A Febres lo envenenaron con cianuro, a Julián “Laucha” Corres lo hicieron escapar. En un caso y en otro están involucrados miembros en actividad, además de los infaltables retirados, de Fuerzas Armadas y de seguridad (en el caso de Corres, el Ejército y la Policía Federal).

El asesinato de Febres y la huida de Corres no habrían sido posibles, además, sin la complicidad abierta del Poder Judicial. Uno y otro (como Etchecolatz, Patti y otros asesinos seriales) disfrutaron en prisión de un servicio de hotelería espléndido y amplísima libertad de movimientos para conspirar. Conviene recordar la completa parálisis de las investigaciones que conducen a la banda de Etchecolatz en el caso de la desaparición de Julio López.

En cuanto a Corres, él y otros facinerosos detenidos disponían de teléfonos celulares, cocina, celdas abiertas, visitas en cualquier momento y el uso a su antojo de las instalaciones de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal.

Precisamente, el último que visitó a Corres antes de que la Federal lo dejara huir fue un militar en actividad: el teniente coronel Jorge Roque Cocco, nexo oficial del Ejército con los federales.

Ahora, la ministra de Defensa, Nilda Garré, pasó a disponibilidad a Cocco pero, aunque llamó a su despacho al jefe del V Cuerpo, se limitó a hacerle un llamado de atención por el hecho de que el Ejército mantiene un vínculo formal y orgánico, de asistencia y solidaridad, con asesinos que, según se supone, ya no pertenecen a la institución.

Otro de los citados a declarar es el teniente coronel (R) Rubén Villano, un represor subordinado de Corres cuando ambos eran miembros del servicio de inteligencia del Ejército. También el presidente de la petrolera Chañares Herrados SA, Héctor Lapeirade, empresa que respaldó económicamente a Corres mientras estuvo prófugo hasta su captura el 3 de abril último. He ahí el vínculo entre el Ejército, los criminales retirados y los ámbitos empresariales entrelazados hasta hoy con personajes de la dictadura.

Hay casi un acto de insubordinación por parte de la cúpula militar. Ya hace tiempo, Garré ordenó al Estado Mayor del Ejército que trasladara a criminales convictos por delitos de lesa humanidad a penales del Servicio Penitenciario Federal. El Ejército, lisa y llanamente, desconoció la orden: la desobedeció y la desobedece.

Por sus condiciones de detención, Corres se podría haber fugado “en cualquier momento”, según declaraciones en sede judicial de un agente de la Federal asignado a la delegación Bahía Blanca. Pero no ocurrió “en cualquier momento” sino cuando Cocco, con toda certeza, le pudo proveer la logística necesaria para que pudiera esfumarse. La banda se completa así: la Federal lo deja ir y el Ejército lo atiende afuera.

El juez es cómplice

La pata judicial de este entramado delincuencial no debe ser olvidada.

El juez Alcindo Alvarez Canale, a cargo de la causa Corres, fue recusado por la fiscalía por “abortar líneas investigativas abiertas” por la fuga. Alvarez Canale es un viejo amigo de la patota del V Cuerpo y de Gustavo Ariel Scelsi, uno de los comisarios detenidos por dejar que el represor huyera. La Cámara Federal de Bahía Blanca lo ha ratificado.

Mientras Alvarez Canale estuvo de vacaciones, el juez ad hoc Eduardo Tentoni ordenó la detención de Scelsi y del subcomisario Marcelo Alejandro Voros por permitir la fuga. Alvarez Canale, de inmediato, interrumpió sus vacaciones y regresó de apuro para desplazar a Tentoni y darle una mano a su compinche de la Federal.

No se trata simplemente de un armado mafioso para proteger a gerontes (que no es el caso de Corres, además), sino de un aparato represivo intacto que mantiene plena actualidad y se encuentra en operaciones.

La Bonaerense que protege a Etchecolatz es la principal organizadora del delito en la provincia de Buenos Aires; el Servicio Penitenciario que da tratamiento VIP al mismo criminal es el que tenía “arreglado” al asesino de la familia Mansilla. Ambos están sospechados en el caso López. La Prefectura Naval, que primero protegió y después envenenó a Febres, reprimió a los trabajadores del Casino por cuenta de los Kirchner y de su socio Cristóbal López. La Federal, que dejó escapar a Corres, recauda más que la coca-cola por sus transas con narcotraficantes y proxenetas, entre muchos otros rubros.

Terminar con esto es asunto de salud pública.