La Europa del capital contra los inmigrantes
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Zapatero, el peor de todos
Mientras la "unidad política europea" trastabilla después del rechazo de los votantes irlandeses al "tratado de Lisboa", los gobernantes europeos se han puesto de acuerdo para atacar a los inmigrantes.
Por amplia mayoría, el Parlamento europeo aprobó un "paquete" que permite detener durante 18 meses a los inmigrantes "sin papeles", crear campos de concentración para alojarlos, expulsar inmigrantes hacia terceros países (distintos de su país de origen) y hasta expulsar niños sin sus familias.
La legislación aprobada en tan "democrático" ámbito es un paso hacia la fascistización porque refuerza el racismo, la xenofobia y le da nuevos y enormes poderes a los aparatos represivos para perseguir a los inmigrantes.
Durante décadas, Europa impulsó la inmigración para que los trabajadores recién llegados actuaran como competencia de los obreros locales; de esta manera lograron "contener" el aumento de los salarios y la mejora en las condiciones laborales. En los primeros años después de la Segunda Guerra, hubo una fuerte inmigración dentro de la propia Europa; los españoles y los turcos, por ejemplo, marcharon masivamente a Alemania. Cuando esto no alcanzó, Europa impulsó la inmigración de otros continentes. Los inmigrantes aún resultan imprescindibles para ciertas tareas, como la recolección de cosechas en España e Irlanda.
Ahora, cuando la crisis capitalista amenaza con llevar a Europa a la recesión, la Unión Europea se prepara a expulsar masivamente a millones de "ilegales". Los gobiernos europeos pretenden "administrar" la inmigración para que los inmigrantes continúen reforzando la competencia entre los trabajadores (con su consecuencia de rebaja salarial y empeoramiento de las condiciones de trabajo) sin crear una desocupación explosiva. Por eso refuerzan las leyes de expulsión y los poderes del Estado.
El papel más repugnante en todo este drama lo han jugado los socialistas españoles. No sólo votaron a favor de las normas contra los inmigrantes. Manfred Weber, eurodiputado del Partido Popular Europeo (derechista) "acusa al gobierno español de haber presionado para endurecer la nueva norma (…) Tanto el parlamento como el PPE queríamos adoptar una posición más progresista pero en el Consejo de Gobiernos (los españoles) dijeron que tenían muchos problemas para aceptarlo" (El País, 19/6).
Frente a semejante barbarie "democrática", las centrales sindicales europeas se han llamado a silencio.
