En una reciente nota publicada en Prensa Obrera digital, se afirma que con la aplicación de la actual fórmula de movilidad se produjo un achatamiento de la pirámide de haberes en detrimento de los haberes más altos de la escala. Se señala que la pérdida en los haberes más altos de la escala respecto a la inflación acumulada es muy superior al sufrido por quienes están en los escalones más bajos, deduciendo que con la aplicación de la fórmula de movilidad del Frente de Todos se produce el mencionado achatamiento de la pirámide de haberes.

La eliminación de la inflación en la fórmula redundó en una enorme pérdida del poder adquisitivo de los haberes previsionales (y de todos los planes y subsidios que se actualizan con la misma fórmula). Al respecto, recientemente, publicamos que según la Defensoría de la Tercera Edad, en el último semestre, esta pérdida fue de 20 puntos promedio (!). También es cierto que la pérdida en los haberes más altos fue más elevada que este promedio.

Esta mayor pérdida (y el consiguiente achatamiento de la pirámide de haberes) se origina en los aumentos por decreto establecidos discrecionalmente por Alberto Fernández durante el primer año de su mandato, en el 2020, consistente en sumas fijas que porcentualmente eran mayores para las escalas más bajas. Cuando comienza a implementarse la nueva fórmula de movilidad en 2021, los aumentos trimestrales son porcentuales y en cada instancia el porcentaje resultante de la aplicación de la fórmula de movilidad es el mismo para toda la escala de haberes, pero desde entonces el daño producido en los haberes más altos adquiere un carácter permanente, cuestión destacada en numerosos fallos contra la Anses y a favor de jubiladas y jubilados que litigaron contra aquellos decretos de Fernández.

El último de estos fallos ilustra con mucha claridad este tema del carácter permanente (y confiscatorio) del daño provocado en los haberes más altos de la escala. Es clarificador citar párrafos enteros del fallo: “la Justicia Federal de Tucumán dictó una sentencia que indica que el efecto negativo que tuvo suspender por un año la fórmula macrista de movilidad no debe perpetuarse en el tiempo…” y continúa “…Una sentencia de la Cámara Federal de Tucumán le ordena a la Anses incrementar el haber mensual de un jubilado que reclamó contra el ajuste aplicado por el gobierno de Alberto Fernández durante 2020. Durante todo ese año. El primero de la actual gestión, estuvo suspendida la aplicación de la fórmula de movilidad de la ley 27.246 que se había aprobado a fines de 2017. Y, en lugar de aplicar ese cálculo, se otorgaron aumentos por decreto y de manera discrecional”.

”La consecuencia fue que, en lugar de un aumento acumulado de 42,1% para todos los jubilados y pensionados-ese es el índice que surgía de la fórmula suspendida-, el Poder Ejecutivo dio una suba de un nivel que varió entre el 24,3% y el 35,3%, dependiendo del nivel de ingresos de los jubilados y pensionados. En todos los casos, el reajuste quedó por debajo de la inflación anual que fue del 36,1%” (La Nación, 28/04).

En una sentencia emitida en la causa “Tula, Miguel Alfredo C/Anses s/reajuste por movilidad”, los jueces de la Cámara Federal de Tucumán advierten que los efectos negativos que esa decisión tuvo para los bolsillos de millones de jubilados no pueden quedar perpetuados en el tiempo. Lo ordenado concretamente por los jueces, en línea con otros fallos que se emitieron en otros lugares del país, es que el ingreso mensual correspondiente a enero de 2021 sea incrementado por la Anses, para que el monto sea el que hubiera resultado en caso de haberse aplicado el cálculo de la ley de movilidad de 2017.

Por supuesto que toda la alharaca oficialista de que con la nueva fórmula los jubilados le ganarían a la inflación quedó sepultada por las evidencias de que sucedió exactamente lo contrario; lo mismo ocurrió con la propaganda de que con el Frente de Todos en el poder los trabajadores iban a tener la “heladera llena”. Hay que decir, sin embargo, que la cuestión no está cerrada porque aquellos fallos judiciales que reconocen la justeza del reclamo de los afectados, invariablemente apelados por las autoridades (ilegítimas) de la Anses, están ahora a la espera de que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia. Ya no se trata de una cuestión solamente jurídica, porque los condicionamientos del FMI, que plantean un achicamiento de los gastos en la seguridad social, se oponen por el vértice a un eventual fallo de la Corte a favor de los jubilados.

Por lo tanto, reclamar que ese fallo sea favorable se impone como una consigna por la justeza del reclamo y en contra de lo pautado por el directorio del FMI y aceptado por el gobierno lacayo del Frente de Todos y de la oposición (Cambiemos y liberfachos, que no son menos lacayos).