En el Energy Forum organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), el vicepresidente del Departamento de las Américas de la Cámara de Comercio norteamericana, Neil Herrington, fue contundente al afirmar: “estamos viendo muy de cerca la negociación con los acreedores y con el FMI… una vez que se logre un acuerdo allí todo va a empezar de nuevo, con nuevas inversiones en energía”. Es en realidad una extorsión, porque la huelga de inversiones de las petroleras y el parate de Vaca Muerta agudiza la fuga de divisas obligando a importar energía, y por lo tanto suma presión por un acuerdo con el organismo financiero.

Las petroleras condicionan así el desembolso de nuevas inversiones a que se garanticen las condiciones del ajuste que exige el FMI. Esto implica una hoja de ruta más clara en función de reducir el gasto público, pero sosteniendo las partidas millonarias que recibe el sector como sucede con el Plan Gas. A su vez, un programa fondomonetarista trae implícito nuevos pasos en una reforma laboral -en la cual estas compañías hacen punta desde hace años- y facilidades para la transferencia de sus ganancias al exterior.

El gobierno de Alberto Fernández trabaja en satisfacer esos reclamos. El proyecto de una nueva ley de promoción de hidrocarburos que impulsa el secretario de Energía, Darío Martínez, y la cúpula kirchnerista de YPF, va en ese sentido. Es una política en la que coinciden todas las alas del Frente de Todos: en el Foro con el gobierno y la Cámara de Comercio de EE.UU., Sergio Massa destacó “la necesidad de garantizar reglas claras y transparencia para atraer inversión extranjera directa en agro, minería e hidrocarburos, donde tenemos gran potencial”.

Mientras tanto, lo cierto es que la huelga empresaria continúa. Para el año en curso están anunciadas inversiones por alrededor de 3.800 millones de dólares, muy por detrás de los 4.500 millones declarados en 2019. En este cuadro, las compras al exterior de gas, GNL, fuel oil, gas, y demás implicarán una salida de divisas superior a los 2.000 millones de dólares. Esto cuando las reservas internacionales del Banco Central no crecen sustancialmente a pesar del boom de la soja.

De hecho, estamos ante una desinversión productiva que se combina con un mayor saqueo de los recursos. En algunas áreas o cuencas la desinversión es directa. A los obreros se exige la misma producción con dotaciones menores. Estas empresas reciben subsidios millonarios que pagan en impuestos los consumidores de combustibles en los surtidores, mientras que un 25% de la recaudación del “aporte solidario de las grandes riquezas” va a las petroleras vía IEASA (Integración Energética Argentina) como subsidio a la producción de gas.

Aunque interesadamente los gobiernos nacional y neuquino responsabilizan por esta situación a los piquetes que en la cuenca neuquina llevaron adelante los trabajadores de la salud en huelga, se trata de una pantalla para esconder su propia impotencia ante el parasitismo patronal y el saqueo de los recursos.

Urge nacionalizar todo el sistema que sustenta este latrocinio, junto a la banca y el comercio exterior, para reorganizar toda la industria energética bajo control obrero y poner en marcha un verdadero plan de desarrollo.