La familia de Santiago Maldonado desmintió versiones periodísticas sobre presuntos resultados de pericias practicadas sobre el cadáver del joven, hallado el pasado 20 de octubre en las aguas del rio Chubut.

 

Mediante un comunicado publicado en el sitio oficial de la familia, los Maldonado aclararon que “las supuestas ´novedades´ son parte de un acta agregada a la causa, labrada con motivo de la autopsia”, en la cual se detallan procedimientos de rutina y no arroja ninguna conclusión.

 

El diario La Nación publicó este jueves una nota en donde se asegura que “los 55 peritos oficiales y de parte que participaron de la autopsia a Santiago Maldonado, practicada el 20 de octubre en la Morgue Judicial, consensuaron de forma unánime en el acta final de la necropsia que el cuerpo del joven hallado en el río Chubut no fue arrastrado ni manipulado”. Sin embargo, tal “acta final” sencillamente no existe, ya que la junta de peritos que arrojará los resultados de la autopsia se reunirá el próximo 24 de noviembre. La mecánica de la muerte de Maldonado y la fecha exacta de su deceso se conocerá recién entonces.

 

Para la familia Maldonado, explican en su comunicado, la difusión de esta información falsa apunta a construir “un escenario propicio al cierre de la investigación”.

 

“Reiteramos que la audiencia prevista para el día 24 debe ser el comienzo de una nueva etapa de la causa y no el final”. Y reclaman al juez Gustavo Lleral, a cargo de la causa, “que se aclare formalmente esta circunstancia para frenar las maniobras destinadas a desviar y comprometer la investigación”.

 

Desde el pasado 20 de octubre, el gobierno y sus medios acólitos se valen de las declaraciones que el juez Lleral realizó frente a la morgue, cuando aseguró que el cuerpo sin vida de Maldonado no mostraba lesiones, para intentar cerrar el caso. Resumidamente, la explicación oficial del desenlace sería “Maldonado se ahogó”. Punto. El joven, de 28 años, no sabía nadar y llevaba encima caso 30 kilos de ropa de abrigo para combatir el frío, pero se habría adentrado en las aguas heladas del río Chubut motu proprio.

 

En esto consiste el nuevo relato oficial, por parte de un gobierno que durante más de 80 días de búsqueda difundió todo tipo de patrañas para desviar la investigación: desde negar la presencia de Maldonado en el corte de ruta de los mapuche –a pesar de que Gendarmería tenía las pruebas fotográficas de su presencia– hasta asegurar que había huido a Chile.  

 

La responsabilidad de la Gendarmería respecto de lo ocurrido con Maldonado es irrevocable. Una tropa de 140 gendarmes ingresó, sin orden judicial, en el terreno Cushamen para perseguir con extrema violencia a un grupo de diez personas, entre las que se encontraba el joven de 28 años. El jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, fue responsable directo del operativo. La ministra Patricia Bullrich estuvo a la cabeza del encubrimiento de la Gendarmería y de Noceti.

 

La razón de fondo es preservar a la fuerza con la que ha militarizado la Patagonia para defender los intereses capitalistas que saquean sus recursos naturales. 

 

La movilización por el castigo a los responsables políticos y materiales de su muerte está más vigente que nunca.

 

Incógnitas

 

Cuando falta una semana para la realización de la Junta Médica que se realizará el viernes 24 sobre el cuerpo de Santiago Maldonado, por la presencia de peritos de las partes, quedan muchas dudas que deberán dilucidarse para esclarecer las circunstancias de su muerte y el accionar posterior de gendarmes y funcionarios.

 

1. Tanto el recusado juez Guido Otranto como su reemplazante el juez Gustavo Lleral se negaron a peritar no sólo los teléfonos de Pablo Noceti, jefe de gabinete de Patricia Bullrich que coordinó la represión a los mapuche, sino que tampoco lo hicieron con los teléfonos presentes en la celda cercana al teléfono de Santiago Maldonado, que recibió una llamada de 23 segundos de acuerdo al informe oficial brindado por Telefónica Móvil.

 

2. La fiscal Silvina Ávila, con el aval del juez Lleral, apartó a la PROCUVIN, el único organismo del Ministerio Público Fiscal que investigaba a la Gendarmería.

 

3. No hay aún ni un sólo imputado pese a los testimonios contradictorios de los gendarmes que participaron de la represión, a pesar de que ocultaron su llegada a la orilla del río para que no se sepan las acciones cometidas; la mayoría de ellos desinstalaron las aplicaciones de WhatsApp de sus celulares y, tras la represión del 1 de agosto, un grupo de 16 gendarmes tomó inmediatamente una licencia sin explicaciones ajustadas a los usos y costumbres.