciones de lucha y se discutían y se votaban públicamente programas y objetivos netamente anticapitalistas, que demostraban un importante nivel de conciencia.

Entonces cobra fuerza la teoría del “complot”. Todos los acontecimientos no habrían tenido nada de espontáneos, sino que fueron cuidadosamente planeados, “liberando” territorios para poder provocar saqueos y movilizando en micros a individuos contratados especialmente para producir desmanes y provocar enfrentamientos con la policía. El objetivo: provocar un golpe de Estado contra De la Rúa. Esta explicación, con matices, es la que han adoptado personajes tan disímiles como Domingo Cavallo, Elisa Carrió, D’Elía y Alderete. Ambas interpretaciones tienen como finalidad transfigurar en la conciencia colectiva lo que fue probablemente la acción política de masas más importante de la historia argentina, la primera que consigue derrocar a un presidente, que había sido elegido por el pueblo, pero que gobernaba en su contra. La diversidad de personajes que las pregonan, oculta el punto en el que todos coinciden: la necesidad de una tregua con el gobierno, que difícilmente se imponga si se reconoce la capacidad de movilización e intervención política independientes que reflejaron las jornadas del 19 y 20, en un contexto en el que el grado de descomposición social y económica es mucho mayor que a fines de 2001.

Hacia el golpe de Estado

En este contexto de movilización, caos social y económico, la necesidad de avanzar hacia un régimen de gobierno por decreto y altas dosis represivas que imponga el programa de los bancos y empresas multinacionales, ha pasado a ser imperiosa no sólo en esos sectores, sino para un arco cada vez mayor de la burguesía. La impasse de las variantes ideológicas capitalistas que se definen en contra del “modelo neoliberal”, como el Frenapo, devela justamente hacia dónde apunta lo que queda de la burguesía nacional, que tiene un grado de dependencia del capital financiero internacional tal, que le impide abordar cualquier programa diferenciado. De ahí que sólo pueda desarrollarse un planteo “nac & pop” aggiornado en un contexto en el que crece significativamente la movilización independiente de la clase obrera, como un intento de abortar un desenlace revolucionario a la presente crisis de poder.

Hoy por hoy, basta con leer el diario La Nación para verificar la existencia de una vigorosa campaña de prensa.

El eje de la estrategia argumentativa no ha variado demasiado, se monta sobre el carácter corrupto y espurio de los intereses de “los políticos”. Así, podemos leer un editorial publicado el 24 de abril, donde se afirma que “el gobierno de be acelerar al máximo la ejecución de las reformas estructurales que la Argentina necesita (…) para mejorar sus condiciones de negociación con los organismos financieros internacionales (…). Entre esas reformas hay una que no debería dilatarse más: es la que apunta al saneamiento y moralización de la vida política” (La Nación, 24/4). Es decir que ante la resistencia legislativa para aprobar las medidas que reclama el FMI, lo que se plantea es “sanear” al Congreso, o lo que es lo mismo, dar un golpe de Estado que garantice su rápida aprobación. Abonando esa perspectiva se comenta, bajo la forma de carta de un lector, que “el número actual de bancas de Diputados de la Nación es de 257(…) si EE.UU. con sus casi 300 millones de habitantes tiene 435 diputados, deberíamos contar con 53 para mantener la proporción” (La Nación, 23/4). Los ejemplos se multiplican y varían en sus matices, pero la esencia siempre es la misma. Sin embargo, la principal dificultad que encuentran los fujimoristas no es la resistencia de los legisladores, sino el clima de movilización popular que no ha podido ser desactivado. Es ahí que la necesidad de regimentar la sociedad cobra la forma de impulsar, al mismo tiempo, un giro represivo en la política del gobierno.

Señor Duhalde: ¡Reprima!

“Yo acuso de pusilanimidad e ineptitud al señor Eduardo Duhalde y al señor Gabrielli porque pasivamente contemplan la creciente inseguridad de personas y bienes, el doloroso sacrificio de decenas de policías, el saqueo de comercios, los reiterados cortes de caminos, rutas y calles, la toma violenta e irrupción en numerosos edificios públicos, las injurias y ataques físicos contra personajes del mundo económico y político…” (La Nación, 16/4). La proclama que citamos, adopta una vez más la forma de “carta de lector” e incluye un repudio a los jueces que absolvieron al “delincuente” (sic) Emilio Alí. Los distintos elementos que aparecen aquí señalados se reiteran profusamente en editoriales, noticias y encuestas. Por ejemplo, en una encuesta publicada el 15 de abril, se informa que el 85% de los consultados rechaza la violencia, identificando como tal a “saqueos y piquetes”. El panorama que emerge de este tipo de elaboraciones es el del caos y la inseguridad provocados, entre otros, por los piqueteros y demás sectores en lucha. La exigencia de imponer “orden” va de la mano con la de reforzamiento del aparato represivo, y en ese doble juego se pide desde los editoriales la libertad de Santos y Mathov (La Nación, 17/4) y cárcel para los luchadores populares (La Nación, 1/4). La criminalización de la protesta social ha alcanzado ya un nivel elevado, y si no se generaliza es debido a la extensión misma de esa protesta. De la misma manera, el límite para la implementación de una política más represiva es el estado de movilización popular.

¿Gobierno por decreto para las elecciones anticipadas?

El fracaso del plan “Remex” y la inmediata renuncia del ministro de Economía, el amague del presidente hacia un plan “alternativo” y la contundente intervención de los gobernadores ratificando la vigencia del plan del Fondo Monetario, han dejado a Duhalde como un mandatario virtual. Que no lo hayan hecho renunciar para convocar elecciones anticipadas se debe sencillamente a que nadie quiere asumir el gobierno en estas condiciones, en donde el fastasma del 19 y 20 de diciembre vuelve a desfilar. Sin embargo, se le va a plantear, una vez más, la “tarea sucia” que hasta ahora no logró implementar, para poder después, llegado el caso, convocar a elecciones anticipadas, en las que el PJ podría presentarse bajo la ley de lemas, evitando de momento un enfrentamiento entre sus gobernadores que podría llevar a la desintegración definitiva de ese partido.

Por eso, se le va a exigir que gobierne por decreto y reprima, si es necesario. En ese sentido se orienta con asombrosa claridad el editorial de Mariano Grondona en La Nación del domingo 28/4, en el que, citando los consejos de Maquiavelo, señala que “el nuevo gobernante (debe) desprenderse cuanto antes de aquéllos que lo encumbraron *o sea, de los diputados y senadores peronistas y radicales* porque de otro modo nunca ejercerá el poder”, y tiene que hacer “todo el mal de golpe (ya que) desencadenándolo de un solo golpe dejará atónitos a sus gobernados (…). Se deduce *sigue Grondona* que el ajuste hacia abajo debe ser de choque”. Como se puede ver, los golpistas del pasado disfrazados de demócratas vuelven a sacarse el antifaz, para exigir que el Ejecutivo se desentienda del Congreso y cumpla los dictados del capital financiero internacional. Todo un síntoma de que la capacidad de la democracia para procesar esos dictados ha colapsado. El peso que tendría la izquierda en la Cámara de Diputados si se celebraran comicios en la presente situación no es un motivo menor para que se produzca el golpe, incluso en su variante cívico-militar, antes o después de las elecciones.

Mientras tanto, se espera que Duhalde garantice el ajuste en las provincias, despidiendo al menos 200.000 trabajadores estatales que le imponga los bonos a los ahorristas, consumando finalmente la expropiación de su dinero; que se derogue la Ley de Quiebras, para abrirle paso a los grandes bancos a la apropiación a precio de ganga de los capitales fundidos, y la Ley de Subversión Económica, para garantizar la impunidad de las maniobras fraudulentas de esos bancos. ¿Podrá el presidente virtual descargar semejante ataque contra los trabajadores y el pueblo? Si no lo hace, será acorralado por gobernadores y golpistas. Si lo intenta, puede provocar la reacción popular que lo lleve a su caída. Después de todo, el recuerdo de las jornadas está muy fresco como para borrarse de un plumazo, por más espontaneidades o complots que se difundan. El desenlace de esta encrucijada política dependerá fundamentalmente del resultado de las batallas que se avecinan en el terreno de la lucha de clases.